Continúan casos de violencia hacia los animales en el estado

• Activistas protectores de animales buscan al o los culpables del ahorcamiento de tres perros en San Cayetano
• Desde el año pasado existe una iniciativa en el Congreso para tipificar el delito de violencia hacia los animales

Este fin de semana activistas protectores de animales y sociedad en general denunciaron un acto de crueldad hacia tres perros que fueron colgados en fila desde lo alto de un medidor de luz en la esquina de la calle Santo Tomás y San Cosme, del fraccionamiento San Cayetano; los tres mostraban marcas de haber sido torturados previamente a su muerte.

La mañana de ayer, voluntarios de la asociación Amigos Pro Animal se dieron cita al lugar en busca de información y pistas que pudieran dar con el o los culpables del acto violento, ya que para hacer efecto lo estipulado en la Ley de Protección a los Animales, debe haber una investigación que presente al causante del hecho.

“Lo que no comprendemos es la indiferencia de quienes seguramente escucharon los aullidos de lamento de los perros y prefirieron guardar silencio a salir y defenderlos”, subrayó Felipe Márquez, de Amigos Pro Animal. Para los activistas, este hecho debe servir de aliciente para que las penas se endurezcan y se encuentren otras maneras legales de poder aplicar sanciones reales que sirvan para desmotivar a quien pretenda abandonar, maltratar o matar a un animal.

Dicha ley, en su artículo primero, especifica tener por objeto la protección a los animales de cualquier acto de crueldad con que se les martirice o maltrate, y garantizar su bienestar, por considerar que todos los seres vivos son seres con una función dentro de los ecosistemas, por lo tanto, el respeto a éstos repercute en múltiples beneficios al ser humano.
En el artículo 1 Bis, fracción II, dice que ningún ser humano puede exterminar a los animales o explotarlos para realizar trabajos más allá de aquéllos que por sus características de especie pueda llevar a cabo; subraya en la fracción VII que todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un crimen contra la vida y será sancionado, pero no especifica cómo, sólo que el estado o municipios están facultados para presentar las denuncias ante las autoridades competentes, que en este caso sería la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa).

El artículo 5 Bis manifiesta que la Procuraduría debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y demás ordenamientos que emanen de ella, derivadas de la presentación de denuncia ciudadana o sin mediar denuncia interpuesta, cuando los hechos ameriten su participación, tratándose de alguna emergencia, así como poner a disposición de las autoridades competentes a quien infrinja las disposiciones de la presente Ley -nuevamente no especifica quiénes son estas autoridades competentes- y emitir recomendaciones, en cuanto a su competencia, a las autoridades estatales y municipales en las materias derivadas de la ley.

El 25 de julio del 2013, los entonces diputados José Luis Ramírez Escalera y Sergio Augusto López Ramírez, presentaron una iniciativa de decreto a la LXI Legislatura, en la cual se pretende adicionar un párrafo tercero y cuarto al artículo 191 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, donde se habla de los atentados al equilibrio ecológico doloso.

Las especificaciones quedarían de la siguiente manera:

“Se equipara Atentados Al Equilibrio Ecológico Doloso, quien por acción consciente o inconsciente, y sin causa justificada, ocasione dolor, mutilación, estrés o tormento que ocasionen la muerte de uno o varios animales domésticos.

“Al responsable de Atentados al Equilibrio Ecológico Doloso equiparado, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 250 días multa, así como el pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si el inculpado es un médico veterinario o persona relacionada con el cuidado, resguardo o comercio de animales, además de la pena de prisión se aplicará suspensión o inhabilitación, según sea el caso, por un lapso de uno a cinco años, del empleo, cargo, profesión, oficio, autorización, licencia, comercio o cualquier circunstancia bajo la cual hubiese cometido el delito”.

Sin haber logrado el consenso para el dictamen de la misma, la iniciativa se encuentra en asuntos pendientes de la Comisión de Justicia, esperando que para esta legislatura pueda ser analizada y debatida, en respuesta a estos actos de violencia y múltiples denuncias ciudadanas.

Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, en 1978 se efectuó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales por la UNESCO, en la cual, en su artículo tercero se señala que ningún animal será sometido a malos tratos, ni actos de crueldad y que si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

Hasta la fecha, legisladores del PVEM han buscado el endurecimiento de las penas por maltrato animal en más de 20 estados de la República, teniendo resultados favorables en menos del 50 por ciento; lo cual indica que en el país aún no se tiene plena conciencia de que la violencia hacia un animal es el preámbulo para la violencia hacia un ser humano, esto según lo indicó el dirigente estatal, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.

Pie de foto: El país aún no se tiene conciencia de que la violencia hacia un animal es el preámbulo para la violencia hacia un ser humano: Gutiérrez Gutiérrez