- Los gobiernos estatal y federal deben vigilar el proceso, señala Paulo Martínez
- La llegada de 7 nuevas tiendas no debe provocar el cierre de pequeños establecimientos
Los abarroteros tradicionales tienen cierto grado de responsabilidad en la pérdida de mercado, refirió Miguel Ángel Godínez Antillón, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de que la cadena Walmart anunciara la inversión de 805 millones de pesos para siete nuevas sucursales en los municipios de Aguascalientes y Jesús María.
“Eso debe provocar mayor competitividad, mayor trabajo. Luego las tiendas de abarrotes se quedan en el pasado, en no tener surtido, en el servicio, sobre todo. Han sido más prácticas algunas tiendas de conveniencia que están en cada esquina”.
No obstante, comentó que centenares de familias dependen de las pequeñas tiendas, por lo cual nadie podría pedir su cierre.
“Los hijos dependen de esa unidad económica, insisto en que debe tener mayor creatividad e innovación. Crecer, fortalecerla para que siga siendo el apoyo en el suministro de la cuadra o la colonia”.
La transnacional ya cuenta con 38 unidades de negocio en el estado, mediante las cuales emplea a dos mil 300 personas. Se prevé que para 2015 haga lo propio con mil 500 más.
En el Poder Legislativo, a finales de marzo, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social comenzó a emparejar las versiones local y federal de distintas leyes enfocadas al fomento cooperativo.
Sylvia Garfias Cedillo, vocal de esta comisión, planteó la necesidad de realizar estudios de impacto económico, pues cada tienda de conveniencia implica el cierre de entre diez y 15 negocios de abarrotes.
Destacó que los ordenamientos federales no privilegian la competencia legal, por lo cual habría que revertir la tendencia mediante una iniciativa de ley.
También en marzo comentó que “llegan los autoservicios, los centros comerciales, acaparan. Se trata de que se le dé privilegio a la economía local, con un esquema de abajo hacia arriba”.
La diputada por Acción Nacional incluso criticó el modus operandi de las grandes cadenas: “Además de que no pagan impuestos en la localidad, solamente explotan mano de obra y en cualquier momento se van”.
Un estudio de impacto con resultados negativos para firmas como Walmart, señaló en entrevista, no necesariamente debería impedir su expansión en la entidad, ya que la distribución geográfica podría convertirse en el primero de los criterios a la hora de expedir permisos.
Paulo Martínez López, presidente del propio blanquiazul en Aguascalientes, dijo desconocer bajo qué condiciones ocurriría el crecimiento de esta empresa estadounidense, señalada por pagar bajos salarios y no efectuar repartos de utilidades.
En 2012 la prensa ventiló que la misma cadena había emitido sobornos por hasta 24 millones de dólares para dominar en el mercado mexicano. Con tal cantidad habría facilitado la obtención de permisos de construcción y evadido objeciones ambientales.
Martínez comentó que “una de las partes importantes es revisar las condiciones en las cuales se quieren instalar… lo importante es que Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal, obliguen a esas empresas a cubrir las respectivas cuotas”.
En 2013, un año después del escándalo, la firma había perdido nueve mil 500 millones de dólares en valor de mercado. Una investigación periodística reveló que sobornaba tanto a alcaldes como a regidores y a burócratas de bajo rango.
La Secretaría de la Función Pública no encontró irregularidades susceptibles de sanción luego de revisar los permisos de construcción de las tiendas instaladas en México.
Sergio Cicero Zapata -antiguo abogado de bienes raíces de la empresa- fue el encargado de filtrar buena parte de los datos incriminatorios a la prensa. Aseguró que mientras los permisos solían tardar meses, Walmart los obtenía en cuestión de días.
Pie de foto: La cadena comercial anunció la apertura de más unidades en Aguascalientes. En 2012 fue exhibida por presuntos actos de corrupción con funcionarios
