Ante la caída del precio de la mezcla mexicana de petróleo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que para enfrentar la consecuente reducción en los ingresos gubernamentales, se recortará el gasto público en 124 mil millones de pesos en 2015. A pesar de lo cual, el gobierno mantiene su expectativa de crecimiento económico para este año en un rango de 3.2% y 4.2 %.
En el mismo anuncio, informó que se pospone indefinidamente el tren rápido México-Querétaro y se cancela el transpeninsular pero que continúa el proyecto para la otra terminal aérea en la capital. Este tijeretazo afectará Pemex y CFE, además de que la reducción al presupuesto de dependencias federales, afectará plazas eventuales y de honorarios. Asimismo, habrá una merma en los programas de apoyo a adultos mayores; se reduce el reparto de televisores.
Medida prudente y responsable, aplaude la iniciativa privada, mientras que la oposición pedirá comparecencia del titular de SHCP ante el Congreso. Allí, seguramente sostendrá su posición lamentando que es una medida dura y necesaria, que las condiciones externas, ajenas a la voluntad de nuestros diligentes servidores públicos, han obligado a ello. La mayoría priista en el Congreso aplaudirá la valentía, el arrojo del Gobierno Federal y su reacción inmediata y oportuna a la tan desagradable pérdida de ingresos. La cúpula empresarial ha estado durante todos estos días y seguirá, aún después de la comparecencia del secretario, manifestando su solidaridad a esta medida cantando loas a la consecuencia y responsabilidad de los financieros gubernamentales.
Esta es la mayor crisis financiera sufrida por el gobierno en años, pero es secuela de varias que comenzaron con la madre de todas ellas del año 1982. En ese entonces, la crisis, minimizada inicialmente por el entonces secretario de Hacienda como un “problema de caja” fue resultado de una similar reducción de los ingresos petroleros. Al tener que declararse México como insolvente para cubrir en forma y a tiempo los pagos por la deuda externa, intervino de inmediato la banca internacional en la política económica para proteger sus intereses, con lo que se sometió a nuestro país al dictado del Consenso de Washington.
La crisis de pagos se manifestó cuando llegó a su fin una administración sexenal marcada por el nepotismo, la corrupción, excesivos gastos y ofensiva opulencia gubernamental. Si bien durante el gobierno de López Portillo el mal manejo gubernamental de los recursos públicos se hizo evidente por la crisis que le siguió, no fue más que un eslabón más en la ya muy larga cadena de administraciones que han gobernado el país desde hace ya varios decenios, sin rendir cuentas claras. A partir de ese momento, el grupo gobernante facilitó y propició la entrega progresiva y constante de la riqueza nacional al extranjero.
Desde entonces hasta ahora, cuando se reducen los ingresos gubernamentales, no hay rendición de cuentas, no se habla del empobrecimiento del país propiciado por el gobierno, sólo se somete al pueblo a una “necesaria” y “responsable” reducción de gastos.
El actual gobierno, heredero ideológico de quienes sometieron a nuestro país a la política neoliberal, la de la “economía que mata” a nivel global, no reconoce en esta desgracia financiera su responsabilidad histórica.
Durante el gobierno de Salinas, la deuda externa mexicana de más de 100,000 millones de dólares, fue renegociada con la banca internacional a 20 años. Siendo entonces diputado federal, el almirante Samuel Moreno Santillán denunció en tribuna que mientras los bancos cobrarían a México una tasa de interés base de 3.25% anual el gobierno salinista informó al país que la deuda se había renegociado a una tasa de interés promedio del 6%. El gobierno de entonces acalló al congreso con la mayoría priista y nadie volvió a hablar más del asunto. De ser cierta la denuncia del almirante Moreno Santillán, alguien se ha quedado desde hace 24 años con cerca de 3,000 millones de dólares anuales, que es la diferencia entre la cantidad que paga nuestro país por la deuda externa y lo que cobra la banca internacional.
Otras grandes fugas del erario público y pérdidas avaladas por el gobierno con cargo a éste se han dado en México desde entonces. Puede recordarse cuando con dinero público se rescató a los bancos que se enriquecieron con préstamos fraudulentos, como lo reportó la revisión financiera independiente Mackey contratada por la Cámara de Diputados, a partir de la crisis del Fobaproa, o el rescate carretero. Este último implicó el pagó con dinero público a varias constructoras por las pérdidas sufridas debido a un inexplicable error del gobierno al contratarlas para construir la red de carreteras en el programa “Solidaridad” de Salinas. Ambas pérdidas ascendieron en ese entonces a cerca de un billón de pesos, más de 300,000 millones de dólares de aquellos años.
Junto con los miles de actos de corrupción de los gobiernos durante varias décadas, se alcanza una suma exorbitante que ya no se pudo utilizar para invertir en infraestructura, educación, o formación de capital social que permitiera a nuestro país ser más rico y menos vulnerable ante la caída de los precios de petróleo. Los gobiernos sucesivos del neoliberalismo nos han hecho dependientes por su corrupción. Y también es corrupción utilizar el dinero público para reprimir la protesta, la libertad de expresión e incluso emprender una guerra sucia para acallar a quienes se oponen a la política que ha empobrecido al país.
La falta de la memoria o de un acucioso registro histórico y su estudio/difusión nos lleva a aceptar calladamente la supuesta responsabilidad de recortar el gasto público, mientras que, como resultado de las famosas reformas estructurales, el gobierno continúa entregando nuestra riqueza a los monopolios. Urge que nuestro pueblo retome las experiencias del pasado para impulsar la construcción de un México libre de sus opresores y agresores internos, un México en paz.
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