Transparencia, base de la democracia y herramienta contra la corrupción
Por Fernando Aguilera Lespron
A pesar del avance democrático que ha tenido nuestro país en las últimas décadas a través de instituciones ciudadanizadas como fue el Instituto Federal Electoral y los poco menos eficaces institutos electorales estatales, ha permitido que el electorado tome decisiones sobre qué partido político prefiere que dirija las riendas gubernamentales y legislativas, encargando el poder ejecutivo a unos mientras delega la responsabilidad de la mayoría en la representación popular en otros.
Este progreso en el poder de decisión que tiene el ciudadano en la esfera pública debe verse robustecido con prácticas como la Transparencia y la Rendición de Cuentas, bases de todo régimen democrático. Los asuntos públicos deben de estar abiertos al escrutinio social y quienes lo manejan deben de rendir cuentas en forma oportuna y confiable.
La Transparencia y la Rendición de Cuentas siempre aportan legitimidad y credibilidad al sistema político democrático al mismo grado en que son puestos en funcionamiento; mientras haya mayor acceso a la información y responsabilidad de gobernantes, legisladores y funcionarios públicos, mayor será el beneficio del interés general y no sólo de unos cuantos.
La democratización y la ampliación del escrutinio público llevan muchas veces a la comprobación de que la corrupción permea las estructuras de gobierno y administrativas en contubernio a intereses económicos.
En ese sentido la Transparencia y la Rendición de Cuentas no sólo combaten la corrupción, sino también a una democracia más participativa donde exista responsabilidad política por parte de las personas elegidas para gobernar y legislar.
La Transparencia se debe de dar en dos formas, la activa que es aquella difunde periódica y sistematizada de información generada a partir del quehacer de la gestión pública y que permite evaluar su desempeño. La pasiva que es la obligación de Estado para conceder a los ciudadanos que lo requieran, el acceso a la información que obra en poder de los organismos públicos; salvo que exista razón legalmente establecida para justificar la reserva de la misma como puede ser la seguridad nacional o preservar los derechos de un tercero.
Por lo anterior el diseño de esquemas institucionales más participativos en diversos ámbitos de la gestión pública contribuirá no sólo a fortalecer la Transparencia y la Rendición de Cuentas en términos administrativos-contables, sino además en aspectos de confiabilidad político-decisoria; fortificando la funcionalidad de las instituciones democráticas.
A pesar de los avances de los textos legales en beneficio de la transparencia y la rendición de cuentas la realidad de la gestión pública ha sido menor. Desarrollar la cultura de acceso a la información no se logrará aclamando al “buen gobierno”, se requiere de la participación activa de la ciudadanía y la vigilancia de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación.
La Transparencia de la función pública es profundamente democrática, pues “es un acto con la noción de una democracia al servicio de las personas y en la que quienes ejercen funciones públicas son primeros funcionarios que autoridad, y los ciudadanos son antes mandantes y titulares de derechos que súbditos pasivos e indolentes”.
Vigorizar las leyes de acceso a la información pública es asignatura pendiente de las representaciones populares ya que la clase política se niega a asumir los costos políticos, pues se ven comprometidos a que al realizar cambios legislativos, que al ser gobierno se verán obligados a acatar lo que siendo oposición forzaron a otros partidos políticos mediante dichas reformas.
También se debe de voltear a ver la integración de los organismos gubernamentales de transparencia con los que cuentan los estados de la República, ya que al igual que pasó con los organismos electorales, se corre el riesgo de que queden a expensas de los virreinatos locales lo que impediría un trabajo autónomo de los intereses de los ejecutivos estatales provocando el estancamiento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas; por ello se debe de pensar en la profesionalización en la materia de quienes colaboran en ellos y arreglar jurídicamente la permanencia de sus titulares en periodos que no coincidan con los poderes ejecutivo y legislativo.
La responsabilidad de quienes integran las legislaturas locales masa que una comparsa de los ejecutivos o de su conveniencia de negociar debe ir más allá, quienes legislan deben tener claro que su función de representantes populares los obliga no sólo a crear leyes sino a dar seguimiento a las acciones gubernamentales y a exigir por el bien común y no sólo por el personal o de sus partidos políticos.
Respuesta
Por Jesús Medina Olivares
Sugerente e interesante la colaboración que Fernando Aguilera presenta en debate: Esfera Pública, “Transparencia, base de la democracia y herramienta contra la corrupción”.
Pareciera una obviedad afirmar que la transparencia y rendición de cuentas son base de todo régimen democrático; aportan legitimidad y credibilidad al sistema político; que constituyen una herramienta para resolver la corrupción.
De la misma manera que, vigorizar las leyes de acceso a la información pública, dotar de autonomía y profesionalización de los organismos gubernamentales, per se, son factores determinantes para mejorar la calidad de nuestra democracia, para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones.
Sin embargo, la problemática de la democracia, la corrupción y el abuso del poder, evidentemente es mucho más compleja para entenderla de manera aislada o fragmentada.
El asunto no es que las medidas sugeridas no sean importantes o deseables. Muchas de ellas son claves para fortalecer la vida democrática de nuestro país. El problema radica en el enfoque.
El riesgo de la corrupción no se reduce al haber más leyes, una ley para cada tema, y sancionarla eficazmente. Tácito señalaba que muchas son las leyes en un Estado corrupto.
Sostengo que la calidad de la democracia y de un sistema político se determina principalmente por la naturaleza de la sociedad donde se desarrolla.
Como sistema abierto, influyen diversos factores de muy variada naturaleza; el ambiente político, social y cultural y otras variables que explican la aparente disfunción de nuestro sistema.
Uno de los problemas más graves de lo público es precisamente la corrupción, entendida como el uso ilegal del poder público para el beneficio personal o político.
La corrupción daña profundamente la confianza de las instituciones, de los políticos y, en general, de las autoridades. Ese capital ético tan difícil de generar y más de recuperar cuando se ha perdido.
Se trata de un tema que mina los cimientos de la sociedad misma y la legalidad del Estado Mexicano. Por tanto, es necesario conocer y entender cuál es la semilla de la corrupción, dónde inicia, dónde se desarrolla y, sobre todo, dónde puede terminar.
Lord Acton señalaba “El poder tiende a corromper y el poder absoluto a corromper absolutamente”.
Se debe precisar que este fenómeno no es exclusivo de las élites políticas o gubernamentales. No están exentas de culpa las élites económicas y mediáticas.
Una regla no escrita del sistema, desde la colonia, es que es normal enriquecerse en el poder ya sea político o económico, con un motivo esencial. El motivo, es que la corrupción engrasa el sistema.
La opacidad y el enriquecimiento ilegal de unas élites no puede tener sentido en una sociedad moderna y democrática.
Tampoco se puede soslayar que la corrupción se produce esencialmente por la incapacidad, ¿complicidad?, de las organizaciones sociales para influir sobre el comportamiento político y poner fin a dicha situación que cada vez es más frecuente.
Creo que el gran problema de México no sólo es abatir la impunidad de los poderosos, sino vencer el individualismo y la indolencia de la sociedad. Esto nos ha llevado al nivel de desmoralización social en el que nos encontramos.
Ante todo, es imposible erigir una sociedad democrática y justa sin que la ley sea el eje de la convivencia. Montesquieu afirmaba, “la ley, como la muerte, no debe exceptuar a nadie”. La ilegalidad debe ser la excepción.
Resulta lamentable que el respeto a la legalidad diste mucho de ser un valor de nuestra cultura popular, más en quienes tienen el deber moral de observarla.
Siempre existirán justificaciones para la excepción. Como el señor Gobernador lleva prisa, puede violar el reglamento de tránsito; un presidente municipal admite que roba, pero nomás poquito; como a mi empresa le fue mal, no pago las cuotas del Seguro Social; este y otros ejemplos forman parte de nuestra vida cotidiana, que refleja la arbitrariedad y el desprecio por la norma y por los demás.
Federico Reyes Heroles en su libro “Entre las bestias y los dioses” retrata nuestra realidad: el 47.7% de la población, respeta la ley sólo por miedo a ser sorprendida y recibir un castigo. Un 35%, respeta la ley por presión social, por el “qué dirán” y sólo el 17% respeta la ley por verdadera convicción.
Lo que debemos hacer es encarar nuestra cultura de ilegalidad y eliminar la impunidad que es la que propicia la corrupción. México es una sociedad sin consecuencias ni sanciones para quienes infringen la ley. De cada 100 denuncias sólo dos se sancionan, en Japón de cada 100 denuncias, 98 concluyen en castigo.
En suma, mejorar nuestra democracia y reducir la corrupción requiere de un proceso de fondo y contínuo. Se necesita un plan maestro, con un enfoque integral que articule las medidas legales, administrativas y educativas que atiendan sus múltiples causas y condiciones estructurales que la detonan y hace posible.
