Caminos sin ley / Extravíos

Cuando en 1938, Graham Greene visitó México por vez primera, lo que de inmediato llamó su atención fue la incertidumbre que prevalecía. Al inicio de Caminos sin ley -su crónica de ese viaje y que sólo hasta 1996, cincuenta años después de su edición original en inglés, pudo ser publicada en México- Greene anotó, al enterarse del asesinato de varias personas por parte de un jefe de la policía, que “ésta era la noticia habitual de todo diario mexicano: no pasaba un día sin que alguien fuera asesinado en alguna parte.” En las cinco semanas que ocupó en recorrer varias regiones y ciudades del país -Monterrey, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Orizaba, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Puebla- Greene fue confirmando una y otra vez su primera impresión de que México era una tierra en que, cualquiera que fuesen la dirección escogida, todos sus caminos eran caminos sin ley, caminos por donde el Estado de Derecho nunca transitaba ni se asentaba.

Es muy probable que si Greene pudiese recorrer el México de hoy sus impresiones no serían muy diferentes: entre nosotros la vigencia del Estado de Derecho sigue siendo más una aspiración que una realidad verificable. Y, hoy como hace 78 años, no pasa un día sin que los medios, nacionales o locales, den cuenta de algún hecho que muestre cuán bajo y precario sigue siendo el apego que tenemos por la ley.

De ahí que resulte más que inquietante conocer los resultados que México registra en el informe Rule of Law Index 2014(RLI) que ha presentado recientemente The World Justice Projet (WJP). El índice mide el grado de apego o adherencia a la ley que prevalece en un país. Son cuatro las premisas que hacen que un Estado de Derecho tenga vigencia: la rendición de cuentas de las autoridades públicas; contar con leyes claras, estables, justas y públicas; una aplicación de las leyes accesible, justa y eficiente y, una administración de justicia competente, ética, neutral e independiente.

A partir de ello se diseñaron 47 indicadores que se agruparon en ocho ejes temáticos: 1) límites al poder del gobierno, 2) ausencia de corrupción, 3) apertura del gobierno, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil y 8) justicia criminal. (Un noveno eje, la justicia informal, se incluye en el marco analítico pero, por dificultades de medición, no se incorporó en las estimaciones del índice).

De acuerdo a WJP con los cuatro primeros ejes es posible observar la vigencia de los límites que la ley establece tanto al ejercicio del poder público como de los individuos y las entidades privadas, en tanto con los cuatro últimos se aprecian las formas en que el Estado limitan las acciones de los integrantes de la sociedad así como el modo con que los gobiernos cumplen sus obligaciones de ofrecer seguridad pública y garantizar el acceso a la resolución de conflictos y a la reparación de agravios. Buen parte del atractivo del RLI radica en que la información básica es proveída, por un lado, por lo que es la experiencia cotidiana y la perspectiva que los ciudadanos tienen ante la aplicación de la ley en el país y, por el otro lado, y por la opinión de un panel de profesionistas y académicos en diecisiete disciplinas y que son expertos en los diferentes casos nacionales. Para lo primero, el WJP aplicó mil encuestas en cada uno de los 99 países en observación (donde reside 90% de la población mundial) y para lo segundo administró cuestionarios especializados.

En el cuadro adjunto se sintetizan los resultados que obtuvo México en el más reciente ejercicio de la WJP. No hay mucho de que sentirse orgullosos y sí mucho de que ocuparse. Nuestra clasificación general es apenas del 0.45 y ocupamos el sitio 79 del ranking mundial, el 26 entre 29 países de desarrollo similar y el 12 entre 16 países latinoamericanos. Manteniéndonos exclusivamente en el ámbito regional podemos decir que sólo países como Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Venezuela muestra un grado de desapego a la ley mayor que el nuestro. Un aliciente más bien patético: ni en los Mundiales de futbol nos va tan mal.

Y si bien en prácticamente cada uno de los ejes bajo observación el país registró una calificación menor a 0.6 -ni de panzazo aprobamos alguna de las asignaturas- en algunas áreas estamos mejor que otras o, si se prefiere, menos mal que en otras. Los cuatro aspectos mejores evaluados son los asociados al control sobre el ejercicio del poder público y privado (ejes 1, 4 y 6) y la apertura del gobierno (eje 3), ámbitos en que el país quedó también en mejor posición en los ranking globales, regionales y por nivel de ingreso. Donde se ensombrece enormemente el panorama es en los ámbitos de la corrupción (eje 2), la administración de justicia civil (eje 7) y criminal (eje 8) y la seguridad y orden público (eje 5). Hay aquí una verdadera zona de desastre que queda más que confirmado con el hecho de que en estos ejes en especial México suele ubicarse entre los últimos sitios de los rankings respectivos.

No parece sensato, desde luego, entender este desapego como una celebrable manifestación de nuestro supuesto gusto por el relajo y el desorden o como una curiosa e inofensiva muestra de una igualmente supuesta idiosincrasia.

La ausencia o fragilidad de un Estado de Derecho tiene costos muy altos que, como país, todos pagamos, pero que, al final del día, pagan sobre todo quienes menos recursos y oportunidades tienen. Conviene tener en mente que un Estado de Derecho débil significa, entre otras cosas, el imperio de la arbitrariedad y la impunidad, las nupcias entre la corrupción y la opacidad, la multiplicación de los atropellos a los ciudadanos y a los derechos humanos, el asentamiento de la inseguridad pública, el predominio de los poderes fácticos, una administración de justicia ineficiente, parcial, inoportuna y discriminatoria y, en fin, la incertidumbre en la actividad económica formal y el incremento de los costos de transacción.

No es exagerado, entonces, pensar que la calidad de nuestra convivencia social y el desempeño de las instituciones públicas están ligados directamente a la solidez y vigencia del Estado de Derecho. No lo es tampoco afirmar que las reformas realmente pendientes en México son aquellas que nos conduzcan hacia un Estado de Derecho vigoroso, vigente en cada uno de los rincones de nuestra geografía…y nuestros usos y costumbres. Transitar hacia Estado de Derecho podría hacer la diferencia entre el México en que vivimos y en el que deseamos vivir.

Fuentes: Graham Greene, Caminos sin ley, prólogo de Raúl Ortiz y traducción de J. R. Wilcock, México, CONACULTA, 1996. El documento Rule of Law Index 2014 está disponible en  http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.