- Cabildo debió fijar una postura fiscal en agosto; había deuda de 11 millones por ISR y otros 18 millones a resarcir
- Se habló de una fecha límite para decidir sobre las auditorías practicadas al gobierno saliente
Ni los intentos parlamentarios han desatascado la fiscalización independiente en el municipio de Jesús María, actividad iniciada por el alcalde Antonio Arámbula ante las sospechas de desfalco a manos de su antecesor, Martín Chávez del Bosque.
Luego de señalar que el organismo operador del agua estuvo metido “de lleno a la campaña” del Revolucionario Institucional, el panista ordenó una auditoría privada sobre la cuenta de 2012. El miércoles 12 de febrero del presente año el propio Ayuntamiento reveló parte de los resultados de otro estudio. Se dijo a la prensa que Chávez del Bosque no había entregado a Hacienda once millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.
Según la versión oficial se actuaría cuando las auditorías estuvieran listas, lo cual ocurrió en julio.
El Cabildo recibió los resultados durante la primera semana del mismo mes. Antonio Arámbula señaló que daría varios días de estudio a síndicos y regidores, y que en agosto se tomaría una decisión colectiva sobre el proceder del municipio.
Hasta el momento nada ha ocurrido.
El regidor perredista Rafael Luna Jiménez llegó a referirse a lo ocurrido con las finanzas del organismo operador del servicio de agua potable. Añadió que los trabajos de auditoría sólo se habían canalizado a esa dependencia.
“Tenemos que revisar, hablar de una administración anterior es revisar tanto presidencia como CAPAS, créame que vamos a estar pendientes de pedirle a nuestro alcalde que nos rinda cuentas en cuestión de qué pasó con CAPAS y qué pasó con la presidencia en sí”.
El 17 de julio, sin coordinarse con la administración de Jesús María, el grupo parlamentario del blanquiazul subió a tribuna un punto de acuerdo. Se trataba de exhortar tanto a las contralorías municipales como al Órgano Superior de Fiscalización a dar inicio a las pesquisas necesarias para reparar los daños al erario.
Los diputados manifestaron que, derivado de la cuenta pública de 2012, únicamente en Jesús María había 18 millones de pesos sujetos a resarcimiento, por lo cual había que estimular las labores de fiscalización.
Antonio Arámbula se desmarcó de esta acción. Reiteró que la auditoría privada realizada por su encargo ocurrió sobre la cuenta de 2013.
–Eduardo Rocha -presidente de la Comisión de Vigilancia- dijo que si hay prueba de irregularidades es a ti a quien toca denunciar.
–De acuerdo a lo que dijeron los diputados las pruebas no las tengo yo, las tienen ellos, o las tiene el Órgano Superior de Fiscalización. Ellos son los que realmente tienen las pruebas. Fueron observaciones que el Órgano Superior de Fiscalización hizo al municipio, exigía que se regresaran ciertas cantidades. No cumplieron; falta ver qué va a suceder porque no se cumplió con lo que dijo el órgano.
En su momento Antonio Arámbula aseguró que no se detendría, de haber materia para entablar denuncias penales. Incluso antes de asumir formalmente el cargo hizo una invitación a los funcionarios salientes.
“Es mejor que lo regresen a que metamos la mano y los metamos al bote”.
La diputada Martha Márquez, vocal de la Comisión de Vigilancia, aseguró que la fiscalización en los municipios no es cosa menor, pues los 18 millones del caso referido apenas daban muestra del problema.
“El caso de Jesús María sería solamente un ejemplo de todo lo que puede haber, lo hay en todos los municipios, lo puede haber en Gobierno del Estado, por eso es el exhorto a las contralorías”.
La última auditoría, destacó el presidente municipal, “fue una revisión aleatoria y parcial del año, no todo fue exhaustivo”. La entrega de este estudio se vio pospuesta en varias ocasiones, a petición del despacho contratado y por la falta de documentos en los registros contables, presuntamente desaparecidos por la gente de Chávez del Bosque.
