En las últimas semanas, han sucedido hechos delictivos que permiten observar el grado de coordinación en que están operando los diferentes niveles de gobierno, tanto para la seguridad pública como para el combate a la delincuencia organizada; esos hechos de violencia han tenido respuesta de los gobiernos que están mostrando lo que entienden por esa coordinación, por un lado, y cómo la realizan, por el otro.
De acuerdo a la observación de los sucesos de la delincuencia en diversas zonas del país, y de las reacciones de los gobiernos, pareciera ser que mientras no aparece en los medios de comunicación algún suceso de carácter extraordinario, la coordinación de operaciones se da como nunca antes sucedía en el país; sin embargo, en el momento en que algún suceso sube a los escenarios de los medios de comunicación -porque ‘se les fue de las manos’-, es cuando se inicia el deslinde de responsabilidades en los niveles de gobierno.
De esta manera, encontramos un ‘antes’ y un ‘después’; el último desafortunado ejemplo es el sucedido a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero. El resultado de los sucesos de la noche del pasado viernes 26 de septiembre, fue la muerte de tres estudiantes y un jugador de un equipo de futbol de Chilpancingo.
¿Por qué el antes y el después? Porque es sólo hasta después de estos dolorosos sucesos, que se conocen circunstancias que se están dando en los gobiernos, o entre ellos. Se dice que el edil de Iguala no ordenó el ataque de los policías a los estudiantes, porque él no manda a la policía, y que a Iguala lo controla ‘la maña’, ya que es “dueño de la plaza” (LJ, 1 de octubre); en esa misma edición leemos “Llama Peña al gobierno de Guerrero a asumir su responsabilidad en el caso de Iguala. La Federación no puede sustituir o reemplazar a las autoridades locales. SG está atenta a apoyar donde, de ser el caso, ha habido debilitamiento institucional”; también el gobernador del estado, Ángel Aguirre, en entrevistas de noticieros de radio, afirmaba que la policía de ese municipio estaba infiltrada por la delincuencia.
Las preguntas ahora son las siguientes, ¿que no es el espacio de coordinación entre gobiernos, donde se conoce si alguna institución está debilitada, como para atenderla antes de estos hechos? ¿si no es la autoridad en determinado lugar la que manda, quién manda, y en qué otros lugares sucede igual? Nos anuncian que en los grupos de coordinación participan autoridades de seguridad federales, estatales y municipales, ¿por qué es hasta después de los hechos que ‘descubren’ diversas irregularidades, como la de que alguna institución esté debilitada o infiltrada por la delincuencia?
Por lo tanto, mientras fuerzas federales, por ejemplo, detienen exitosamente a delincuentes -sin la participación de las fuerzas locales-, dicen que la coordinación entre gobiernos va bien, y los ciudadanos ‘debemos reconocerlo’; pero en casos como el de Guerrero, entonces el Gobierno de la República dice que la federación no puede sustituir o reemplazar a las autoridades locales.
Observemos ahora al estado de Michoacán: la estrategia del Gobierno de la República fue, prácticamente, sustituir al gobierno local, nombrando un comisionado federal, quien, a su vez, sustituyó con personas de su equipo a los funcionarios locales. En esta entidad también podemos preguntarnos por el tipo de coordinación que se está ejerciendo entre los niveles de gobiernos, cuando vemos que se reinicia la inquietud de grupos de autodefensas. Jorge Vázquez, fundador del grupo de Aguililla, da “a conocer que a partir de este jueves tomará las armas nuevamente al no obtener respuesta de autoridades estatales y federales en cuanto a su petición de detener y encarcelar a integrantes del cártel de Los Viagra, que de acuerdo con Vázquez “infiltraron” la Fuerza Rural” (LJ, 2 de octubre).
Otro caso también, igual de lamentable, es el de los soldados que ejecutaron a los delincuentes en Tlatlaya, Estado de México; de por sí son abochornantes esas acciones, con toda la cadena de encubrimiento que se ha dado por parte de las autoridades federales (coordinadas hasta que el evento saltó al espacio de los medios de comunicación), observamos, además, que ya desde antes estos soldados y sus mandos, habían realizado acciones violatorias de los derechos humanos. La pregunta sigue siendo la misma, en cuanto al funcionamiento efectivo de esos espacios de coordinación intergubernamental, ya que las autoridades locales debieron haber planteado ante las autoridades federales, la ejecución de hechos reclamados por las comunidades ofendidas.
Podríamos seguir señalando otros casos de la ausencia de coordinación entre gobiernos para la seguridad, como han sido aquéllos de ciudadanos que, a través de medios de comunicación en Aguascalientes, han expresado su queja de que, ante atentados sufridos en la carretera en los límites con Zacatecas y habiendo presentado denuncia con la primera patrulla encontrada, la respuesta que les dieron fue, que como el hecho no había sucedido en su demarcación territorial, no podían hacer nada.
No obstante, tomemos en serio las palabras del presidente de la república, Enrique Peña, de que la federación no puede sustituir o reemplazar a las autoridades locales; efectivamente, como desde hace ya varios años se ha venido señalando, mientras no se saque al zorro del gallinero, éste seguirá comiéndose las gallinas. De esta manera, es correcto el señalamiento del presidente, porque la seguridad ciudadana inicia y se sostiene con la ética de los gobernantes locales, quienes tienen la primera responsabilidad de combatir a los delincuentes.
Importan mucho las armas y el equipamiento de los policías, pero importa más el resultado de la seguridad lograda con la coordinación entre los distintos gobiernos. Los ciudadanos requerimos de una real coordinación de operaciones en seguridad, que rebase el mero ámbito del discurso político de las declaraciones ante los medios de comunicación, o de los abundantes boletines de prensa que ensalzan los resultados.
