Sin creer en el Sistema Nacional Anticorrupción
Por Francisco Aguirre
Sucede que Enrique Peña Nieto como candidato presidencial en 2012 firmó ante notario público (cualquier cosa que eso signifique) 266 compromisos a cumplir durante su potencial gobierno. Así el 30 de Marzo del 2012, en la ciudad de Guadalajara en específico, propuso una Comisión Nacional Anticorrupción. El tiempo pasó y tras un concierto de problemas relacionados con la corrupción como un problema endémico (valdría comentar, no identificado en específico ni con un partido o clase social hegemónica) y se podría afirmar, centenario del país y en el peor momento de inconformidad e indignación ciudadana, el pasado 3 de noviembre de 2014, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) propuso montones de cosas para reformarse, entre ellas, el hoy denominado Sistema Nacional Anticorrupción.
Entre ese montón de cosas el PAN propone seis elementos fundamentales, un Consejo Nacional para la ética, que aseguraba la participación de la sociedad civil organizada (por decreto, por cierto); un Comité de Participación Ciudadana; fortalecer la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación; ampliar las facultades de Auditoría Superior de la Federación; ampliar facultades a tribunales y retirar la facultad de sanción a las contralorías municipales, estatales y federales y; reproducir el sistema anticorrupción a los estados, ósea al ámbito local.
Ante lo propio, el PRD tramitó su propuesta el 25 de noviembre, donde urgía como centro fortalecer a la ASF como cabeza del nuevo sistema y que fuese el Poder Legislativo quien sea encargado de su nombramiento estableciendo que se discutiera como fecha máxima el 15 de diciembre para su aprobación. Además, propone que los particulares proveedores del gobierno también sean sujetos obligados de control contra prácticas de corrupción, como actualmente lo son los servidores públicos; también que los delitos no prescriban en cuando menos cinco años y sean sancionados con extinción de dominio a propiedades mal habidas de funcionarios y particulares. Entre las principales.
A pesar de haber omitido por meses el tema, el PRI manifestó su supuesta intención de concretar dicha idea presentando una iniciativa parecida en la que destaca sustituir a la Secretaría de la Función Pública; la Comisión Nacional Anticorrupción contará con facultades legales para ejercer acción penal en contra de quien investigue y; centralizar y atraer los casos de los estados y municipios. Todo esto fue publicado antes de que se acabara 2014.
El incumplimiento a cabalidad de una de las tres principales promesas de campaña se hace evidente, las acciones que han implementado desde el Gobierno Federal (y me atrevo a decir que en los estados y municipios ocurre algo similar) se traducen en acciones timoratas, tibias o al arbitrio de ciertos grupos sociales. El discurso anticorrupción en México suele acompañarse de retórica, de vituperios y peor aún, de hinchamiento burocrático estimulante de grandes sublimaciones mentales que desde las esferas del poder se contemplan como soluciones mesiánicas.
El debate de que si es un asunto cultural o de sistema, en la discusión que dio a pie León Krauze en el programa de Conversaciones a Fondo del Fondo de Cultura Económica hace unos meses, dibuja de cuerpo entero el entusiasmo del presidente Peña Nieto por erradicar el problema de la corrupción. Lo cierto es que la corrupción tampoco se hace exclusiva de un solo poder de la Unión; el Legislativo y el Judicial, y menos el Legislativo, han tenido dosis de frenesí por el tema y al contrario, la manipulación semántica y coyuntural del tema hace de una propuesta necesaria un discurso electorero, lo que provoca que el problema sea gigantesco y de múltiples capas, y que el argumento sobre el aseguramiento de que ningún sistema anticorrupción, sea como se llame, funcione, tienda a ser cierto, cuando menos con este nivel de credibilidad.
¿De qué serviría un Tribunal de Cuentas o una Auditoria Superior con dientes filosos si no existe una aplicación cotidiana eficaz?, ¿de qué sirve discutir, hablar y proponer en el Congreso cuando cada semana descubrimos que el extremo del crimen organizado forma parte del sistema de administración pública municipal envestido de alcaldes, regidores, candidatos, sea Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí, por decir pocos?, ¿acaso no existe actualmente ninguna procuraduría, o secretaría, comisión, tribunal con competencia para investigar delitos de corrupción?, ¿en verdad no se nos había ocurrido?, ¿o será que sí existen y la dinámica perversa vinculada con los privilegios de pocos impera en el país?, ¿en medio del escándalo de un secretario de Hacienda que dice no haber incumplido la ley con su casa en Malinalco, seremos tan ingenuos para escuchar propuestas y discutir que quieren eliminar la corrupción a los que hacen un monumento de ella todos los días?, ¿los que han disfrutado de las mieles de la corrupción por años ahora la eliminarán ahora de raíz?, ¿acaso un Sistema Nacional Anticorrupción será un despertar de voluntades y la erradicación del cinismo? No lo creo, el pesimismo me abruma. No creo que la propuesta que resulte de discutir en meses prospere y rinda frutos, pero sí, lo único que deseo al final, es que me callen la boca. México está en el lugar 103 de 177 de países que participaron en el 2014 en la creación del Índice de Percepción de la Corrupción en el 2014, que realiza la Organización de Transparencia Internacional.
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Ciudadanía, Rendición de Cuentas y Reforma Integral para Combatir la Corrupción
Por Gilberto Carlos Ornelas
El problema de la corrupción en México no es cosa menor; los datos conocidos revelan su magnitud y su profundidad. Nuestro país ocupa el lugar 103 del Índice de Percepción de la Corrupción y algunas fuentes afirman que es posible que el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país se diluya entre sobornos, mordidas, peculados y enriquecimientos ilícitos. Los estudios especializados no han logrado precisar los orígenes del fenómeno socio político de la corrupción, sin embargo, es una aspiración legítima y compartida socialmente que sea desterrada de la vida pública, pues al fin de cuentas, esa práctica afecta los bienes públicos, o sea, los de todos, por su apropiación para el beneficio privado y de particulares.
Los nulos resultados en la erradicación de esa práctica a pesar de las promesas, propuestas y programas hechos durante toda la historia del país han llevado a que buena parte de los mexicanos compartan el pesimismo y la desazón que ha expresado nuestro amigo Paco Aguirre en las páginas del periódico que dirige y que hoy publica esta opinión. Dice él: “al final, lo único que quiero es que me callen la boca”, y como buen observador de la política nacional es escéptico de las nuevas medidas y reformas que se debaten en el Congreso de la Unión. No seré yo quien cumpla el deseo de Paco Aguirre de ser enmudecido, pero sí debo comentar que su pesimismo me recuerda a las opiniones que aseguraban que el régimen de partido de estado sería la realidad eterna de nuestro país.
Seguramente tiene razón en eso de que la clase política le pone más retórica que voluntad al tema y que no habría por qué creerle a nuestros gobernantes que “ahora sí” van a hacer lo necesario para terminar ese terrible flagelo. Sin embargo, la necesidad de combatir la corrupción en nuestro país es tan importante como la necesidad de evolucionar en nuestra convivencia social y la construcción de un modelo democrático que coloque al bienestar de las personas como su principal razón de ser. Una sociedad que se acostumbre y se resigne a la corrupción estará condenada a que por encima de normas y leyes prevalezca el predominio primitivo del más poderoso, abusivo y rapaz sobre la comunidad, sobre el interés público. La consolidación de un modelo democrático pasa por combatir, acotar y erradicar la corrupción, pero sería ingenuo creer que ello va a suceder por un decreto de los mismos poderes públicos que la han adoptado como parte integral de su funcionamiento, como lubricante de la toma de decisiones y mecanismo de articulación cotidiano.
El actual debate en el Congreso de la Unión tiene muchas limitaciones porque está acotado por los propios intereses de las fuerzas políticas y ya se contaminó por la coyuntura electoral que determina posiciones aún y a pesar de los grandes reclamos de la opinión pública nacional que exige instituciones más limpias. En coyuntura electoral, las fuerzas políticas privilegian las posiciones que les puedan dar una ventaja electoral.
Aun así, en medio de un supuesto sentido de urgencia, el debate se interrumpió a mediados del mes de diciembre, se continuará en febrero y sin duda será tema central de la campaña electoral, con todo lo positivo y negativo que pueda tener esa circunstancia.
Los especialistas y organizaciones no gubernamentales que vienen participando en ese debate han venido señalando las deficiencias y limitaciones que presentan las diferentes propuestas, desde la Fiscalía y la Comisión Nacional Anticorrupción que propuso el PRI, el Sistema Nacional Anticorrupción que propuso el PAN hasta el Tribunal de Cuentas autónomo que propuso el PRD. Es deseable que el debate y análisis se profundice y se socialice, en ese sentido hasta parece providencial que se haya evitado una dictaminación apresurada para que la sociedad se exprese con mayor fuerza y agudeza e impida una reforma retórica.
Hay, sin embargo, la necesidad de no caer en la ingenuidad. Bien dicen los especialistas e investigadores académicos de este tema que ninguna medida anticorrupción tendrá éxito si no tiene un enfoque integral para involucrar todos los aspectos necesarios que hagan que funcione con efectividad.
Un paso indispensable lo es el entramado institucional que debe concretarse en las normas y los organismos que, libres de ataduras y dependencias, puedan garantizar con plena jurisdiccionalidad la investigación y sanción de todos los actos que atentan contra el patrimonio y los bienes públicos. En ese sentido habría que señalar los aspectos o rasgos fundamentales que serían deseables en las instituciones que habrán de surgir del debate del Poder Legislativo: 1) Un Órgano con autonomía e independencia de los demás poderes para elaborar e implementar las políticas destinadas al combate a la corrupción. 2) Fiscalía Anticorrupción autónoma e independiente con las atribuciones para la prevención, investigación y sanción de las conductas asociadas a la corrupción en todos los órganos del poder público en municipios, estados y la federación. 3) Fortalecer el derecho al acceso a la información y la obligación de rendición de cuentas y transparencia de todas las dependencias e instituciones públicas. 4) Armonización de la legislación en materia de anticorrupción y fiscalización en todo el país.
Sólo con esas características las nuevas instituciones y normas anticorrupción podrían recuperar credibilidad ciudadana y de inmediato atender los grandes reclamos de esclarecer los escándalos de los últimos meses: el destino del endeudamiento en Coahuila, las enormes fortunas de los gobernantes de Chihuahua, la casa blanca de Las Lomas, la mansión de Malinalco, etc.
Tiene razón Paco Aguirre cuando cuestiona si acaso no existen ya algunos organismos y normas que pudieran servir para perseguir la corrupción. Es obvio que la respuesta es: sí existen, y son contralorías en los municipios y estados, normas penales, órganos fiscalizadores a todos los niveles, etc., pero es evidente que han resultado insuficientes y a veces hasta inútiles porque dependen de la voluntad de pequeños grupos o de plano de decisiones unipersonales que representan intereses y al fin de cuentas la existente cultura del “apropiamiento de los bienes públicos”, parte esencial de la cultura de la impunidad que existe, mas no como lo considera Peña Nieto, origen del problema, sino como evidencia de la incapacidad del marco institucional vigente. Además, esos organismos funcionan en un marco general de opacidad muy lejos del escrutinio público y casi siempre amparados en el desinterés ciudadano, que si bien perciben la corrupción como un serio problema, tradicionalmente lo han venido aceptando como una realidad casi imposible de erradicar.
Para la arraigada práctica de la impunidad y la apropiación ilegal de bienes públicos, el actual modelo de procuración de justicia, en todos los aspectos y también en la protección de los bienes públicos, es inoperante, ineficiente e insostenible. El nuevo entramado institucional forzosamente requerirá dos nuevos elementos en nuestra vida pública: la transparencia y la participación ciudadana. Sin ellos, aunque la reforma anticorrupción sea adecuada y profunda y las nuevas instituciones tengan la independencia, autonomía y facultades suficientes, sería cosa de tiempo para que fueran infestados de los vicios de la simulación y la descomposición ética.
Una máxima aristotélica nos dice que “más vale la buena ley que el mejor de los hombres”, sin embargo, en los procesos sociopolíticos, las instituciones y las normas no funcionan por sí solas; se moldean, se consolidan y evolucionan por el papel que desempeña el conglomerado social donde actúan y se aplican, en México hay una gran cantidad de ejemplos de cómo una buena ley o institución ejemplar se va deteriorando ante la imposición de intereses particulares o de grupo, ese fenómeno no es privativo de nuestro país, de hecho, en todo el mundo se puede observar esa dialéctica del desarrollo institucional.
La construcción de una sociedad democrática, de libertades y derechos en México, pasa por evolucionar hacia una ciudadanía que defienda sus intereses y dentro de ellos, sus bienes públicos, privados y sus normas de convivencia civilizada.
La prolongada y ralentizada transición democrática mexicana nos ha enseñado que muchas cosas de la vida pública son tan importantes que no se pueden dejar sólo en manos de los políticos. Es más, hay temas que si los ciudadanos no los toman como parte de su agenda en la convivencia social, sencillamente no evolucionarán; uno de ellos es el seguimiento puntual de los actos de autoridad tanto del Poder Ejecutivo, como de los Legisladores y los Tribunales, otro es la manera de opinar acerca de sus gobiernos, escoger partidos y candidatos para beneficie con su voto y la vigilancia sobre los bienes públicos materiales y legales.
Por ello, los ciudadanos y sus organizaciones necesitarán evolucionar en sus mecanismos de participación para que sean más incisivos y decisivos. No podríamos, ni es el caso detallar las experiencias exitosas -que sí las hay- de control ciudadano contra la corrupción, por lo pronto y ante la coyuntura electoral sugiero dos: 1) el de “Parámetros de responsabilidad de los Partidos Políticos” que se ha venido aplicando en Alemania y que consiste en el seguimiento de gastos, ingresos, bienes, compromisos y acciones de los partidos políticos y sus candidatos para vigilar y denunciar posibles actos indebidos o incumplimientos y 2) el que implementa “TBrasil” al estudiar, informar y denunciar la práctica de una forma de corrupción muy generalizada también en México que es el cohecho electoral: la entrega de dádivas a los electores a cambio de su voto, que aunque está prohibido por la ley, lo importante es que el ciudadano no conceda ese bien político primario en una transacción viciada.
Nadie puede negar que entre los grandes retos de la vida pública de México está el combate a la corrupción y que está incluido en la divisa de la construcción del “estado democrático social de derecho”, metas que no se lograrán solamente en el ámbito de las reformas legales ni siquiera con la promulgación de una nueva Constitución. Hay que crear las nuevas instituciones autónomas, independientes, fortalecidas en su marco legal para combatir la corrupción. Deben ser acompañadas de la transparencia plena y el acceso de los ciudadanos a la información pública, de una sociedad civil exigente, vigorosa, activa y organizada. Y por supuesto es altamente deseable que las organizaciones políticas busquen el apoyo y la credibilidad ciudadana sobre la base de transparentar con seriedad su funcionamiento, sus manejos económicos y sus compromisos, si no, seguiremos batallando y de alguna manera tarde o temprano lo lograremos.
