Los acontecimientos sucedidos a los alumnos de Ayotzinapa han sido tomados por el presidente de la República, Enrique Peña, como referencia para definir el México de antes, diferenciándolo del México de ahora, que él trata de esbozar en su discurso político; inmerso en la dinámica televisiva utilizada por la empresa dominante en el país -como un capítulo de programa-, considera que lo sucedido en Iguala debe dar pauta a una transformación en favor de un desarrollo que permita la paz y la armonía, para que, de esta manera, “realmente superemos esta etapa de dolor” por la que pasa la sociedad mexicana (LJ, 5 diciembre).
Es en este espíritu interactivo -en que toma los acontecimientos que viven los sectores críticos de la sociedad, para realizar su capitalización y reorientarlos al fortalecimiento de la propia imagen-, que el presidente presenta los diez puntos Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo, con el objetivo de “encabezar los esfuerzos institucionales para conocer la verdad de estos hechos; asegurar que no haya impunidad y que todos los culpables sean castigados conforme a derecho…” (Sitio en la red, Presidencia de la República).
La explicación causal que expone a la sociedad es que “En la tragedia de Iguala se combinaron condiciones inaceptables de debilidad institucional, que no podemos ignorar: un grupo criminal que controlaba el territorio de varios municipios; autoridades municipales que eran parte de la propia estructura de la organización delictiva; policías municipales que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes… Seamos claros: sólo a través del Estado de Derecho podremos superar, juntos, los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad”. En ese mensaje del 27 de noviembre, agrega un elemento interesante: “No se puede exigir justicia violando la ley”.
Algunos puntos para considerar son los siguientes: la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, que hará posible la disolución del ayuntamiento; la creación obligatoria de las policías estatales únicas; el relanzamiento, una vez más, de la estrategia de seguridad para la zona de Tierra Caliente, Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México; la aprobación de leyes y reformas en materia de combate a la corrupción; y, por último, el impulso a los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.
Ante este cuadro de propuestas para lograr un México en paz con justicia y desarrollo, cuando Peña reconoce que la sociedad mexicana está alzando su voz para decir ‘Ya basta’, ¿por qué hablar del ‘entrampamiento’ del presidente de la República? Como primera respuesta, observamos que la actual circunstancia muestra que el presidente quedó atrapado entre la estrategia que, veladamente, impulsaron hace años los gobernadores del PRI -como pivote fundamental para volver a la presidencia de la República-, y la necesidad de ‘superar el momento’ actual.
Reiteradamente calificaron de equivocadas las estrategias propuestas y seguidas en la administración anterior, a las que también, veladamente, se opusieron, con el efecto de ‘dejar hacer, dejar pasar’ tanto el crecimiento y diversificación de la delincuencia organizada, como de su violencia. Hoy el presidente se ve en la necesidad de recurrir a las propuestas planteadas y suscritas por los gobernadores el 21 de agosto de 2008, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (LJ, 30 noviembre pasado).
Otro elemento del ‘entrampamiento’ mostrado por el presidente de la República, es la orientación que da a la nueva ley para combatir la infiltración del crimen organizado a los municipios, proponiendo, en su caso, su desaparición; la propuesta da a entender que el problema está focalizado en los municipios, cuando la incumbencia y responsabilidad, como Jefe de Estado y de las Instituciones (como antes se decía), se inicia en la presidencia de la República, pasando por los gobernadores de los estados. Nuevamente el presidente se asume como ajeno al problema, dejando en el mismo plano a los gobernadores, cuando sabemos, y lo comprobamos con frecuencia, que los presidentes municipales están supeditados a los gobernadores, y éstos -por lo menos en los regímenes priistas- lo están al presidente de la República.
Es decir, en el esquema de hacer gobierno de los priistas, el presidente municipal -y todavía más si es del mismo partido- no se mueve si el gobernador no lo autoriza, y los gobernadores no siguen adelante, particularmente en asuntos delicados, si el presidente no los avala (Los ejemplos sobrarían, como se dieron en aquellas épocas, y que parece que hoy pretenden reimplantar). Significa, por lo tanto, que los gobernadores están al tanto de lo que sucede en los municipios, y el presidente de la República, de lo que hacen los gobernadores.
Otros elementos del ‘entrampamiento’ son las dos últimas propuestas: la novena, donde habla del combate a la corrupción, respaldando el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; y la décima, en que menciona que seguirá promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. El entrampamiento se debe a que, de nueva cuenta, se asume como ajeno a esos problemas.
Ante los conflictos de interés, y probablemente, actos de corrupción, que el país ha conocido, y que explican abundantemente la existencia del pacto de impunidad que priva entre muchos gobernantes, el efecto natural de las propuestas del presidente Peña, en muchos ciudadanos, es el de la no credibilidad; sin embargo, por el discurso escuchado en gobernantes de este estilo de hacer gobierno, dan a entender que basta, y es suficiente, con que los ciudadanos los escuchen decir que combatirán la corrupción, que serán transparentes, y que no permitirán que nadie esté por encima de la ley, todo ello, con la finalidad de que los ciudadanos nos quedemos tranquilos, y desistamos del cuestionamiento y la movilización.
Es evidente, consecuentemente, que eluden -con astucia, como dice el Diccionario de Real Academia Española- las responsabilidades y las obligaciones; no obstante, el perjuicio mayor para la sociedad es, que los problemas seguirían sin resolverse.
