- No hay evidencia que pruebe la efectividad del Mando Único
- Hay temor de que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en ficha de cambio: Orozco
Jaime López-Aranda Trewartha, antiguo titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, consideró que la situación del país en esta materia no debe apresurar la votación de una iniciativa presidencial basada en la desaparición de las policías municipales, toda vez que los cálculos del propio promotor señalan que pasarían cuando menos ocho años antes de ver resultados.
“No debemos cometer un acto irreversible cuando en realidad no tenemos evidencia de hacia dónde nos va a llevar. Ahorita están en curso varios experimentos, de manera orgánica si se quiere, es el primer periodo de renovación de alcaldes en el que varios no tienen la función de seguridad pública. La realidad es que no estamos seguros del efecto que va a tener”.
Invitado a un evento de la Comisión de Federalismo del Senado de la República, el consultor insistió en que no hay prisa motivo para respaldar esa propuesta.
“Me temo que ésta es justamente la parte de la discusión que no hemos tenido de manera directa. Los presidentes municipales son la autoridad más cercana a la población, tienen la mayor responsabilidad por los delitos que le ocurren a la gente. El robo a particulares es probablemente la tarea para la que la policía está mejor preparada. Cuando un presidente municipal no tiene policía estamos entrando en un terreno extraordinariamente pantanoso. ¿Cómo rinde cuentas un presidente municipal que no tiene la función de seguridad pública? Es algo que en México no hemos visto”.
López-Aranda recordó que el experimento por reformar instituciones como las procuradurías de justicia, las policías estatales y locales y la federal tiene una historia de 18 años.
La vigencia del tema sería muestra de que esos intentos no han funcionado. El atorón no parece estar en el ámbito presupuestal, este año se destinaron 140 mil millones de pesos para tareas de seguridad en los estados.
Señaló que el decálogo del presidente Enrique Peña Nieto replantea por completo el pacto federal.
“Es un cambio en la forma en que vemos la relación no solamente entre estados y municipios… puede tomar una multitud de direcciones. La mayor parte de las implicaciones que va a tener quedan definidas en la legislación secundaria, de la cual no tenemos ninguna información”.
Añadió que “el Mando Único es una solución nacional para una multitud de problemas locales. La idea de que se debe aplicar a rajatabla para todas las circunstancias me parece un despropósito. Es posible que en algunos municipios y en algunas coyunturas sea una solución más eficiente, sin embargo eso debe determinarse caso por caso y ser reversible cuando las circunstancias lo ameritan. El problema que tiene la iniciativa es que desaparece de la función municipal la seguridad… no permite bajo ninguna circunstancia que un municipio tenga la función de seguridad, la pueda ejercer competentemente o no, tenemos que pensar en modelos híbridos”.
–¿Qué le diría a los legisladores?
–La iniciativa es muy útil porque planteó una serie de preguntas que no estaban sobre la mesa. Las intervenciones federales han venido ocurriendo de manera sistemática desde 2006… la regulación que tenemos para las intervenciones es terrible, muy inadecuada tanto para las autoridades que están interviniendo como para las autoridades de los lugares intervenidos.
“Un órgano deliberativo como es el Senado debe tomar en cuenta que no son preguntas fáciles de responder, que no se deben responder de manera inmediata. La noción de que en este momento es necesario aprobar la reforma para resolver el problema de seguridad pública en el país pone demasiada fe en una reforma de la que apenas conocemos los contornos generales… No funcionan así esta clase de reformas, nunca han funcionado así”.
El ex funcionario federal dijo que la reforma en seguridad pública está rodeada por ideas que alteran la percepción.
“Corre la especie de que en seguridad pública tiene que haber un acuerdo homogéneo y permanente. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, incluso en los países que tienen una policía centralizada como es el caso colombiano o francés. Se han ido moviendo a esquemas de mayor flexibilización para permitir que surjan iniciativas, experimentos locales y puntos de vista distintos al modelo nacional”.
Martín Orozco Sandoval, presidente de la Comisión de Federalismo, aseguró que no hay ninguna posibilidad de que la propuesta del Poder Ejecutivo sea aprobada sin modificaciones.
El documento sería votado en el transcurso de marzo, con la oposición de todos los partidos de izquierda y Acción Nacional.
De desaparecer la Policía municipal, manifestó, ningún alcalde podría lavarse las manos:
“Los problemas del alcalde son los delitos del fuero común. La iniciativa dice que es para combatir los delitos de alto impacto, al presidente sólo le interesan los delitos de delincuencia organizada, no va a atacar los robos en casa habitación, lo que se da todos los días en un municipio… cuando las patrullas no entren a un fraccionamiento le van a adjudicar todo ese tema a los gobiernos municipales… el alcalde que deje la policía en manos del gobernador va a salir perdiendo en la parte política”.
El panista comentó que existe “un temor latente” dada la llegada del pretendido Sistema Nacional Anticorrupción. Se dice que el asunto podría convertirse en ficha de cambio para que Acción Nacional preste mayor aceptación a la reforma en seguridad.
“Esa es la amenaza, pero yo veo un grupo parlamentario muy fuerte, muy consolidado en este tema, muy municipalista”.
