- Miguel Sarre afirmó que el Estado debe garantizar la reparación del daño a los afectados por Ayotzinapa y Tlatlaya
- El exprocurador de la defensa ciudadana aseveró que el formalismo ha impedido bajar los derechos a las leyes y a la realidad
Luego de recibir el galardón Pro Homine, que han instaurado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDH) de la mano de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para reconocer a los principales defensores de derechos humanos en la entidad, Miguel Sarre Iguíniz, aseveró que la tortura se debe castigar como cualquier otro delito grave.
Remontándose al surgimiento de la Procuraduría de la Defensa Ciudadana, organismo precursor de la CEDH al cual encabezó en 1988, indicó que dicha entidad surgió tras la necesidad de hacer frente a la violación de derechos humanos, principalmente, como respuesta a la tortura y violencia derivada de la respuesta de las corporaciones policiacas ante diversas formas de expresión, fenómeno que consideró, pareciera estarse repitiendo, al recordar la difícil situación por la que atraviesa el país, poniendo énfasis en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
Sarre Iguíniz indicó que ante dicha situación, el tema de la tortura sigue siendo algo pendiente por abordar, que pudiera ser considerado a través de la creación de la nueva Comisaría del Poder Judicial, esquema que dijo, tiene la obligación de constituirse en los poderes judiciales de los estados, tras la aprobación del nuevo Código de Nacional de Procedimientos Penales. La comisaría, añadió, pretenderá que los jueces que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento sobre diversos fenómenos ilegales, abuso de autoridad, tortura, entre otros, puedan contar con los elementos suficientes para realizar una denuncia y actuar de manera inmediata, evitando así la impunidad y garantizando sentencias que deberían ser similares a las de cualquier otro delito grave, sentenció.
Además aseveró que Aguascalientes debiera ser de los primeros en implementar dicho esquema, como lo fue con la Procuraduría de la Defensa Ciudadana, garantizando que los derechos humanos se bajen a las leyes y a la realidad, no como hasta ahora, donde criticó, ni la universalidad de los derechos se ha podido garantizar, al advertir que “el formalismo impide bajar los derechos humanos a las leyes y luego a la realidad”.
El acreedor al reconocimiento Pro Homine lamentó que existan legislaciones incongruentes como las de la sentencia para secuestradores, que plantean 140 años de cárcel pero establecen que al cumplirse la sentencia se seguirá vigilando a los inculpados durante un tiempo más.
Agregó también la necesidad de fortalecer a las comisiones estatales para garantizar que sean independientes y autónomas del organismo nacional y puso énfasis en la deficiencia de las investigaciones periciales, donde aseguró, se refleja la mayor violación de derechos humanos, produciendo afectaciones a los diversos contextos sociales y hasta económicos.
El exprocurador de la defensa ciudadana indicó que se debe garantizar el derecho a la libertad libre de maltratos y torturas, evitando en todo momento que el Estado haga uso de la fuerza y se conduzca con civilidad; afirmó que “los más graves abusos del poder se solucionan respondiendo a delitos de menor gravedad, que sirven como caldo de cultivo” y finalizó aduciendo que el Estado debe garantizar la reparación del daño y justicia para evitar que casos como Ayotzinapa y Tlatlaya se conviertan en abusos cotidianos.
