Si algo debe de reconocerse a las administraciones emanadas del Partido de la Revolución Democrática es su estilo para internacionalizar la política mexicana, al hacer suya la famosa Doctrina Estrada, a fin de no intervenir en la rebelión causada por esos bastardos sin gloria infiltrados en pacificas manifestaciones que demandan soluciones legítimas, en muchos casos.
Los del sol azteca recogen, también, la libertaria teoría económica impulsada por Adam Smith y popularizada por los franceses con el puntual aforismo de laissez faire, laissez passer, para consentir a los anarquistas caseros que destrozan injustamente la convivencia social.
Los momentos aciagos que viven los habitantes de Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero y Michoacán, entidades gobernadas o cultivadas por el PRD, son una excelente réplica de los sufrimientos que padecieron los defeños, cuando el PRD decidió alterar la vida de los capitalinos al invadir durante largos meses el Paseo de la Reforma, después de la elección presidencial de 2006, o cuando los profesores disidentes se posesionaron del monumento a la Revolución y su restaurada plaza.
El dejar pasar, dejar hacer se reproduce en las cabezas de las notas publicadas recientemente por los diarios: Normalistas vandalizan sede del PRI en Michoacán. Incendian la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Bloquean la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tres Marías. Normalistas retienen autobuses en Oaxaca. Destrozan el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. Maestros de la CETEG toman el aeropuerto de Acapulco, patean en el suelo a un policía y le desfiguran el rostro lleno de sangre.
El lábaro de la izquierda perredista, de la romántica y rigurosa que profesaba honestidad a cabalidad, democracia ateniense, Estado de derecho permanente, lucha responsable y dorada credibilidad, fue sustituido por las banderas de la corrupción, transgresión a la ley, impunidad, complicidad y secuestro del partido por el grupúsculo que lo convirtió en una deslegitimada franquicia, una más, del comercio electoral.
No está muy lejano aquel día, el jueves 23 de septiembre de 2010, que el diputado del PRD, Julio César Godoy Toscano (hermano del entonces gobernador de Michoacán), electo por el primer distrito electoral federal de esa entidad, rindió protesta como integrante de la 61 Legislatura, ante el pleno de San Lázaro, burlando el cerco de seguridad montado por la Policía Federal alrededor del Palacio Legislativo de la Cámara baja. La calidad de prófugo de la justicia de este narcopolítico, acusado de presuntos nexos con la delincuencia organizada, fue un detalle sin importancia para el perredismo que lo encubrió hasta llevarlo a levantar la mano izquierda para asumir el encargo y acogerse al blindaje del fuero constitucional.
Todavía se recuerda la grotesca escena donde apareció el prócer del perredismo nacional, René Bejarano, recibiendo el dinero mal habido de las manos del empresario Carlos Ahumada: 5 minutos y 38 segundos de imágenes que destilaron el cinismo del Señor de las Ligas para guardarse pacientemente los cuatro millones de pesos en las bolsas del saco y del pantalón, y en la mochila de piel color negra, choncha de sucios billetes.
En nuestros días, el perredismo le sigue sumando a su evidente descomposición con el caso de su correligionario José Luis Abarca, el satánico alcalde de Iguala; es un “criminal”, denunció el senador, también perredista, Alejandro Encinas, en el noticiero radiofónico de Joaquín López-Dóriga.
Y los anarquistas a sueldo y “profesores” disidentes hacen añicos la norma jurídica en las parcelas del PRD, donde a la turba les han entregado salvoconductos para naturalizar la violencia y poderes “institucionales” para firmar un Pacto por la Impunidad, que les permitió agredir al emblemático Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral perredista, sabotear el Buen Fin, perforar el tejido social, saquear negocios, bloquear carreteras, provocar policías, destruir los bienes materiales de terceros y quemar edificios públicos construidos y equipados con los impuestos entregados por usted (albañil, obrero, comerciante, empresario, profesionista, burócrata, jornalero, etc.), en calidad de caro contribuyente.
Alguien abastece la placenta de estos cobardes maoístas de petatiux con palos, gorras, capuchas, varillas, aerosoles, vehículos, alimentos, dinero y demás apoyos para desmadrar la vida del atemorizado ciudadano; los servicios de inteligencia del gobierno están obligados a conocer su misteriosa ubicación.
Está muy claro que los gobernadores perredistas, en calidad de pequeños virreyes, designan candidatos de su partido a cargos de elección popular, se erigen en celosos guardianes de la soberanía de sus territorios, exigen a la Federación mayores recursos y gastan el dinero público con extrema discrecionalidad y opacidad; pero a la hora de enfrentar los graves problemas, los momentos críticos, se hacen a un lado, esconden la cabeza en las enaguas de la CONAGO y le hacen al Gandhi región azteca, al fin, la responsabilidad política se hizo para los “bueyes de mi compadre”.
Esas administraciones amarillas extraviaron la línea divisoria entre la libre manifestación y la aplicación igualitaria de la ley, que nada tiene que ver con la intolerancia, la represión, y la criminalización de la protesta.
Los delincuentes urbanos, de cubierto rostro e incendiario proceder, deben ser detenidos y presentados ante el Ministerio Público, así de sencillo, como cualquier cobarde que se atreve en Aguascalientes a destruir el cajero del banco o el histórico Teatro Morelos.
Bien reflexionó el periodista Ciro Gómez Leyva: “Es hora de dolor, de indignación, protesta. Pero no puede ser tiempo de robar, herir, denigrar, matar. Tiempo de canallas” (Milenio Diario, 12/11/14).
Porque alguien tiene que escribirlo: Mañana inicia la segunda temporada del Circo Legislativo. Promete viejas y desgastadas piruetas. Nada nuevo bajo la carpa de los muy bien pagados diputados locales de Aguascalientes.
