Ha comenzado ya el periodo electoral y escuchamos a varias personas, nuevamente en esta ocasión como en varias ocasiones en años similares, manifestar ser ajenos a la política. Durante el proceso electoral anterior similar al que se llevará a cabo este año, es decir, hace seis años, en las elecciones de 2009, la afluencia de votantes a nivel nacional fue de 44.61%. Entonces, el abstencionismo alcanzó un porcentaje de 55.39%, lo que nos ubicó en el lugar número 118 de una lista de 154 países con regímenes políticos similares al nuestro analizados por International Foundation for Electoral Systems; Freedom House e International Institute for Democracy and Electoral Assistance, según cita Tatyana Oñate Garza en El abstencionismo en México (Instituto Federal Electoral, México, IFE, 2010).
Norberto Bobbio define el abstencionismo como “la falta de participación en el acto de votar”, y en un sentido más amplio como la no participación “en todo un conjunto de actividades políticas”. Sea cual sea la conceptualización que se le dé, lo cierto es que con el término abstención, hacemos mención a un actuar negativo, es decir, un no hacer o un no obrar que normalmente no produce efecto jurídico alguno, aunque en ocasiones puede ser considerado como la exteriorización de una determinada voluntad.
“El abstencionismo electoral nacional”, dice el columnista Manuel Ajenjo, “es producto de la abulia producida por el ‘siempre ganan los mismos’, que se volvió frase clásica durante los primeros 70 años del PRI. Al parecer, los 12 años del PAN no pudieron acabar con la indiferencia o el desinterés por los comicios, cosa que, por lo visto, ya forma parte de nuestra idiosincrasia.” (Opinión y Análisis en El Economista, Julio 8, 2013).
Abundando un poco más en el entendimiento de este fenómeno social, los especialistas coinciden en afirmar que no hay una única clase de abstención electoral, ni una explicación única.
Los tipos diversos de abstencionismo van desde la “abstención técnica o estructural”, motivada por causas no atribuibles al ciudadano, (enfermedad, defectos en la lista nominal, clima, etcétera), hasta la “abstención política o racional”, que consiste en una actitud consciente de silencio o pasividad individual en el acto electoral que denota la expresión de una determinada voluntad política de rechazo al sistema político o a la convocatoria electoral en concreto. La no identificación con los líderes o programas políticos en competencia electoral, se refleja así en un acto de desobediencia cívica o en la concreción de su insatisfacción política. Cuando traspasa los límites de la decisión individual para convertirse en un movimiento que promueve el rechazo mediante la inhibición participativa o abstención activa, con el objetivo de hacer pública la oposición al régimen político o al sistema de partidos, toma la forma de “abstencionismo de lucha o beligerante”, como en el caso de quienes invitan a anular su voto.
Pero a final de cuentas, el ciudadano es el que paga los platos rotos. Vivimos pasivamente los efectos de un sistema que se corrompe, abusa manejando recursos públicos, pacta a espaldas del pueblo, denuesta e incluso asesina a opositores. Y todo porque no nos interesa la política. Si no acudimos a votar, todavía menos participamos para vigilar a quienes con nuestra anuencia, ausencia o apatía llegan a puestos públicos.
Han pasado veinte años desde que ocurrió el “error de diciembre”, en marzo se cumplirán diecisiete años del rescate del Fobaproa. Simplemente como resultado de esos dos eventos, la población mexicana sufrió un deterioro en su patrimonio que se estima en la mitad de lo que actualmente posee. Atrincherados en la zona de beneficio económico y confort que les garantizan los poderes fácticos a nivel global, quienes detentan el poder legal del gobierno mexicano han estado disponiendo de los recursos del país. Sin objeción social ni política, nuestros recursos naturales han pasado a satisfacer el apetito de los voraces monopolios globales de la energía, alimentos, comunicaciones, químicos y farmacéuticos. De nada parece servir la participación de varios partidos en el Congreso. Si no por la aplanadora del “mayoriteo” del partido de Estado, por pactos interpartidistas se han aprobado las reformas estructurales hoy cuestionadas, y las nuevos requerimientos fiscales que tanto afectaron a nuestra economía el año pasado.
Con recursos de la nación han acallado la eventual protesta social para controlar a medios de comunicación. Así, el reparto gratuito de trece millones de aparatos de televisión, asegurará el adoctrinamiento y manipulación informativa dentro de los hogares mexicanos. El recorte al presupuesto de gasto social, anunciado ya para 2015, evidentemente que no afectará ese tipo de programas de inducción y manoseo de la ignorancia, la pobreza y el hambre, que sirven para el control social.
El carpetazo al expediente de la protesta social de finales del 2014, el borrón y cuenta nueva -el mandato de superar lo acontecido en Ayotzinapa- anunciado por el titular del ejecutivo, se reforzará con una avalancha de recursos económicos –recursos nuestros- en obras de relumbrón y propaganda oficial. También éstos servirán para acallar y ocultar los efectos de la guerra sucia que aún se halla en marcha y los eventos que en el futuro se suscitarán.
La burra no era arisca, a palos la hicieron. Y los ciudadanos mexicanos, después de varias décadas de lejanía entre el pueblo y los servidores públicos o representantes electos, muy probablemente pagarán con la misma moneda de desdén a quienes aparezcan en alguna boleta electoral.
Ante todo esto, el pueblo mexicano está obligado a actuar interesándose en la política, pero no sólo para votar, sino para organizarse, como hasta ahora no lo ha hecho. A que ese ánimo de denuncia cívica, no colaboración, “abstencionismo de lucha o beligerante” al que varios ya convocan, se convierta en acción cívica coordinada, organizada, pacífica y activa, para poner fin a los abusos que, en nuestro nombre, los políticos se han dedicado a cometer.
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