La sociedad que somos los mexicanos pone, una vez más, en entredicho los dogmas e ideologías dominantes que dan fundamento al Estado de Derecho que pretende derivarse del Derecho Positivo tal como está instalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Legislación vigente. Y esto es así porque muy pocas instancias se atreven al abordaje de la pregunta fundamental de la Teoría del Estado: ¿Cómo es que la fenomenología social antecede a los principios del Derecho Positivo, y cómo es que los pre-condiciona, y nunca puede ocurrir a la inversa?
Esta pregunta que hubo de ser de obligatoria discusión, por ejemplo, con mis estudiantes de Derecho en materia de Teoría del Estado o de Ciencias Políticas, hace unos años, se impone como necesaria para poder entender un dilema fundamental sobre el sistema jurídico que nos rige, -por demás semejante a aquel otro ancestral de ¿qué fue primero el huevo o la gallina?-. Desde mi punto de vista, este nudo gordiano se pude desatar de un solo tajo, mediante el asentimiento sin rodeos de que es el hecho social el que funda al Derecho y no al revés.
Desconocer o rehusar esta simplísima afirmación, tiene consecuencias serias e inevitables para la construcción de un sistema político y social que pueda sostener su unidad, coherencia y, por tanto, su funcionalidad; es decir, eso que la ciencia social llama: homeostasis. Valga la notación de que en México, la Teoría Política emergente de la época postrevolucionaria privilegió el uso del análisis Sistémico, y luego en la era contemporánea del Neoliberalismo o de la mundialización -nuestra Glasnost- se ha privilegiado el análisis Funcionalista (eso de satisfacción de la oferta-demanda; input-output, mercado y expectativas, etc.), en una curiosa mezcla con el anterior. Véalo, si no, en esos inéditos contrastes del estilo y modo de gobierno del Distrito Federal, de la Federación en cuanto que tal y del resto de los Estados constituyentes de la Unión. Ejemplo hoy notabilísimo del ensayo de aplicación de un nuevo sistema electoral, central, pero federativo, con algunas concesiones a la “soberanía-asociación” de los estados libres y soberanos del país.
Decíamos, pues, que si primero es el hecho social y, luego -entiéndase bien claro, un después- el principio jurídico, entenderíamos con harta claridad esa paradoja que nos trae a cuentas, el último estudio emitido por el Instituto Nacional Electoral (antes IFE), que acaba de publicar como: Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, con la colaboración de El Colegio de México; y es presentado por el actual presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo: “Los resultados de este informe son, en muchos sentidos, alarmantes y enfrentar esta realidad depende de una profunda revolución cultural. Ha llega el momento de pasar de proyectos cortoplacistas y fijarnos objetivos de aquí a 25 años” (La Jornada, Política 3, martes 17 de junio de 2014).
Los focos rojos han sido encendidos por la masiva desconfianza percibida y expresada por los ciudadanos mexicanos hacia sus instituciones, jurídicamente y políticamente fundadas, al igual que hacia sus principales actores políticos. Así de claro y simple.
El objetico central de tal investigación, se dice, es contribuir a la formación de competencias cívicas y a la creación de condiciones que posibiliten el ejercicio de los derechos ciudadanos. Dada la complejidad de esta tarea, el Instituto reconoce la necesidad de promover un diálogo a nivel nacional entre los distintos actores del país sobre los factores que inciden en los procesos de construcción de ciudadanía. El Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México tiene como objetivo contribuir al desarrollo de este diálogo, poniendo a disposición de la sociedad información objetiva, actualizada y relevante sobre valores, percepciones y prácticas ciudadanas y su relación con diversos sujetos de intermediación y representación políticas. (Pp. 13-14). Y con toda claridad plantea su hipótesis principal: La hipótesis central de este estudio es que la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción que se puede caracterizar por su relación de desconfianza en el prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la procuración de justicia; su desvinculación social en redes que vayan más allá de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas; y su desencanto por los resultados que ha tenido la democracia. (Ibídem, p. 19).
Esta apretada síntesis es imperdible y luminosa, se asume que el motor-inmóvil -o causa primera, como diría el filósofo Aristóteles- de la Democracia, es precisamente la relación societal de confianza, tanto de los individuos entre sí, como de éstos hacia los grupos comunitarios inmediatos y de la sociedad en general, para poder construir un todo social y político integral, armonioso y coherente, que sea capaz de dar sustento a su estructuración y dinámica superior como sociedad políticamente organizada. Este hecho social, profundamente imbuido en su Historia, es el prerrequisito para esa llamada: construcción de calidad de la ciudadanía.
¿Por qué resultamos ser, en los hechos, una sociedad tan desconfiada, arisca, ladina y remilgosa? Si atendemos a los resultados de la investigación, tenemos que: 75.3 (por ciento) de los ciudadanos afirman que otros se sienten discriminados por razón de su Apariencia física y 76.4 Clase social; pero los que se sienten víctimas de la discriminación suman el 18.4 por su Apariencia física, y el 20.4 por su pertenencia de Clase social. Debido a la inseguridad, un número importante de ciudadanos han cambiado sus rutinas: por el temor a sufrir algún delito: 64.5% ha optado por no llevar cosas de valor; 50% decidió no caminar alrededor de su vivienda después de la 8:00 de la noche; 48.5% ya no permite que sus hijos menores salgan, y otros decidieron diversificar sus rutinas para visitar a sus parientes o amigos. La imagen de la policía también se ha deteriorado: 66.7% considera que el desempeño de las policías estatales o municipales ha sido poco o nada efectivo (Ut supra, p. 39). Del lado de la victimización, los hechos se corroboran por otro estudio, y son contundentes: Hay datos que muestran cómo han aumentado los delitos graves; los datos de 2012 son 25,583 homicidios; 4,007 desapariciones forzadas; y el más escandaloso es el de los secuestros, con 105,682. El crimen organizado fabrica diariamente una potente y próspera industria del secuestro. (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe)).
El respeto a la Ley merece los siguientes rangos: el 37 (por ciento) opina que se respetan poco las Leyes, el 29 algo, y sólo el 4, mucho; el 29 opina que nada (hay de respeto a las leyes) y sólo el 1 no sabe/no contestó. Sobre el respeto a los Derechos Humanos, los ciudadanos opinan: en un 44 por ciento que las autoridades respeten los derechos humanos, y un 54 que las autoridades capturen a las personas acusadas de cometer algún delito. En participación electoral, está en predominio rampante el abstencionismo y a nivel civil comunitario los porcentajes alcanzan apenas dos dígitos. Y en nuestro tema, “a nivel nacional el porcentaje de encuestados que respondió que sí se puede confiar en la mayoría de las personas fue de 28%, mientras que 72% respondió que no se puede confiar en la mayoría de las personas. Este porcentaje representa un incremento frente a 10% que respondió en 2003 que se puede confiar en la mayoría de la gente, en contraposición con no se puede ser demasiado confiado al tratar con la gente (Moreno, 2005).
Digámoslo neto y firme: la desconfianza es el antivalor destructivo de la construcción tanto de comunidad como de ciudadanía, el presente informe ataca este flanco, el otro flanco lo conforma el límite de legitimidad de las propias instituciones, de las cuales partidos y autoridades políticas resultan crucialmente cuestionados.
