En la década de los 80 se puso de moda esta frase que, como estribillo junto con su complementaria de “y sólo tanto gobierno como sea necesario”, dio paso a una nueva era en el desarrollo sociopolítico de México. El concepto, como lo manejó Manuel J. Clouthier en su campaña por la Presidencia de la República, reflejaba una demanda por el fin del autoritarismo gubernamental.
La idea de sólo tanto gobierno como sea necesario, se trastocó con la perspectiva del liberalismo económico de aquella época, impulsado desde la sede del poder financiero en la ciudad de Washington. Dio origen al desmantelamiento del estado benefactor que había construido el “nacionalismo revolucionario” que trajeron consigo los gobiernos emanados del PRI absolutista. La nueva ideología de los herederos del poder absoluto, que se dieron un descanso de doce años hasta volver con nuevos bríos en 2012, ha cobrado fuerza de nuevo con la instauración de un gobierno que es percibido como omiso cuando de justicia social se trata y decidido a defender intereses económicos de una minoría.
A principios de este mes de agosto, la mina Buena Vista del Cobre, en Cananea, derramó sobre los ríos Bacanuchi y Sonora 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas. Con ello ha puesto en riesgo la salud y la vida de personas y ecosistemas y dañando real y potencialmente la producción agrícola y ganadera de la región. Sin embargo, al ser la minería una de las actividades con mayor peso en el actual modelo económico mundial, es también, junto con el sector de los energéticos, los alimentos y la industria químico-farmacéutica, uno de los sectores más poderosos, con mayor capacidad de persuasión ante las naciones y los gobiernos del mundo.
El gobierno actual no ha sido particularmente activo para evitar la contaminación de los ríos de Sonora, ha evadido la discusión respecto a revisar los salarios en aras de una urgente justicia laboral y responder ante los daños causados en construcciones y el medio ambiente por el proceso llamado “fracking” o fractura hidráulica con el que compañías privadas extraen gas del subsuelo. Estamos viendo cómo se destruyen mercados locales porque los gobiernos impulsan el paradigma de los centros comerciales de grandes superficies, y permiten que tanto las riquezas naturales como el uso del espectro electromagnético se exploten con beneficios exclusivos para unos cuantos. Somos callados testigos de las palabras que cristalizamos hace treinta años convertidas ahora en pertinaz realidad cuando demandamos menos gobierno, porque entonces nos ahogaba su omnipresencia. La cuestión es que no hemos podido concretar la otra parte de esa demanda, la de hacer tanta sociedad como sea posible.
El imaginario cultural que llamamos realidad cotidiana se crea con lo que fluye por los medios masivos de comunicación. Pero la información a la que tenemos acceso es generada, en su gran mayoría por el gobierno. Según estimaciones de especialistas en comunicación, más de la mitad de los anuncios, noticias y espacios para la promoción e imagen es cubierta por los gobiernos. De allí que son éstos quienes modelan lo que piensa la gente común. La otra mitad se cubre con noticias sobre lo que hacen los políticos y publicidad comercial principalmente, dejando muy escasos espacios disponibles para la difusión de ideas, conceptos y temas que son necesarios para la construcción de capital social e identidad de la sociedad civil. Por eso, cuando queremos “tanta sociedad como sea posible” no sabemos, en general cómo o por dónde comenzar.
Dentro de todo el cúmulo de acciones que el gobierno federal ha realizado, poco se conoce de los compromisos asumidos por el actual gobierno con la sociedad civil organizada, contemplados en el “Plan Nacional Desarrollo 2013-2018”, y en el “Compromiso Presidencial CG-090” que establece “Promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada”.
Si bien es de reconocer la apertura -acotada, pero apertura al fin- del gobierno en cuanto a la consideración de incluir programas realizados conjuntamente con la sociedad civil, de poco sirve si no se aprovecha; pero sobre todo, si no se parte del concepto fundamental de que la participación de la sociedad en todo lo que es de interés público es un derecho fundamental, no una graciosa concesión gubernamental.
El tema es de crucial importancia en estos momentos cuando de definir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo se trata. El estímulo gubernamental para el fomento de las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es muy importante para contribuir con los apoyos que estas organizaciones brindan a terceros y cubre actividades que el gobierno no realiza. Sin embargo, y pese a la creciente importancia de las OSC debido a los servicios que provee así como en su incidencia pública, los estímulos económicos otorgados a las OSC no han ido en aumento de acuerdo a las necesidades e importancia del sector.
Actualmente el gobierno reporta haber otorgado a las OSC apenas un tercio del uno por ciento del presupuesto de la administración pública. Sin embargo, si de los 5,400 millones de pesos que en 2013 entregó el gobierno a las OSC se resta la parte que se dio a entidades creadas por el propio gobierno bajo el régimen de Asociaciones Civiles (como si fueran de la sociedad civil), la cantidad resulta casi la mitad.
A través del Consejo Técnico Consultivo que prevé la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las OSC, órgano representativo de las OSC ante el gobierno, se ha solicitado formalmente duplicar el recurso destinado a crear tanta sociedad como sea posible. Lo que de esto resulte reflejará la congruencia gubernamental respecto al compromiso de promover programas realizados conjuntamente con la sociedad civil.
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