Por: Sylvia Garfias
Vivir en Aguascalientes es apasionante. Se tiene la idea de que los aguascalentenses -por nacimiento o convicción- somos gente trabajadora, creyente, buena y poco contestataria, pero esta percepción es un punto de vista al que me gustaría sumar el propio, con mi gratitud a La Jornada Aguascalientes por permitirme este espacio. Porque durante los años de trabajo en el quehacer periodístico y como comunicadora, he tenido la oportunidad de conocer de los barrios del Centro, no sólo su rica arquitectura colonial, sino su problemática comercial, de uso de suelo y reclamos vecinales; más allá del desarrollo de la modernidad en la zona norte con centros comerciales y fraccionamientos de lujo, el contraste con poblaciones para las que es remoto alcanzar siquiera los objetivos del milenio, por ejemplificar.
Esa pasión de observar y dar voz a la sociedad, ahora es la base de mi responsabilidad como diputada en la construcción un marco legal justo, vigente y que esté acorde con las necesidades de una ciudadanía cada vez más participativa que además, demanda de sus autoridades transparencia, rendición de cuentas y resultados.
Ser representante popular implica, sin duda, mantener contacto con niños, ancianos, madres que se han convertido en proveedoras y jefas de familia, adolescentes que han encontrado en las adicciones una fuga, hombres que han emigrado en busca de oportunidades de empleo, empresarios que apuestan su capital con la expectativa de desarrollarse y de generar desarrollo, así como numerosas historias y circunstancias ante las cuales ahora me corresponde, al igual que a mis 26 compañeros en el Poder Legislativo, hacer de la voz, acciones cuyos efectos incidan en miles de vidas.
Desde mi primer pronunciamiento en la tribuna del Congreso, en noviembre de 2013, manifesté que Acción Nacional tendría disposición de diálogo con el Poder Ejecutivo, mas no de ser comparsa; cuestioné desde ese momento los porqués de la opacidad tanto en cuentas públicas como en el funcionamiento de programas sociales; de la discrecionalidad en los apoyos para distintos sectores, entre ellos las empresas y el campo; de las deficiencias en la administración pública y en la procuración de justicia; del uso y destino de los recursos asignados al Instituto de Educación de Aguascalientes, entre otros temas que a partir de la experiencia y labor periodística he podido tener conocimiento, investigar y constatar.
Temas y acontecimientos que no pasan inadvertidos ante los ojos de la sociedad y de los medios informativos, como el fracaso del modelo de la segunda parte de los recientes gobiernos estatales donde reinaron la desinformación, las traiciones, las prisas y la deslegitimación como saldo de la apuesta por controlar no nada más a sus respectivos partidos, sino a los otros poderes, apuesta que ni a Miguel Ángel Barberena, ni a Otto Granados, ni Felipe González González ni a Luis Armando Reynoso Femat les valió, por el contrario, Aguascalientes perdió inversiones en materia de agua y campo, en infraestructura, en continuidad y eficiencia de programas: gobernar pretendiendo controlar no fue más que muestra de desesperación y falta de agudeza política que a nadie favoreció: Aguascalientes perdió.
Justo es el oficio periodístico, como forma de vida e innata profesión, lo que me trae a poner a consideración del lector mi óptica en torno a temas de interés público, a buscar sus complicidades o su disentimiento en un diálogo desde esta otra trinchera, es seducción inevitable.
Quienes por circunstancia y apoyo social ocupamos en un momento de nuestra trayectoria una representación popular, no debemos delimitar el encargo y perdernos en la vida burocrática, por el contrario, es cuando hay que agudizar los sentidos para percibir y trabajar en función del latido social ¿Por qué no… participar, responder, descubrir, conocer, investigar, manifestar, increpar, disentir o apoyar?
*Legisladora y periodista. Comunicóloga de profesión, ha dedicado gran parte de su vida a conocer, estudiar y difundir el acontecer de los actores sociales en Aguascalientes y, ahora como diputada, a defender el interés colectivo para establecer un marco legal justo y fiscalizar que las instituciones de gobierno hagan su trabajo.
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