- La ASF involucró a Aguascalientes en diversas irregularidades con el gasto federalizado
- En el sector educativo hubo “compensaciones discrecionales”, sin mediar evaluación alguna
El miércoles 23 de julio se le dijo a los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia que la mayor parte de las observaciones emitidas a la cuenta pública de 2012 ya se encontraba subsanada. Los diputados no tuvieron oportunidad de detalle, pues el reporte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes no mostraba ni las causas que motivaron cada observación, ni el nombre de la dependencia imputada, según refirió la panista Martha Márquez Alvarado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ejecutó un análisis al gasto federalizado que la entidad ejerció durante el mismo ejercicio, el de 2012.
Aguascalientes, junto con otras entidades, fue partícipe de múltiples irregularidades financieras. Por ejemplo, fue una de las 28 en emitir pagos -por mil 384 millones de pesos- a los trabajadores que comisionara el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En la Evaluación de la Fiscalización Superior al Gasto Federalizado, documento de 154 páginas, además consta que se detectaron “pagos de compensaciones discrecionales a empleados sin mediar lineamientos, evaluaciones o comprobación que justifique su entrega en Aguascalientes, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo y Sinaloa, por un total de 583.6 millones de pesos”.
De igual manera hubo pagos a trabajadores cuya plaza no se encontraba en el catálogo de puestos educativos. El total de este agravio, acontecido en 15 estados, llegó a los 126.6 millones de pesos.
En lo tocante al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se señala que se destinaron 138.9 millones de pesos al pago de personal que no acreditó el perfil del puesto para el que fue contratado. Junto con Zacatecas, el Distrito Federal e Hidalgo, Aguascalientes fue una de las 25 entidades infractoras.
El auditor superior encontró toda una serie de “pagos a personal con plaza de médico que realiza funciones administrativas, por 331.5 millones de pesos, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas”.
Sólo durante 2012 Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo y Jalisco subrogaron medicamentos sin documentación comprobatoria del gasto por 954 millones de pesos.
Aguascalientes y otros cinco estados dejaron de entregar 33 millones de pesos correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Estatal. El recurso fue destinado a obras sin impacto contra la pobreza, o bien, sencillamente hubo programas que no llegaron hasta la población “en condiciones de rezago”.
La entidad también generó opacidad en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al aceptar “transferencias bancarias indebidas” y adquirir bienes y servicios desvinculados con los objetivos del fondo.
Luego de la revisión de la cuenta pública de 2012 Aguascalientes terminó con 164 observaciones, de las cuales derivaron 174 acciones: 93 recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, siete solicitudes de aclaración, 43 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 30 Pliegos de observaciones.
Al gobierno se le practicaron 16 revisiones, ocho a cargo directo de la Auditoría Superior de Fiscalización, y ocho a cargo del Órgano Superior de Fiscalización. Hasta el pasado mes de marzo aún no se resolvían doce de estos dictámenes.
Pie de foto: La cuenta pública de 2012 generó 164 observaciones federales para la administración pública de Aguascalientes
