En el transcurso de la semana pasada fuimos informados de que ya mero se animan los legisladores a presentar el dictamen respecto a la Ley Anticorrupción y de transparencia, y que pronto lograrán salvar la oposición de la consejería jurídica encabezada por Humberto Castillejos Cervantes.
Debemos recordar que desde la campaña del presidente Enrique Peña Nieto se ofreció que habría una nueva ley y un fiscal anticorrupción independiente, para atacar este cáncer que corroe las instituciones mexicanas y que nos ha afectado de una manera importante ante todas las naciones, y con señalamientos muy dolorosos que a veces hemos tenido que aceptar como reales.
No ha sido posible que los señalamientos de la prensa extranjera sobre los casos de corrupción y conflicto de interés de los gobernantes desde la presidencia, secretarios, directores, legisladores, políticos en general, partidos políticos y ahora con las investigaciones al banco HSBC en Suiza, 2,600 mexicanos con miles de millones de dólares, unos porque no pueden justificar su propiedad y quizá otros por desconfianza en el país y sus autoridades. Debemos apuntar que los señalados son exfuncionarios, políticos y empresarios, pero el hecho es que ese dinero ahí está.
Esto no tendría etiqueta de “grave” si el país no estuviera pasando por momentos tan difíciles y angustiantes, y quizá si ese dinero se hubiera quedado en el país se hubieran creado muchas fuentes de trabajo que tanta falta nos hacen; y la falta de esos recursos afecta en la liquidez del mercado interno, sobre todo en momentos que se habla que el principal problema del país es la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, y la impunidad, pues se conocen de casos de corrupción y de enriquecimiento inexplicable y no hay nadie que haya sido castigado, excepto aquellos, que por cuestiones políticas o por haber caído en desgracia son llevado a juicio y después de un tiempo dejados libres “por falta de pruebas”. Todo esto debido a que no tenemos una reforma que dé paso a una Ley anticorrupción y transparencia, junto con su ley secundaria y la creación de una fiscalía anticorrupción con un titular con estatura moral y conocimientos en la materia que le permita combatir este mal así como con una independencia absoluta del gobierno y con recursos suficientes e información para cumplir su cometido.
Es tan dañina la corrupción, como por ejemplo el hecho de haber “desaparecido” los fondos de pensiones tanto del IMSS como del ISSSTE durante decenas de años. Hay varias versiones de cómo se los robaron o desviaron. Lo cierto es que ya no están y que las pensiones y jubilaciones se están pagando del gasto público al no existir los fondos; sólo veamos que en 2004 esos pagos eran por 140,106.2 millones de pesos, y en 2013 fueron 414,714.7 millones de pesos. O sea se han triplicado en nueve años los recursos. Esto comparado con los ingresos petroleros de ese año que fueron el 28.3 %. El problema se agrava con el tiempo, pues en la actualidad de las personas mayores de 65 años el 66.3% nunca ha cotizado en el sistema de seguridad social; sólo el 25.7% recibe pensión o jubilación, si bien representan actualmente el 6% del total de la población para el año de 2050 representará, este segmento de población, el 16% y hay la propuesta de crear la pensión universal, lo cual creo agravaría la situación, a menos que se logre que con la ley de anticorrupción México logre que los impuestos íntegramente sean invertidos en obras y servicios de la sociedad, y que la carga burocrática creciente, que también se da por corrupción, disminuya y los programas sociales sean fortalecidos.
Seremos testigos si logra la consejería jurídica sacar esta ley “sin dientes”, debilitando al Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos personales -IFAI-, que por lo que se ve quieren quitarle la facultad de resolver impugnaciones en materia de prueba del daño, en materia de información en fideicomisos, declaraciones públicas, declaraciones patrimoniales y versiones públicas.
También buscan que las controversias constitucionales que presente el IFAI sean por acuerdo de las dos terceras partes del pleno. Esto va con la reforma que fortaleció al instituto, de que sea con mayoría simple. El caso es paralizar el actuar del mismo. Sobre todo buscan que en la propuesta se modifique el artículo 70, párrafo 8°, el cual obliga a poner a disposición del público “la remuneración bruta y neta de los servidores públicos por sueldos y honorarios o sindicalizados, o en cualquier otro esquema laboral o de prestación de servicios”. Se apoyan en una sentencia de amparo de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se determinó que puede ser pública si así lo determina el servidor público. Esto fue el 12 de agosto de 2014.
El problema es la falta de transparencia y la corrupción, así como la no rendición de cuentas. El que nada debe nada teme. El pueblo exige esta reforma y su cumplimiento. A las autoridades sólo se les pide que no agraven la situación.
