A los burócratas de la institución católica en Aguascalientes: tranquilos, sólo se asomaron ideas que hipotéticamente implicarían reformar el Código Civil del Estado, no al matrimonio que celebra su iglesia, de hecho ni tiene los beneficios que se buscan, como seguridad social. A los activistas: ¿para cuándo la iniciativa de ley para replantear el matrimonio civil y el proceso pertinente para llevarlo a donde corresponde? A los políticos: ustedes, a gusto… que al cabo el pleito está entre otros (sí, esto fue un sarcasmo).
Ante las actuaciones del titular de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, por influir en la política del Estado, se han realizado múltiples manifestaciones, pero casi nulas acciones legislativas y jurídicas por parte de las organizaciones civiles, diputados, senadores o autoridades gubernamentales; lo cual es una problemática pendiente, pues muchas prácticas sólo quedan en lo mediático sin complementarse de forma integral y efectiva con los procesos y mecanismos necesarios antes los sistemas político y económico en la actualidad. Incluso se podría decir que las propias personas que aspiran a un Estado laico y democrático no pueden distinguir las jerarquías políticas formales y eclesiásticas. Se requiere deconstruir lo sagrado, pues de lo contrario sólo se ratifica el monopolio religioso y su capacidad de manipulación, ya que no se cuestiona su posición privilegiada, por lo contrario, se legitima por omisiones y reacciones. Las iglesias, como otras instituciones, están conformada por humanos, ni los dioses, ni el alma y ni los recursos espirituales de cada una de las personas están encarnados en alguno de ellos; tal vez, recobrar los cultos individualistas y comunitarios, las prácticas personales y la asociación libres entre personas con empatía espiritual, podría ser una oportunidad de emancipación para la población, pero, por el momento, debemos analizar lo actual.
En Aguascalientes, José María de la Torre ha manifestado su postura respecto a temas de coyuntura social y política, como respuesta a casos hipotéticos de iniciativas por la legalización del aborto, la eutanasia, las sociedades de convivencia y reformas al matrimonio civil que pudiesen permitir a las personas, sin importar su sexo o identidad de género, el suscribirlo. Las declaraciones del sacerdote han sido planteadas como de preocupación para sus afiliados (bautizados), sin considerar que sean o no practicantes institucionales, y aunque en sus discursos habla de “un país en el que haya patria para todos”, hace referencia al pueblo cristiano, pues como representante de una organización, su trabajo se debe a los dogmas planteados por la misma institución religiosa, y como todo ciudadano y ciudadana puede expresarse libremente. Sin embargo, sus opiniones han sido enérgicas y con enojo explícito (¿con odio?). Cuando el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de protección a la vida desde la concepción “salvo las exclusiones que establece la normatividad penal”, José María de la Torre manifestó públicamente que las modificaciones (trabajo legislativo) eran sinvergüenzadas, expresó como algo reprobable que las mujeres puedan usar métodos anticonceptivos como la pastilla del día siguiente y el dispositivo intrauterino, y apuntó “ahí se ve la mano de un gusano perverso”. Hace pocos días, respecto a la pregunta de un reportero de una posible iniciativa por las sociedades de convivencia, el empleado de la iglesia católica externó: “voy a estar atento para ver qué escriben y para ver de qué parte están; si están de parte de la razón o están de parte precisamente de los invertidos”, lo cual se tomó por organizaciones civiles de la asumida comunidad LGBT (lésbica, gay, bisexual y transexual) como un discurso de odio y promoción de la discriminación, sin embargo, hay varios puntos a analizar y debatir que giran en torno al respeto, que en ocasiones ni una ni otra parte practican, así como omisiones y reacciones que no impulsan de forma eficiente una agenda que respalde los derechos de las y los ciudadanos.
En principio, los cultos eclesiásticos se deben a sus preceptos religiosos; en lo que respecta a la iglesia católica, ésta no permitirá, a menos de una deconstrucción y construcción global de sus dogmas, el matrimonio entre personas que no sean hombre y mujer de acuerdo a su sexo e identidad asumida, ni el aborto inducido, ni la eutanasia, entre otros temas. Asimismo, como institución pugnará por hacer valer su voz, al igual que otras agrupaciones, lo cual no implica que directamente influya en las decisiones del Estado, pues un ministro no puede participar en la política formal, y a pesar de que la espiritualidad representa un elemento importante para la vida de las personas, tampoco significa que lo religioso y sus dogmas sean practicados al pie de la letra; y de ser visible que algún aspirante a ser político es altamente influido por sus creencias, anteponiendo los lineamientos de la deidad a la que venera a los derechos civiles de la sociedad, debería ser la misma población quien evitara que éste la represente.
Al referirse a los “invertidos”, su discurso partió de un supuesto planteado por un reportero a partir del caso hipotético de que se impulsara el debate legislativo sobre una aún inexistente iniciativa de ley para las sociedades de convivencia o el matrimonio igualitario, por lo que su declaración no tiene punto de incidencia al no existir propuesta alguna que reprochar. Si la expresión fue destinada hacia las personas no heterosexuales, no se puede solicitar algún tipo de disculpa o sanción, pues las únicas figuras legislativas tipificadas como expresiones homofóbicas, y por lo tanto punibles, son “puñal” y “maricón”; y por otra parte, el obispo, al no ser un servidor público, no está atentando directamente al Estado laico, pues, simplemente no tiene la capacidad de negar el acceso o modificar los derechos civiles. El gran problema es que la idea de lo sagrado y la religión, en la cultura mexicana, está tan constreñida entre nosotras y nosotros que sublimamos su participación en lo profano, que incluso (re)victimiza y no permite realizar otras acciones encaminadas a la equidad, la igualdad de oportunidades y la convivencia social.
Por otra parte, las organizaciones de defensa de la comunidad que se asume pública y políticamente como no heterosexual, también puede haber incurrido en expresiones que el prelado podría asumir como de odio y discriminación, en especial porque al sacerdocio lo que le compete es hablar del matrimonio religioso, y sus posturas deben asumirse como destinadas a ello, para lo que tienen facultad. Sin embargo, la comunidad LGBT se manifestó y generó una amplia exposición mediática del tema que sólo nutre a la producción de contenidos para las empresas mediáticas y reposicionan en lo público la agenda religiosa del obispo, mientras que los pendientes civiles no avanzan por las vías pertinentes. Es decir: se gastó energía, tiempo, capital social y económico sin incurrir de forma directa al debate sobre posibles reformas al código civil, no se ha presentado una propuesta de iniciativa por las asociaciones civiles ni por políticos, ni se ha realizado proceso alguno para que llegue a cabildo algún tipo de debate o reforma al Código Civil estatal.
Los más de medio millón de impactos que se han publicado en Twitter sobre los polémicos términos del obispo (según Tweet Archivist), las manifestaciones de ciudadanos y de más de 15 organizaciones civiles, así como la exposición pública de una queja a través de Change.org hacen visible a los sectores que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y fundamentales de cada ciudadano y ciudadana, además de que muestran que los tabúes se diluyen poco a poco entre la población; pero no se han ejercido acciones civiles, legislativas o jurídicas pertinentes.
Por ejemplo, se intentó ingresar una queja ante comisiones de Derechos Humanos, pero en lo legal, esta institución sólo puede atender presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos, con lo que se evidencia una iniciativa derivada de la confusión de términos y procedimientos. Si se apelase al artículo 192 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes que tipifica la discriminación como el “provocar o incitar al odio o a la violencia […]”, se debería probar que el término de “invertidos” fue empleado para las personas no heterosexuales y que éste hiciera apología a las prácticas señaladas, sin embargo, no es posible; a diferencia de otras situaciones, como en el caso del exdiputado local priista de Chiapas, quien expresó: “todas las leyes tienen lagunas y como se dice desgraciadamente, las leyes, como las mujeres, se hicieron para violarlas”, que incluso con sus argumentos, hace mención a una violación; lo cual es un delito sin tantas aristas a reinterpretar como la palabra “invertidos”. ¿La solución sería señalar en las leyes todos los conceptos que podrían ser considerados como de violencia?, y de ser así, ¿qué tanto se limitaría la expresión de las personas, la manifestación de sus posturas?, en contraparte, ¿algún ministro católico, como ciudadano, también podría solicitar que “mocho” sea considerado un vocablo de odio que pueda ser motivo de castigo y sanción jurídica para quien la externe?
Reconociendo que este tipo de temas son de gran dificultad para abordarse, que generan posturas de extremos a extremos; se deben incrementar los trabajos de sensibilidad y concientización que ya practican las organizaciones civiles, pero siempre acompañados del ejercicio de la ciudadanía por las vías legales, así como nuevas estrategias de interacción, considerando los esquemas culturales a los que se enfrenta la ciudadanía ante este tipo de debates que están presentes en una sociedad en plena transformación y en conflicto entre lo local y lo global. Y como humilde propuesta, podemos iniciar a considerar a los integrantes de la iglesia católica como cualquier ciudadano, que deben ser vigilados para evitar que ejerzan violencia, y también prevenir reacciones de encono, pues en ocasiones las manifestaciones validan figuras de poder sin generar esos mecanismos para defender los derechos de a quienes se intenta respaldar y reenforzar.
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