Algo se pudre en Dinamarca
Hamlet, William Shakespeare
Acá no hablamos de uno de los estados menos desarrollados del sur o del sureste país, ni de los que tienen los índices más bajos de alfabetización y bienestar. Sonora es una de las entidades federativas más grandes y ricas, con indicadores socio-económicos casi equiparables a los de un país desarrollado. Dispone, por ejemplo, de las mejores tierras de cultivo de toda la región, de una infraestructura más o menos desarrollada, de una rica costa bañada por el Golfo de California, de importantes yacimientos minerales y de una larga frontera de varios cientos de kilómetros con Arizona y Nuevo México. Sin embargo, queda claro que todo esto no es suficiente para traer a sus ciudadanos la consolidación del estado de derecho y la paz social.
Porque tiene razón Raymundo Riva Palacio cuando califica de “reino” a Sonora (Estrictamente Personal, viernes 12 de septiembre de 2014) y de “virrey” bananero al impresentable gobernador de Sonora, quien, no podemos olvidarlo, llegó al cargo gracias a la tragedia de la guardería ABC, misma que provocó un vuelco electoral masivo a favor del PAN y su candidato. Así, el “virrey” sonorense es hoy conocido en toda la región noroeste por los pingües negocios que organiza con cuates y socios a través de su cargo e influencias.
Y como si todo eso no bastara, dicho desgobierno es corresponsable del peor desastre ambiental en la historia del país por el vertido tóxico de la Minera México en el río Bacanuchi, afluente del Sonora -esto en una región donde la escasez de agua es crónica- que continúa impune hasta hoy.
Pero aún hay más: “el reino de Sonora” y su aparato de “procuración de justicia” pretenden, como se hizo durante las décadas del porfiriato, quitar de enmedio, sea como sea, a todos quienes estorban “al progreso” y “la civilización”. Antes se hizo exterminando y/o deportando a Yucatán a los indios rebeldes. Hoy se hace criminalizando y encausando penalmente a los líderes que emprenden luchas colectivas en defensa de sus tierras, territorio y recursos naturales. Este es el caso de Mario Luna o de Fernando Jiménez Gutiérrez, ambos integrantes del Movimiento de Defensa del Agua en Sonora, y ambos secretarios de la autoridad tradicional de la tribu Yoeme/Yaqui; quienes han sido detenidos en días pasados de manera ilegal y arbitraria. Ya un juez del fuero común le dio auto de formal prisión a Luna por un presunto robo de vehículos y secuestro, y es de esperarse que suceda lo mismo con Jiménez. No hay que ser muy avispado para deducir que dicha maniobra tiene como fondo motivos turbios, ya que no existen elementos legales serios para procesar a los detenido, como sucede en tantos otros casos.
En su delirio y prepotencia, “la realeza” sonorense no alcanza a comprender que toda la tribu Yaqui está detrás de los incriminados, y que la resistencia a sus imposiciones no va a terminar encarcelando a sus representantes más notorios, sino todo lo contrario. ¿O pretende acaso encarcelar también a los casi 40 mil Yaquis censados en Sonora?
Esto porque en 2010 la Tribu Yaqui, empoderada pacíficamente a través de años de experiencia en su defensa colectiva, emprendió una lucha legal y pacífica por el agua del Río homónimo y contra la construcción y operación del acueducto Independencia y la represa “El Novillo”, que trasvasa el agua de esa cuenca a la ciudad de Hermosillo de manera ilegal. La Tribu argumenta que dicho trasvase no sólo viola las normas vigentes, sino que también representa una amenaza a al medio ambiente, además de violar sus derechos fundamentales a la consulta sobre cultura, territorio y recursos. La Corte ya reconoció los derechos de la Tribu en por lo menos un par de sentencias diferentes, que hasta la fecha el gobierno “del reino” se niega a cumplir.
Desde luego que el caso Yaqui no es el único, aunque sí uno de los más graves y notorios por sus muchas implicaciones. A lo largo y ancho del país se reproduce el esquema de represión a los líderes indígenas y sociales que defienden los recursos naturales y territorios ancestrales; allí está el caso de Alberto Patishtán en Chiapas, por ejemplo. Es por eso que la reversión del daño ambiental del acueducto y la eventual cancelación del proyecto en Sonora son parte de una defensa integral del territorio que es literalmente vital no sólo para la Tribu Yaqui, sino para todos los pueblos originarios que emprenden acciones de resistencia pacífica y legal en México.
Mario Luna y Fernando Jiménez son evidentemente presos de conciencia y tienen derecho a la salvaguarda de su integridad física y a un juicio justo, expedito e imparcial. La Tribu Yaqui está amparada constitucionalmente para protestar pacíficamente en contra del acueducto Independencia y contra un gobierno local tan inepto como corrupto. También para oponerse colectivamente a toda medida que les afecte y para reclamar y hacer valer las determinaciones de la SCJN que los amparan y protegen; mismas que hasta hoy los responsables del “reino” de Sonora se han pasado sistemáticamente por el arco del triunfo.
@efpasillas
