- Oswaldo Rodríguez García encabezó la organización de un foro-consulta sobre su iniciativa para reformar la ley penal estatal
- La modificación pretende adicionar disposiciones al artículo 113 BIS, que hace mención a los homicidios y lesiones derivadas del acto médico profesional
En el Foro Consulta Legislativa de la Reforma a la Ley Penal del Estado, promovido por Oswaldo Rodríguez García, quien funge actualmente como secretario de la Comisión de Salud, se discutieron las repercusiones y contenidos del planteamiento presentado por el legislador.
El diputado local por Movimiento Ciudadano, Rodríguez García, habló de la necesidad de abordar el tema a través de una dinámica de intercambio de posturas dado su carácter polémico y subrayó que la propuesta no busca proteger a un sector de la sociedad, sino permitir identificar la diferencia entre los diferentes fenómenos a los que se enfrenta un médico en su profesión.
Ramón Guerrero Martínez, presidente del Colegio de México en Aguascalientes refirió que los médicos no buscan que se despenalice al médico sino que se diferencia entre las lesiones provocadas con dolo y una intervención quirúrgica. Recordó que el mismo planteamiento se encuentra aprobado en estados como Hidalgo, Baja California, Colima y San Luis Potosí y sentenció “queremos que se nos trate como cualquier ciudadano con la garantía de presunción de inocencia”.
Carlos Casillas, presidente del Colegio de Cirugía Estética en el estado aceptó que el médico es una profesión que puede equivocarse y advirtió sobre la pretensión de que no se criminalice en el primer acto, argumentando que la profesión se ha convertido en centro de la crítica, lo que ha provocado daño moral por la afectación mediática, que no resarce el daño aun cuando se compruebe que el médico no ha sido responsable. Detalló además que en los casos de Hidalgo y Baja California la iniciativa fue propuesta por los gobernadores durante 2008 y 2011 respectivamente y habló de la doble punibilidad en caso de ser médicos que cuenten con certificaciones apócrifas.
Al igual que sus antecesores en el uso de la voz, Santiago Romo, presidente del Colegio de Anestesiología, estableció que la modificación no pretende evadir la responsabilidad del médico sino ser juzgados por instancias médicas, lo que posteriormente le valió la crítica por parte del ombudsman estatal, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, quien señaló que no es posible que se llegue al extremo de juzgar por pares y aseveró que no existen vacunas contra las denuncias hacia los médicos.
Erick González Macías, médico forense que labora en Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, habló de la necesidad de fortalecer a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed) así como establecer un vínculo para que los forenses puedan realizar dictámenes confiables en demandas a las que se enfrenten.
Algunos como Salvador Martínez, enfatizaron el encarecimiento de los servicios de salud y la nula inversión a este, además de la falta de infraestructura hospitalaria para realizar diagnósticos confiables que eviten problemas futuros.
Juristas como Sergio Delfino Vargas vieron con buenos ojos el planteamiento, manifestando que con esta se puede garantizar la libertad en el ejercicio de la profesión, sin que eso signifique que estén liberados de responsabilidades, añadió la obligación de castigar la charlatanería y evitar que los médicos caigan en el conformismo de evitar procesos, realizando indemnizaciones sin justificación alguna.
Durante la discusión participaron un importante número de juristas y médicos que contrastaron la dimensión de la propuesta, poniendo especial atención en la exigencia de diferenciar el homicidio por lesiones derivadas del ejercicio profesional, de la negligencia o las malas prácticas, el contraste entre las lesiones dolosas y las culposas y la posible incorporación de un consejo de certificación médica para profesionistas y hospitales.
Finalmente, Luis Fernando Muñoz López, como presidente de la Comisión de Justicia aseveró que no se puede adelantar si se aprobará o no la iniciativa, lo que dijo, dependerá de su discusión y aprobación por parte de los legisladores y la dinámica que adopten en el Pleno, basándose en la revisión y valoración por parte de la comisión y garantizando que esta no se convierta en una camisa de fuerza, donde la votación a favor o en contra estará condicionada por los dilemas que se aborden.
