Ingenuos que somos, nos preguntamos por qué ni el panismo, ni el petismo, ni el perredismo, ni nadie de la oposición se ha animado a preguntar, por las vías oficiales, por qué el Congreso aún carece de una Unidad de Evaluación y Control que le eche un ojo a los trabajos del Órgano Superior de Fiscalización. Pasan los años y el área de la fiscalización no ha logrado despojarse de las sospechas. Durante la LX Legislatura -la misma que aprobara la última cuenta pública de Luis Armando Reynoso Femat– había tres priistas en la Comisión de Vigilancia: Alberto Solís Farías, Martín Chávez del Bosque y Tagosam Salazar Imamura.
Those were the days my friend… Entre 2009 y 2010 el despacho Deloitte fue contratado para hacer una auditoría completa, incluida la gestión de la Comisión de Vigilancia. Los resultados jamás salieron a la luz pública, y lo que es más, la diputación entrante se dio a la tarea de impedirlo. Ya con la LXI Legislatura en funciones se reformó la Ley de Fiscalización. Fue entonces cuando surgió la Unidad de Evaluación y Control, la cual jamás entró en prácticas. Ni la ocupación del edificio del Órgano Superior de Fiscalización a manos de la policía fue motivo para que la Comisión de Vigilancia, ya en manos del también priista Arturo Robles Aguilar, propusiera al Pleno un perfil para coordinar esta unidad. Y más aún, el sujeto que hacía las veces de su titular, el antiguo contador mayor del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez, fue sacado por la puerta de atrás, bajo sospecha de cercanías con el panismo.
¿A qué le tiras cuando sueñas jesusmariense? Hoy ejerce una nueva diputación y como decíamos en un principio, nadie se anima a poner en marcha la Unidad de Evaluación y Control. La única iniciativa en esta esfera es la de los priistas, pero no para empoderarla, sino para desaparecerla. Las disputas internas sí son factor de distracción. Por enésima ocasión se dice que hay un acuerdo para retirar de la coordinación de Acción Nacional a Adolfo Suárez, quien ahora está más que interesado en suceder a Antonio Arámbula en la Presidencia Municipal de Jesús María. Cierto es que la bancada no ha salido a pelear este faltante con el mismo ímpetu que peleó por la pretendida imposición de Fernando González de Luna como magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia. El asunto está para que cualquiera ponga el ejemplo. El Congreso no puede exigir que la ciudadanía se comporte cuando él mismo no lo hace. Esa Unidad de Evaluación debería estar en operaciones desde hace varios meses, según la Ley de Fiscalización Superior, y según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿A quién le sirve que no se haga nada? La respuesta es sencilla… a todos.
Orejas de burro. De acuerdo con la encuesta que recientemente publicóCarta Paramétrica, siete de cada diez entrevistados consideran que la información del Gobierno Federal, estatal y municipal en materia de: gastos, sueldos de funcionarios o datos de licitaciones es oculta y difícil de conocer. Llama la atención que los ciudadanos no perciban que ni a nivel local, el cual debería ser el más cercano a la ciudadanía, existe transparencia sobre los datos que por ley deberían ser públicos, en resumen, señala la competencia de Roy Campos que en materia de transparencia, los mexicanos estamos reprobados, y hace un apunte que vale la pena transcribir completo, citamos:
“El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno. Ha sido una de las banderas de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, quienes buscan exaltar este derecho con el fin de que todos podamos fiscalizar a los servidores públicos, contribuyendo a la consolidación de una democracia de calidad. Recordemos que la transparencia es una de las características fundamentales de un estado democrático.
“En México, bajo la administración de Vicente Fox Quesada, en el año 2002, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo que tiene como objetivo: garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública gubernamental, proteger los datos personales de los individuos y resolver las negativas de acceso a la información que dependencias o entidades del gobierno hayan formulado.
“A pesar de la importancia que tiene el IFAI para la sociedad, es una institución poco conocida por los mexicanos, de acuerdo con datos de la encuesta de Parametría de mayo de 2014, el 72% de los entrevistados no supo o no contestó qué era este organismo. Únicamente 18% señaló de forma correcta que IFAI refería al Instituto Federal de Acceso a la Información”.
“El IFAI ha tenido injerencia en múltiples asuntos importantes, sus resoluciones sobre: el endeudamiento de estados y municipios, el salario de los servidores públicos, las condonaciones de créditos fiscales por parte del SAT, las contrataciones de CFE, los recursos de los programas de asistencia pública, son por mencionar algunos, los temas en los que ha tenido que intervenir. Parte del desconocimiento que tienen los ciudadanos de esta institución, puede venir de la poca identificación de las funciones que tiene tan importante organismo”.
Digan rana y salto… Nos permitimos esta larga cita y adelantamos los apuntes sobre las intenciones del Congresito de desvanecer la Unidad de Evaluación y Control, para señalar que a pesar de lo que el ambiente político indique, en verdad a nadie le conviene que deje de existir un organismo que analice los trabajos del Órgano Superior de Fiscalización; no se puede andar por las cuentas públicas con la cachaza del exdiputado Arturo Robles Aguilar, quien mientras estuvo a cargo de la Comisión de Vigilancia empleó su cargo para proporcionar herramientas a los diversos grupos que al interior del PRI se peleaban las candidaturas; penoso es recordar que en todas las ocasiones en que el priista fue cuestionado acerca de los trabajos del OSF, nos daba el pase por chicuelinas y que, off the record fue cómplice de la fuga de información que delató el número de personas que cada diputado podía colocar en la administración pública como recomendados. A eso nos referimos con los riesgos de banalizar la discusión sobre la rendición de cuentas y hacer como que no pasa nada, hay temas que no pueden ser rehenes de la ambición de ningún grupo político, pues tarde o temprano (en México casi siempre tarde) no falta el que aprovechando la turbiedad de las aguas, saque los trapitos al sol de alguien, señale lo largo de la cola ajena, casi siempre con la intención de beneficio propio.
Sume que tanto las dirigencias del PRI y el PAN, los tricolores a través de su delegado Juan Manuel García García, los blanquiazules mediante funcionarios de segundísimo nivel en la administración municipal capitalina, no dudan en echar leña al fuego al intercambio de acusaciones banales. En el caso de Acción Nacional, se debe reconocer que al menos Martín Orozco Sandoval ha sabido comportarse a la altura ante la intención del priismo de mostrarlo como un moderno Antonio Díaz Soto y Gama y lo acusan de hacerle cosas indecibles al lábaro patrio, la respuesta del senador ha sido: dejen que corra la denuncia, al final se verá que es pura paja. Lo terrible ha sido la respuesta de un sector “duro” del panismo, empleando a los delegados de Antonio Martín del Campo para salir a vender sus opiniones como denuncias penales; más allá de que sea obligatorio considerar inocente a cualquiera, ¿quién que presume sus fotos de su fiesta de cumpleaños abrazando a Luis Armando Reynoso Femat puede presumir de calidad moral?
La del estribo. Ay, políticos, nos duele su ignorancia, que Gonzalo N. Santos haya hecho el chiste de que la moral es un árbol que da moras, era eso, un chiste.
@PurisimaGrilla
