Los retos para los partidos políticos en Aguascalientes

Francisco Guel Saldívar

Presidente del CDE del PRI en Aguascalientes

En los procesos electorales intermedios, en ocasiones, diversos analistas han manifestado que los mismos tienden a carecer de importancia. Pero este es un juicio no siempre correcto. En particular, las elecciones intermedias de 2015 presentan especiales retos para los partidos, dada por un lado la difícil situación económica que atraviesa el país y, por el otro, el hecho de tener que cumplir con la disposición relativa a la paridad por sexo en las candidaturas.

En este proceso electoral participarán los diez partidos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que son: PRI; PAN; PRD; PVEM; PT; Movimiento Ciudadano (MC); Nueva Alianza; Morena; Partido Encuentro Social (PES); y Partido Humanista. Por primera vez, intervendrán en una contienda electoral los tres últimos que obtuvieron sus registros el 9 de julio de 2014. Morena, encabezado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, constituye una opción de izquierda, mientras que el Partido Humanista se conforma como un partido de derecha, al igual que Encuentro Social.

El reto más importante para los partidos, pero en especial para los tres últimos es lograr conservar su registro. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2014, es causa de pérdida de registro no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida. En este sentido, en el caso específico de Aguascalientes, de acuerdo con sondeos de opinión, Morena ya superó al PRD en intención de voto.

Un segundo reto clave será responder a las expectativas generadas por la equidad de género en las candidaturas, decretada en la Reforma Político Electoral que establece como obligatorio que el 50% de los candidatos sean mujeres. Esto se antoja una tarea difícil, dada la situación registrada en las elecciones de 2012. En dicho ejercicio en Aguascalientes, los candidatos del PRI fueron 67% hombres y 33% mujeres; por el PAN, 80% y 20%; en el caso del PRD, 90% 10%; el PVEM, 74% y 26%; el PT 65% y 35%; y el MC y PANAL, 55% y 45%. Así, ante las nuevas reglas electorales, los partidos políticos tendrán que adecuar sus documentos base y en algunos casos su misma estructura interna.

Es de notar la fortaleza del voto femenino en Aguascalientes, que corresponde a las mismas proporciones relativas que a nivel nacional. En el país, de 81’987,738 votantes, 42’507,168 son mujeres y 480,567 hombres. En el Estado la lista nominal contiene un total de 843,253 electores (el 1.0 % del total del país), y el corte del padrón concluye el 6 de marzo. De esta cifra, 436,022 son mujeres y 407,230 hombres.

El Primer Distrito local concentra el 32.19% de la lista nominal, con 271,455 electores; de estos, 138,784 son mujeres y 132,671 hombres. En el Segundo Distrito, el mayor en magnitud, está registrado el 39.11%, con 329,855 votantes, de los cuales 170,245 son mujeres y 159,610 hombres. Y en el Tercer Distrito, con el menor número de electores, de un total de 241,943 ciudadanos 126,994 son mujeres y 114,949 hombres.

Un tercer reto será vencer el abstencionismo. Se registra una desconfianza generalizada entre la población hacia la “guerra entre los partidos” y las falsas promesas, por lo que los partidos deberán ser convincentes ante un electorado cada vez más reacio a creer las promesas de campaña

1994 fue el año con mayor participación para diputados federales en Aguascalientes, desde 1991,cuando votaron el 79.61% de las personas inscritas en la lista nominal. La participación más baja en las pasadas 7 elecciones fue la de 2003, cuando votaron apenas el 41.47% de los electores.  En las elecciones de 2012 votaron por diputados federales el 59.88% de las personas inscritas en la lista nominal.

En 2015, los votantes de Aguascalientes tendrán la oportunidad de evaluar a cada instituto político, y así refrendar la permanencia de los que deban quedarse y los que se retiren por no ser ya una opción válida para la ciudadanía. Las elecciones arrojarán un panorama general de cada partido.

Otros retos para los partidos serán: poder contar con un organigrama o mapa de ruta funcional y efectivo de actividades, y cumplirlo al pie de la letra; llevar a cabo campañas proactivas y competitivas; esforzarse por cumplir con campañas incólumes, sin errores, acciones incorrectas y escándalos; ser transparentes y tener reglas claras de participación poner énfasis en los valores, principios e ideales del candidato y del partido, compartidos con los votantes; prestar atención a los grupos de interés, y fortalecer y ampliar las redes de acción juvenil y femenil.

En resumen, el proceso electoral de 2015 será catalizador fundamental de las demandas sociales insatisfechas y la oferta política de los partidos políticos.

Rendición de cuentas

El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones del Estado y el ejercicio ético en la gestión pública, así como el fortalecimiento de los valores que dan sustento a la democracia para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cualquier índole y del derecho de cada quien a decidir su forma de vida, resultan pilares fundamentales para la consolidación de un sistema democrático.

Por ello, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia. La población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos; cómo deciden las autoridades y cuáles son sus resultados.

En este sentido, producto de la demanda ciudadana de información precisa, confiable y comprobable de la administración pública, el impulso de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública ha cobrado creciente importancia en nuestro país, razón por la cual la rendición de cuentas, fiscalización o transparencia son los temas más socorridos por actores y partidos políticos en el México actual, sin detenerse un minuto a precisar dichos conceptos, pues en la mayor de las veces se usan como sinónimos.

En primer término la rendición de cuentas es la obligación permanente de los mandatarios o agentes para informar a sus mandantes; mientras el control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de gobierno, sin que con ello implique la obligación de los gobernantes para informar de manera periódica sobre sus decisiones y acciones.

La transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la “vitrina pública” para que los interesados puedan revisarla, analizar y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

Al igual que en el caso de la fiscalización, la transparencia es sólo un instrumento de un sistema global de rendición de cuentas, que se sustenta en las relaciones sociales.

Con fecha del 7 de febrero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, con la que México renueva los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Con ello, todos los organismos e instituciones que reciben fondos públicos, o que realizan algún acto de autoridad, serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos. Este ímpetu reformador, demuestra la capacidad de nuestro país para transformarse en democracia; demuestra, también, que la pluralidad no es obstáculo para construir acuerdos, en favor de la República.

En México la democracia es un sistema de gobierno y se pretende que sea un estilo de vida, pero, igualmente, se la centró en el voto, en las instituciones y los procedimientos electorales. Hoy se requiere actualizar esa democracia, con sus grandes aspiraciones: un pueblo que no sólo elija gobernantes, sino que ejerza el gobierno.

Con información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes, además de que una sociedad bien informada será siempre más participativa y estará en mejores condiciones para contribuir al logro de las grandes metas nacionales.

La cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública está configurando un nuevo modelo de democracia. La rendición de cuentas y el combate a la corrupción encuadran políticas encaminadas a la transparencia. Si la ciudadanía tiene acceso a la información, entonces tiene el poder.

La socialización de un gobierno con ética será la plataforma para generar credibilidad sobre un cambio institucional hacia un gobierno más transparente, más eficiente y menos corrupto. De lo contrario, seguiremos desperdiciando recursos en esfuerzos aislados y poco eficientes.

El funcionamiento eficiente y eficaz de las instituciones de Estado y el ejercicio ético en la gestión pública, así como el fortalecimiento de los valores que dan sustento a la democracia para alcanzar el pleno respeto de las diferencias de cualquier índole y del derecho de cada quien a decidir su forma de vida, resultan pilares fundamentales para la consolidación de un sistema democrático.

Las medidas gubernamentales para abatir la corrupción y el conflicto de intereses, deben ser sólidas, contundentes y bien fundamentadas. Sólo así se podrá obligar a los partidos políticos a ceñirse sobre críticas constructivas, alejadas de declaraciones tendenciosas, infundadas, carentes de ética que sólo pretenden disfrazar intereses oscuros a través de impactos mediáticos, que lejos de alcanzar avances democráticos, sólo genera apatía social en la vida pública y política del país.