Deliberativa es el apellido de la democracia que se está imponiendo en el mundo como prerrequisito para conformar relaciones sociales de producción, poder político y cultural capaces de construir sociedades civiles totales que estén cimentadas en la equidad, la justicia -especialmente distributiva- y la gradual autonomización de sus miembros, con el fin de empoderarlas como sujetos viables a futuro, sostenibles en el tiempo y bajo un horizonte sustentable de acuerdo con los recursos disponibles, producibles y consumibles en el corto, mediano y largo plazo.
Así se están leyendo los alcances y logros de las reformas estructurales de reciente creación y que están siendo orquestadas por la presente Administración del presidente Enrique Peña Nieto, gracias a un pacto nacional de las fuerzas políticas vigentes y con miras muy ambiciosas de cambio histórico y social para México. La magia de esta articulación no depende de un solo individuo, por importante que sea, sino de la confluencia de múltiples, muy diversos actores, capaces de reconocer la pluralidad de intereses y de fines estratégicos críticos para la nación, vista como un todo.
Autores como Diego Gracia Guillén, médico y académico español, sintetiza el imperativo de la democracia deliberativa diciendo: “Quiero finalizar mi convencimiento de que el éxito de la bioética se ha debido a la necesidad que la sociedad civil siente de reflexionar y deliberar sobre los problemas relativos a la gestión del medio ambiente, del cuerpo y de la vida de los seres humanos presentes, y de nuestros deberes para con las generaciones futuras. Ya no pueden ser los médicos, ni los políticos, ni los economistas, ni tampoco los sacerdotes o los teólogos quienes detenten el monopolio de la decisión en este tipo de cuestiones. Ha de ser la sociedad entera la que delibere y decida sobre ellas” (“De la Bioética Clínica a la Bioética Global, Treinta Años de Evolución”. Acta Bioética 2002, año VIII. No. 1).
Un destacado politólogo razona acerca del porqué de la democracia deliberativa. “Habermas está consciente de la creciente complejidad y diferenciación social y cultural de las sociedades democráticas contemporáneas. Esta significa una creciente diferenciación de las maneras de ver la sociedad, en la existencia social y el modo de construir espontáneamente los intereses propios. (…) Destaca la creatividad de los procesos políticos participativos, su carácter de procesos de aprendizaje social. Estos permitirían explicitar, descubrir o construir intereses universalizables que pudieran dar lugar a consensos políticos legítimos. Por ejemplo, disminuir los costos de producción u operación es un interés particular de una empresa o grupo de empresas. Dicha disminución se puede conseguir depositando en los ríos cercanos substancias excedentes de los procesos de producción. El interés de liberarse de substancias contaminantes es un interés no universalizable. En cambio, mantener limpias y utilizables las aguas para fines agrícolas, recreativos y otros, sería un interés universalizable sobre el cual se pueden basar consensos sociales efectivos” (Jorge Vergara Estévez. La concepción de la democracia deliberativa de Habermas. Quórum Académico, vol. 2, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 72-88, Universidad del Zulia, Venezuela. P. 84, sub-tit.4).
Pongo a su consideración un caso que estimo exitoso en políticas públicas, que surgió de la deliberación política. ¿Sabe usted cómo nació el Seguro Popular? Yo puedo contarle parte de su historia.
Corría el año 2001, arranque de la Administración del Presidente Vicente Fox Quesada. Su equipo de trabajo fue encabezado desde tres instancias: -Eduardo Sojo Garza, Coordinador de Asesores de Políticas Públicas, Ernesto Ruffo Appel, Comisionado para asuntos de la Frontera Norte, y Martha Sahagún, Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia. Y en Desarrollo Humano, José Sarukhán Kermez, comisionado para el Desarrollo Social, incluyendo la Salud. Cuadros políticos bajo cuya articulación se lanzó la convocatoria del Foro de Consulta del Sistema Nacional de Salud, dentro del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Para tal efecto le fue solicitada al Estado de Aguascalientes, una propuesta en el tema de Salud, cuya tarea le fue turnada a la Secretaría General de Gobierno, bajo responsabilidad del Lic. Abelardo Reyes Sahagún, quien asignó al equipo de trabajo y a mí, dentro de la Coordinación de Asesores de dicha dependencia, la elaboración del borrador de dicha propuesta. Nos abocamos a la tarea, y presentamos un proyecto al día 7 de marzo de 2001, integrando -sumariamente- el contenido siguiente (Nota.- No incluyo elenco de autores porque es un trabajo interno bajo las competencias del equipo, y mi supervisión):
Tomamos como punto de partida el Artículo 34 fracción II de la Ley General de Salud, relativo a: “Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios”. (LGS, Art. 34, Fracc. II). Y asumimos su problemática. – En la práctica, esta norma nos lleva a una intersección -bastante compleja por cierto- entre los servicios que deben ser brindados a población abierta, como competencia propia del sector de salud pública, con los servicios que se ofrecen en exclusiva a derechohabientes de instituciones de seguridad social como son el IMSS o el ISSSTE, y más aún con los servicios estatales en salud bajo el régimen de asistencia social, sobre todo hospitalario, que implica el registro de usuarios que no gozan de un régimen de seguridad social.
Sobre esa base diseñamos una 1ª Hipótesis: – Optimizar el fondo social de financiamiento en materia de salud pública, mediante un sistema de transferencias financieras asignables transversalmente a las instituciones que brindan de hecho servicios de salud en población, ya sea ésta bajo el régimen de seguridad social, ya bajo el régimen de atención a población abierta, ya sea bajo el régimen mixto de oferta de servicios en salud bajo el régimen de mercado de pago por servicio, pero a cargo de instituciones públicas de una entidad federativa, y lograrlo gracias a un mecanismo de referencias médicas y de flexibilización de políticas en cada una de las instituciones involucradas, las cuales puedan brindar realmente servicios en salud de alta calidad y calificación médica, a todo aquel ciudadano que sea transferido con ese propósito a una institución específica, bajo el criterio de su competencia, calidad y calificación profesional, todo ello sustentado en los recursos profesionales y materiales disponibles.
Análisis de la hipótesis:- Salta a la vista que este nuevo enfoque conduce a un aprovechamiento casi óptimo de los recursos financieros disponibles en el país para Salud Pública; porque, hoy por hoy, el mismo estado sostiene orgánicamente dos sistemas de seguridad social distintos, uno para los trabajadores y funcionarios públicos y otro para los sectores obrero-patronales, además asigna financiamiento público a todo el Sistema Abierto de Salud para atención de la población no incluida en esos dos regímenes; el costo de esta racionalidad programática se manifiesta en una asignación compartimentalizada del financiamiento público, que en última instancia redunda en pérdida de cobertura, de calidad en los servicios y de parcial rendimiento final de la infraestructura instalada en cada una de las entidades federativas; de aquí se deriva la inequidad en el tratamiento a sectores de la sociedad, la falta de cobertura para toda la población y el desnivel en la calidad de los servicios.
El hecho de crear un sistema de referencias médicas interinstitucionales, da pie a generar flujos de atención a población, mucho más dinámicos, más eficaces, más viables desde el punto de vista financiero, de mayor productividad puesto que se utiliza toda la infraestructura instalada en salud, punto que es crítico para estados cuya infraestructura no cubre los mínimos deseables; y desde el punto de vista estrictamente económico se respaldaría cada referencia médica con su correlativo monto de apoyo para costear el servicio de hecho prestado, no importando la identidad de carnet ahora “exclusiva” para cada institución. En suma, el sistema de transferencias financieras en salud establecería un flujo de circulación económico más ágil y más productivo del mismo fondo social público que provee el estado, para sostener la viabilidad de las instituciones prestadoras de los servicios, sin demérito de su patrimonio y de su presupuesto con el que ya originariamente cuentan.
Mutatis mutandis, hoy opera en México el Seguro Popular, bajo una política pública universal de Salud.
