Las altas expectativas generadas por el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña, apoyadas en la imagen negativa de la administración del presidente Felipe Calderón, ambos asuntos construidos y alimentados por la mayoría de los predominantes grupos empresariales de la comunicación, junto con el bajo crecimiento económico de estos primeros dos años -no obstante el anunciado incremento en la creación de empleos-, y los acontecimientos de violencia de los últimos meses, están conformando un escenario de duda respecto a la posibilidad de hacer un buen gobierno.
El asunto no es que el gobierno de Peña no tenga la capacidad para corregir los graves problemas que está viviendo el país; la capacidad de un gobierno la relacionamos con los recursos con que cuenta, y las personas que integran el gabinete. El gobierno de la República cuenta con suficiencia en tiempo y en oportunidad para solucionar esos problemas, tiene a su disposición en los diferentes rubros de gobierno altas tecnologías, métodos de trabajo de alto rendimiento, experiencias disponibles observadas en otros países, y un gasto público a su servicio, que acumula ya un fuerte déficit autorizado por el Congreso de la Unión, etcétera. Entonces, es claro que la imposibilidad que está mostrando el gobierno de Peña, por los resultados hasta ahora observados, no radica en la disposición del bagaje de las diversas dependencias administrativas y las reformas efectuadas, sino en otro punto, que resulta ser tan delicado como frágil.
El elemento esencial que, aparentemente, está imposibilitando al gobierno de la República para poder hacer un buen servicio público para la sociedad, lo podemos percibir en dos aspectos: el primero es el grado de involucramiento que está mostrando con grupos económicos elitistas, que se han vuelto la maraña que cubre irregularidades y le impide moverse libremente; y, el segundo aspecto, es la ubicación institucional que está mostrando respecto a los graves problemas que está teniendo el país, ya que las deficiencias que se le señalan son respondidas aduciendo que tales”‘sacos no les quedan a este gobierno”.
El buen gobierno lo podemos caracterizar, de manera resumida, en dos puntos: atender las necesidades de la sociedad, y, resolver sus problemas. Sobra decir que ambos puntos deben lograrse con eficiencia, eficacia y congruencia, que son principios fundamentales de la administración pública, que, a su vez, es el vehículo institucional para hacer política y gobierno.
¿Cómo podemos observar uno y otro aspecto de la imposibilidad? Desde luego que nos remitimos a los hechos sucedidos. En el primer aspecto de la imposibilidad encontramos la revelación del bien inmueble que está en manos de la familia presidencial, llamada Casa Blanca, cuyos datos son conocidos en la opinión pública.
La significación de esta revelación la podemos centrar en las siguientes circunstancias: la propiedad legal del inmueble de la familia presidencial corresponde a la empresa que recibió una alta cantidad de contratos de obras en el Estado de México, cuando Peña era gobernador; esa misma empresa resultó ganadora de la licitación para la construcción del tren rápido México-Querétaro, junto con otras empresas asociadas con el consorcio chino -único grupo empresarial participante en el apresurado concurso de obra-.
Para el segundo aspecto, tomo las declaraciones de funcionarios de la administración federal con motivo de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuando afirman que no existe crimen de Estado, y que sólo es asunto de Iguala, Guerrero. Tal afirmación tiene varios elementos contextuales que son dejados de lado: es crimen de Estado cuando agentes de gobierno, participan o se asocian con delincuentes para agredir a la sociedad; la participación en delitos de agentes de gobierno se ha dado en muchos otros estados de la República, que ya han sido documentados a través de los medios de comunicación, incluidos los de soldados, marinos y policías federales; y, como último punto, tal vez el más delicado, es que el problema de la colusión de gobernantes con delincuentes, lo manejan como ajeno a sus esferas de influencia.
El efecto de este segundo aspecto se percibe cuando “pintan su raya” diciendo que perseguirán a todos los violadores de la ley, y que llegarán hasta el fondo, “tope donde tope”, utilizando toda la fuerza del Estado (permítase traer a colación la anécdota de que el presunto ladrón grita a la policía “allá va el ladrón”). Todo ello sin voltear a verse a sí mismos como gobierno responsable de la República.
En el marco del primer aspecto, se potencializa la revelación cuando días después de que dieron a conocer el fallo de la licitación del tren rápido, y la férrea defensa que hizo el secretario de comunicaciones y transportes acerca de la transparencia, la legalidad y la equidad del concurso, tanto en los medios de comunicación como ante el Senado de la República, el presidente cancela la resolución, para poder darle transparencia, legalidad y equidad. Considero que el motivo de fondo, negado por los funcionarios, fue que desde hacía tiempo el grupo de investigaciones periodísticas de Aristegui Noticias, estaba ya tras la información de la empresa constructora mencionada y sus propiedades.
Las respuestas de los funcionarios para este asunto han sido tan rápidas como desaliñadas; no están siendo coherentes ni satisfactorias. Se observa, entonces, que carecen de elementos de credibilidad para poder “quitarse de encima” la sombra de colusión con grupos económicos cuestionados, como también es Televisa.
El grado de delicadeza de la imposibilidad para hacer un buen gobierno se encuentra, por lo tanto, -y extremando la reflexión-, en que, aunque quisiera hacerlo, sería muy difícil lograrlo, dado el escenario de intereses entrecruzados que ya se precisan.
Para resolver la colusión de agentes de gobierno con organizaciones de la delincuencia, y combatir eficazmente la corrupción, resolviendo de fondo los graves problemas del país, se requiere que el servidor público que pretende llevar a cabo tales proezas, no esté involucrado ni en un caso, ni en el otro. ¿El presidente Enrique Peña, podrá hacerlo?
