- El partido apoya las observaciones de los regidores panistas, los diputados lo respaldan en busca de aliados partidistas
- La iniciativa del gobernador generará opacidad en materia de transparencia y rendición de cuentas
Una vez entregada las observaciones del Cabildo al Congreso local sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Patronato de la Feria Nacional San Marcos, regidores y diputados de Acción Nacional acompañaron al dirigente estatal del partido, Paulo Martínez López, para manifestar la postura en contra de la propuesta del gobernador por considerarla arbitraria e inconstitucional.
Entre las disposiciones que mayor inquietud causan en los panistas y en la presidente del DIF estatal (esposa del promovente) es la eliminación de la entrega de recursos producto de las ganancias de la verbena al sistema DIF del estado y del municipio capital, “parte de la finalidad de la Feria fue siempre tener un sentido social, una recompensa a la sociedad aguascalentense vía DIF”.
Desde la perspectiva del dirigente estatal, la modificación propuesta invade la esfera municipal dejándole todo el poder al patronato, convirtiéndose la feria en una “caja chica al servicio del partido en el gobierno”, afecta los intereses del Ayuntamiento al eliminar facultades establecidas en la Constitución local y en la Ley de los Municipios del Estado de Aguascalientes.
El regidor Ernesto Jiménez Colombo explica que de aprobarse la iniciativa, el Cabildo ya tendrá la facultad de aprobar la delimitación del perímetro ferial ni del tiempo de duración de la verbena, sería el Consejo del Patronato quien lo decida. Se pretende que el organismo disponga de los espacios públicos municipales como plazas, andadores, vialidades y banquetas “pasan por alto que son bienes inmuebles de propiedad municipal”.
Desde la perspectiva de los funcionarios municipales, se dejaría total poder al gobierno en turno para disponer de las decisiones del patronato al eliminar la figura del secretario del Consejo (que le corresponde actualmente al Ayuntamiento capital) y dejarlo con un presidente y sólo vocales.
Carmen Lucía Franco, regidora capitalina, destaca la preocupación del Ayuntamiento por la proposición de que el municipio no tendrá la certeza de que se le pagarán los servicios ofrecidos durante el periodo ferial, “el Patronato nos dice que requiere seguridad, alumbrado, limpieza y verificadores, pero al final vamos a ver si te los puedo pagar; no es justo”. En la pasada sesión de Cabildo se aprobó el convenio de este año para la prestación de servicio, el cual asciende a un monto de 27 millones 18 mil 541 pesos.
Calificó a esta iniciativa como descarada e invasiva de las atribuciones y principios fundamentales del municipio que señala la Constitución local “no se vale comer a puños en detrimento del municipio”.
El que se deje establecido que el Patronato ya no tenga la obligación de informar al Ayuntamiento sobre el programa de la Feria ni los resultados económicos, sino un resumen informativo de la derrama económica, genera opacidad en materia de transparencia y rendición de cuentas. La diputada Martha Márquez Alvarado recordó que en diciembre del 2013 se le exigió en Comisiones Unidas de Vigilancia y Desarrollo Económico y Turismo, que se entregara un informe de las utilidades del patronato y a dónde se estaba yendo el dinero, “como los compañeros priistas se quedaron callados, de ahí surgió la idea de tapar bien todo y hacer esta iniciativa”.
Como integrante de la Comisión dictaminadora (Desarrollo Económico y Turismo), Ulises Ruiz Esparza, reconoció haberse dado más tiempo para el análisis del documento tras las observaciones del Cabildo, sin embargo, observó una clara prisa en sacar adelante la propuesta para que surtiera efecto en esta misma edición de la verbena.
Finalmente, el excoordinador de la bancada panista, Adolfo Suárez Ramírez, lamentó que el grupo priista repitiera lo que sucedió con el 52 constitucional, “primero quiso darle más poder a otro Poder a costa de la ley y ahora restarle poder al Ayuntamiento; esto es una costumbre del revolucionario institucional”. Destacándose que los diputados priistas nunca tienen propuesta ni voz propia, sólo esperan a que el gobernador les emita órdenes.
En caso de que apliquen la mayoría, tomando en cuenta que el grupo mixto PRI-PVEM suman 14 y para la aprobación de la reforma se requieren 15 por lo que sólo requerirían convencer a un diputado más; tanto el grupo parlamentario panista como el Ayuntamiento capital apelarán la reforma como inconstitucional, por afectación al artículo 115 de la Constitución local.
