La descentralización en México surge de la necesidad de los gobiernos municipales de tener una mayor participación en las decisiones locales, ya que es el municipio, como entidad de gobierno cercana al ciudadano, quien conoce mejor sus necesidades básicas y demandas de servicios públicos.
En los últimos sexenios la descentralización del gasto público se incrementó en México, y aunque aún falta mucho para que los estados y municipios de nuestro país puedan ejercer los recursos de la manera que crean que es más conveniente, esta ave considera que el avance fue en la dirección correcta.
Son los municipios los entes de gobierno más cercanos a la población, a la persona y por tanto, quienes conocen las características y necesidades específicas de ésta en cada región y comunidad de nuestro país, por lo que la asignación de recursos a gasto social resultará de la manera más apropiada, entre más libertad de ejercicio se otorgue a estas entidades, siempre con una fiscalización real de su aplicación.
Los municipios de México han sufrido hasta ahora la imposición central para ejercer las transferencias federales, porque aunque existen las que son ejercidas de manera libre, son mucho menores en cantidad que las condicionadas. La gran mayoría de los recursos están etiquetados para atender problemas relacionados con educación, salud e infraestructura pública, a criterio de la federación.
Los gobiernos estatales se han limitado a ejercer las facultades que sobran de entre las que constitucionalmente se asignan a la federación. Por lo que es el Gobierno Federal quien concede residualmente a los estados recursos remanentes de las prioridades federales.
El gobierno de la República (principalmente dos de sus tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo) no debe perder de vista que, además de asignar eficientemente los recursos para que generen un desarrollo social y un nivel de bienestar sostenible para todos los ciudadanos de un territorio, el propósito fundamental de los gobiernos es proporcionar condiciones de igualdad de oportunidades entre los habitantes de sus distintas entidades.
La importancia de una asignación del gasto público que privilegie su libre determinación radica en que es precisamente el gasto público el que da la pauta para un mayor crecimiento económico, y de esto depende el aumento del bienestar social. La libre determinación del gasto público no significa un derroche indiscriminado de recursos que provoque un déficit fiscal, sino un gasto que aumente la competitividad del país en todos los aspectos, ejercido de manera vertical y partiendo de las esferas más cercanas al individuo.
Sólo lograrán los gobiernos un mejor nivel de vida para sus ciudadanos incrementando la asignación del gasto público para sus gobiernos locales por la relación directa que existe entre desarrollo, autonomía y gasto público.
Toda vez que el gasto municipal es más eficiente para producir desarrollo que el federal, es urgente una mayor descentralización del gasto público no solamente en su destino, sino en la determinación del mismo, a fin de que los gobiernos locales puedan desarrollar sus programas económicos y sociales a partir de sus propias realidades y lograr así mejorar las condiciones de desarrollo económico de las entidades federativas.
Por otro lado, algo que le hace falta madurar a México es la capacidad de recaudar los impuestos, ya que la evasión fiscal actual impide el crecimiento del país.
Es innegable que el Gobierno Federal tiene tareas fundamentales que sólo en ese ámbito de competencia se pueden realizar con éxito: la estabilización económica y la redistribución del ingreso. Si bien también influyen en los ámbitos de competencia estatal y municipal, las políticas llevadas a cabo desde la federación beneficiarían a todo el grueso de la población sin preferir a unos cuantos.
Una propuesta que ha retumbado ya hace un par de décadas en los pasillos del Congreso de la Unión radica en una reforma que provoque la descentralización fiscal para permitir mayores cobros de impuestos a los estados y municipios, lo que definitivamente propiciaría proporcionalidad en la distribución del gasto público a nivel regional y fortalecería la autonomía de las entidades federativas al conducir con mayor libertad su propio desarrollo.
Una descentralización en todos los ámbitos, sea político, económico y administrativo, como un proceso integral y favoreciendo a la entidad municipal, beneficiaría a toda la población y se vería reflejado en la calidad de vida y mayor distribución del ingreso.
La forma más adecuada de provocar el desarrollo en un país, principalmente los que están en vías de desarrollo, es mediante la aplicación de cada vez mayor gasto público a municipios, así como reforzar el libre albedrío local en la determinación de su destino.
Es innegable que no existe ni existirá una plena autonomía política ni social mientras no exista autonomía económica.
Recomiendo sobre este tema la siguiente bibliografía:
CABRERO Y MARTÍNEZ. Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization. World Bank Publications, 2000.
DE LA CRUZ, RAFAEL. Descentralización en Perspectiva. Ediciones FEGS, 1998
AGHÓN, GABRIEL Y CASAS, CARLOS. Un análisis comparativo de los procesos de Descentralización fiscal en América latina. Revisión de algunas experiencias. INDETEC. Año 20, Número 66, 1999.
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