Deseando que haya pasado una feliz Navidad y que esté recibiendo este año en las mejores condiciones de salud y felicidad, le comento que el año 2014 terminó lleno de preocupaciones y frustraciones y este que inicia deseamos que las cosas sean mejores. Es una constante, pero sólo serán realidad nuestros deseos si se concretan acciones que se encaminen a resolver los problemas y distorsiones que tienen al país en vilo: la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad y la insensibilidad ante las repercusiones de la famosa reforma fiscal, que realmente fue una miscelánea recaudatoria y cuyos efectos, junto con el aumento a gasolina, gas, diesel y la energía eléctrica, van a lastimar de manera importante el poder adquisitivo de la población y a generar inflación. Sin duda es el impuesto más cruel a la sociedad.
Este año será también de definiciones. Tendremos elecciones y el pueblo a través de ellas se manifestará y hará sentir su situación. La iglesia católica definirá aún más su postura a raíz de los asesinatos de sacerdotes y curas, y haciendo eco a la mayoría de la población en su exigencia a que se detenga la violencia, los secuestros, las extorsiones y sobre todo el perverso maridaje entre policías y criminales, como se ha ido descubriendo.
Se tendrá que resolver el caso de los ahorradores defraudados y ver la eficiencia de la CNBV -Comisión Nacional Bancaria y de Valores- en su desempeño, cumpliendo puntualmente la Ley de Ahorros en los artículos que la obligan a vigilar, auditar y verificar los controles operacionales de esas instituciones, y el de la Condusef -Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros- cuyo titular, Mario Di Constanzo, cuando fue legislador era un crítico fuerte de las instituciones; veamos ahora que está en el otro lado del mostrador, su comportamiento. Es tan grave el asunto de este fraude, que hasta al TSJDF -Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal- lo afectaron con los fondos que se acumularon desde 1996 originados por garantías exhibidas en los juicios y que ascienden a $120 millones de pesos.
Y algo que creo que deseamos saber, es la posición del Gobierno Federal frente a los medios y a los críticos después de los mensajes, tanto del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, el cual de las sombras de su cargo fue designado orador oficial en la ceremonia del 22 de diciembre, día en que se conmemoraron 199 años de la muerte de El Siervo de la Nación, Don José María Morelos. Ambos funcionarios coincidieron en que hay fuerzas y grupos interesados en desestabilizar el proyecto de gobierno de la actual administración y que las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto han afectado intereses, y que los afectados han aprovechado el momento de dolor e indignación que prevalecen en la sociedad para presionar y afectar el proyecto, y que esos “intereses” tienen rostro y apellido. Y para más datos nos orientan a que algunos de ellos provienen del sector empresarial. Esto es realmente muy delicado, pues creo que sería muy serio un enfrentamiento entre el sector productivo y las autoridades, pues lo que está en juego es el futuro de todos nosotros.
Creo que las mesas de diálogo que se han abierto por los hechos de violencia deberán igualmente funcionar para discutir las medidas que nos permitan salir adelante, pues recordemos que en las redes sociales la falta de información se traduce en rumor y es más dañina que los mismos problemas. Es tiempo de resolver esta situación.
En el mensaje del jefe de la oficina de la presidencia es prudente tomar en cuenta el dicho de que no cederán a “crear ciclos de 72 horas mediáticos de éxito”. No ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo, no saciar el gusto de articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas, y pidió que unidos, sociedad y gobierno, impidan barbaries como la del 26 de septiembre en Iguala. Esto es para la reflexión y este año se definirá el alcance de estos mensajes.
También un pendiente es que el Congreso legisle para que se forme la Fiscalía General de la República y que se nombre un fiscal que verdaderamente persiga a los corruptos y se acabe la impunidad, sobre todo que se reconoce que es un problema que ha debilitado a nuestras instituciones.
Todo lo anterior no son una carta de buenos deseos, son una parte de los temas que se tendrán que resolver para que no se vea afectada la viabilidad de nuestra patria.
