En días pasados, hemos conocido pronunciamientos e información del presidente de la República, Enrique Peña, y de su esposa, Angélica Rivera, sobre tópicos planteados por medios de comunicación, relativos a sus propiedades; es una información valiosa que es necesario tomar en cuenta para identificar algunos rasgos que están caracterizando al actual gobierno de la República, y que ha sido difundida ampliamente por los medios. Para esta reflexión tomo en cuenta el sentido común, a sabiendas de que, en ocasiones, no corresponde con las explicaciones que se dan para la justificación de determinados asuntos.
El contexto en el que se dan los pronunciamientos está expuesto por el presidente de la República, en su mensaje del 18 de noviembre pasado, con motivo de la inauguración de la Ciudad de la Salud para la Mujer, en el Estado de México. Los elementos del mensaje que ayudan a configurar el esquema de análisis, son los siguientes: en los acontecimientos de Ayotzinapa, el presidente fue el primero en mostrarse sensible y solidario; al amparo de este dolor, se han dado movimientos de violencia y protesta, que en ocasiones no está claro su objetivo; violencia y protesta que pareciera que responden a un interés de generar desestabilización y desorden social, y, sobre todo, atentar contra el proyecto de Nación; y, otro tema, que pareciera un afán orquestado por desestabilizar, es el de los señalamientos sobre una propiedad de su esposa, señalando un sinnúmero de versiones y de falsedades, que no tienen sustento alguno.
Por la noche de ese mismo día, la esposa del presidente dio la información de la propiedad, destacando los siguientes puntos: recibió una casa de manos de Televisa, la cual le fue escriturada después de su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México; recibió también de Televisa, el pago de 88 millones de pesos; dice que compró a la inmobiliaria de la empresa constructora los terrenos anexos y la construcción que se hizo en ellos, por el monto de 57 mdp, y a crédito; no se hace de manera inmediata la escritura a su nombre, sino que permanece a nombre de la empresa.
Así mismo, el presidente de la República da a conocer sus bienes, en los que se señala lo siguiente: compra dos casas de contado, una en 1982, y otra en diciembre de 2005 (ésta con un valor de 5.6 mdp); recibe como herencia de cónyuge propiedad y obras de arte por 4.6 mdp; recibe otras seis propiedades como donación de padre y de madre; tiene cuentas bancarias en efectivo por más de 13 mdp; compra joyas y menaje de contado por 2.9, y recibe joyas por donación por un mdp. (Información tomada de Reforma, 20 de noviembre).
¿Cuál fue, entonces, la importancia y el valor de la información investigada y dada a conocer por el grupo de Aristegui Noticias, de la propiedad de la esposa del presidente? La respuesta, de manera resumida -y no obstante las abundantes explicaciones dadas-, es que mostró y recordó de qué manera se operaba la corrupción en la larga época anterior a la alternancia del año 2000: con prestanombres.
Si articulamos Tlatlaya, Ayotzinapa, la casa, las marchas de petición de justicia y de búsqueda de los normalistas, y las acciones violentas de ‘encapuchados’, tenemos un escenario delicado; ante este escenario, el presidente ha venido respondiendo no a la violencia, y sí a la paz. Y la explicación que maneja, es la de la desestabilización del país, y que usará la fuerza pública, si al agotar el diálogo, no se estabiliza el país.
Así mismo, es importante tener en cuenta que la movilización social se está centrando, prácticamente, en dos puntos: la justicia por los normalistas desaparecidos como crimen de Estado, por su colusión con la delincuencia organizada, y el reclamo de la no respuesta efectiva por parte del gobierno de la República. El recurso del presidente de la República es acusar de desestabilización, en lugar de reconocer que el gobierno se está manejando con apariencias.
¿Cómo identificar el lado de las apariencias del gobierno? Cuando el presidente dice que ha sido solidario con el caso Ayotzinapa desde el principio y fue el primero; se hará justicia, tope donde tope; el afirmar que con el empresario constructor de la casa no existe conflicto de interés, ni con Televisa; decir que la información de la casa es falsa, mientras su esposa la confirma; recurrir al argumento de la desestabilización, en lugar del reconocimiento de los narcogobiernos, y hacer el saneamiento con procesos penales generalizados; disponer de cantidades importantes de efectivo (88 y 13 mdp), comprar bienes de contado, y luego realizar un trato a crédito con un empresario constructor de obra pública; el pretender que la sociedad crea, así nada más, las donaciones familiares (el sentido común nos dice que una madre deja sus bienes a sus hijos, más que al esposo), etcétera.
El cuadro general que observamos, entonces, nos permite estimar que la violencia de los provocadores ‘encapuchados’ está orientada a dos efectos: por un lado, manchar y desacreditar las innumerables marchas pacíficas que han hecho hasta el día de hoy, miles de personas, demandando justicia y exigiendo la presentación de los estudiantes vivos; por otro, ante la imposibilidad de transformación de la forma de hacer un gobierno de verdad y no de apariencia, el recurso parece ser utilizar la teoría del complot, para poder asumir una posición autoritaria de fuerza.
Es claro, por lo tanto, que el gobierno de apariencia está en evidente crisis, y que muchos ciudadanos tienen una percepción de engaño con las respuestas que están recibiendo del gobierno. Es por ello que sectores de la sociedad no sólo están marchando en acompañamiento con los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, sino también para pedir un cambio en la forma de hacer gobierno. Será importante, consecuentemente, observar la respuesta del presidente y la de sus funcionarios.
