Hace mucho tiempo que no tenía un tema justo y casi perfecto que me permitiera ponerme de pie ante el Jefe de Gabinete del Gobierno del ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Hoy lo haré, ante el intento del Presidente Municipal de Calvillo Javier Luévano Núñez (PAN) para armar sus propias “autodefensas” que tan de moda se pusieron en Michoacán y Guerrero. Luévano, proactivo como es, queriendo ejercer armoniosamente los apetitosos recursos federales para prevención del delito, cabildeó lo necesario para que los regidores de ese Ayuntamiento (incluyendo al PRI), le autorizaran la “contratación de 90 auxiliares de seguridad ciudadana” con la misión de apoyar a la policía municipal en su trabajo de prevención del delito. Tal acción se presta a suponer que los cuerpos de seguridad municipal no están cumpliendo con sus deberes, por lo tanto, “debemos armar al pueblo” aunque sea con un silbato, una camiseta, una gorra y una placa para que le den una “ayudita” y se pueda imponer el orden público.
Una semana antes, la prensa local dio cuenta de que el presidente del PRI en Calvillo había sufrido una detención arbitraria de parte del cuerpo de policía local cuando en pleno ejercicio de su derecho de expresión se encontraba distribuyendo entre la ciudadanía un volante que contenía lo que él considera como posibles hechos de corrupción del gobierno municipal, entre otras cosas, denunciaría la formación de esta nueva especie de “autodefensas rurales en Calvillo”. Al día siguiente, el alcalde de Calvillo intentaría justificar sus actos ante la opinión pública al exponer la nobleza de ese instrumento de prevención del delito; y de paso, señalar que el PRI buscaba llamar la atención de los medios de información generando noticias amarillistas, e infundadas. Y efectivamente, algunos medios de información percibieron como grave el asunto y destacaron en su edición la posible formación de “autodefensas rurales”, sin embargo, algunos más percibieron un fondo partidista en los hechos y en consecuencia ignoraron la trascendencia social de ese acto de gobierno.
El domingo 25 de mayo la columna “Hidrocálidas” del Diario El Hidrocálido publicó lo siguiente: “Con sentido institucional atajaron a autodefensas. Injustificado el intento en un Estado que es seguro. Palacio dijo la última palabra, por conducto del Jefe de Gabinete, Javier Aguilera García y fue de un rotundo rechazo a generar en Calvillo guardias blancas, autodefensas o de la forma que se quiera llamar a los del agrupamiento que había comenzado a organizarse. Previamente el Jefe del Ejecutivo, Carlos Lozano de la Torre había reaccionado al anuncio formal del alcalde calvillense, Javier Luévano, advirtiendo que la administración estatal no permitiría ninguna de esas acciones, y (…,) sentenció que aquí no caben los actos de fuerza o por encima de la ley. (..,) Con claridad meridiana, el Jefe de Gabinete señaló al respecto que todos los asuntos de seguridad deberán realizarse en el marco del Mando Único, y también dijo que en todo caso los noventa presuntos reclutas tendrán que ser dados de alta en la Policía Municipal de Calvillo, a condición de que individualmente pasen satisfactoriamente las pruebas reglamentarias, empezando por la de confianza. El esquema de las autodefensas se explica (aunque) jamás podrán justificarse en Estados que padecen violencia extrema como Michoacán, Guerrero y Oaxaca. (Pero) este en cambio no es el problema, afortunadamente, de Aguascalientes”. Una nota que lo dice todo.
La actuación del controvertido licenciado Javier Aguilera García en materia de política de seguridad me parece relevante pues considera la trascendencia y el riesgo social que podría representar para Aguascalientes la generación de fuerzas paramilitares ajenas a la función del mando único de policía, así fuese debido a la implementación de una política pública financiada con recursos del gobierno federal. Ciertamente, la formación de “policías rurales” podría terminar por confrontar al pueblo en contra del pueblo, sobre todo en regiones tan sensibles como Calvillo que cuenta su propia historia de rebeldía ciudadana frente a la autoridad y donde podría haber grupos delictivos ligados al narcotráfico y secuestro.
Dicho lo anterior, vayamos a rescatar algunos datos del tintero para compartirlos con todos los lectores de La Jornada Aguascalientes.
¿Para qué sacar a colación al exgeneral Óscar Naranjo? Porque su historia se remonta al 13 junio de 2012 cuando el candidato presidencial Enrique Peña Nieto lo presentó a la nación como su asesor en materia de “seguridad democrática, prevención del delito, cooperación internacional y combate al narcotráfico y el crimen organizado”. El General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, un activo y reconocido colaborador de la DEA, se incrustó como “asesor externo, no operacional y fuera de las líneas jerárquicas del Ejército mexicano” afirmó Peña. Mientras tanto, algunos mal pensados sugerían que Naranjo sólo representaba una “certificación” del gobierno de los Estados Unidos de América, a los programas de combate al narcotráfico encabezados por el Presidente Peña.
En abril de 2012, Naranjo siendo director de la Policía Nacional de Colombia, había solicitado su retiro tras 35 años de servicio; petición que el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos autorizó hasta el 12 de junio de 2012; curiosamente un día antes de que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña, anunciara que Óscar sería el asesor externo de su gobierno. En su mensaje a medios informativos, Naranjo ya encumbrado como asesor del futuro presidente de México, dijo que seguiría manteniendo sus obligaciones en el equipo negociador de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC representadas por Jesús Emilio Carbajalino, alias Andrés París, declarado exguerrillero.
A partir del 21 de septiembre de 2012, Naranjo ocuparía el cargo de Presidente del Instituto Latinoamericano de Ciudadanía (ILC) del Instituto de Estudios Tecnológicos Superiores de Monterrey; a decir verdad, aún no se sabe quién diseñó este espacio académico para cobijar las tesis de Naranjo y su metodología de participación ciudadana para el combate al crimen organizado. Además, según cuenta el investigador George Grayson, la cercanía de Óscar con el Presidente Peña, habría provocado incomodidad de los mandos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México quienes consideraban innecesaria la actuación de tal asesor externo porque tendría acceso a información privilegiada y estratégica en el país, y porque según la revista Proceso del 23 de julio 2012, estaba vinculado estrechamente con la DEA y diversas fuerzas paramilitares de narcos denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
A la postre, queda testimonio del poder acumulado por Óscar Adolfo Naranjo, quien dice haber abandonado su carrera de policía para “reinventarse” como político. Su poder se puede medir con la negociación que durante la última cumbre económica de Davos, Suiza, el 23 de enero de 2014, tuvieron los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos y de México Enrique Peña Nieto, quienes se reunieron para acordar que Óscar se concentrara sólo en las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, además de brindarle al Presidente Santos, apoyo en su proyecto de reelección presidencial. Así las cosas, el 26 de enero, Óscar concluyó su misión de asesor en el gobierno mexicano, 18 días antes del 14 de febrero de 2014 cuando el Presidente Peña anunciaba la puesta en marcha del Plan Michoacán que sería operado por el Comisionado Federal Alfredo Castillo Cervantes a quien había designado un mes antes, el 15 de enero de 2014, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.
Me parece que la estrategia de combate al crimen organizado estaba en marcha. El deber de Óscar se había cumplido pues ya había enseñado su receta; por lo tanto, su presencia ya no hacía falta, el Presidente Peña podía obsequiar a Presidente Santos su atenta petición. En adelante la operación estaría totalmente en manos del gobierno federal.
Así las cosas, el 26 de enero de 2014 el laureado policía colombiano volvió a su país para integrarse al proceso de paz entre el gobierno de la república y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y colaborar en la reelección del presidente Santos en los comicios que tuvieron lugar el pasado domingo 25 de mayo, donde Santos quedó ubicado en segunda posición pero que irán, en tres semanas más, a una segunda vuelta electoral ya que los contendientes Zuloaga y Santos no obtuvieron el mínimo del 50% más uno de los votos depositados en las urnas.
Inmediatamente a su arribo a Colombia, mucho se habló de que Naranjo sería postulado como Senador, e incluso al cargo de Vicepresidente de la República apoyado por la coalición del Partido de la U, y los Liberales. La prensa local y mundial dio cuenta de que Naranjo aceptaría tal postulación “sólo si el presidente Santos me lo pide”. Finalmente, ninguna candidatura de Óscar cuajó, ahora ocupa su tiempo en impulsar su proyecto de la Fundación Buen Gobierno para promover la reelección del presidente Juan Manuel Santos y fortalecer su posición dentro del equipo del presidente que negocia la Paz para Colombia con las FARC, en la Habana, Cuba.
En México hay evidencia de que sus estrategias de combate al crimen organizado, certificadas por Óscar Naranjo, están en marcha. Por lo menos el éxito del Plan Michoacán así lo deja ver. De tal suerte que mientras el Presidente Peña anuncia la implementación de la segunda parte de la estrategia, la no armada, el diario Reforma difunde que ahora sí el gobierno federal pondrá en marcha los programas de prevención de las violencias y la reactivación de la economía a cargo de la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, a la par, de que el Consejo de la fuerza de autodefensas en Michoacán se transforma en Fuerza Rural y reúne a 36 grupos de autodefensas inicialmente agrupados con personajes como José Manuel Mireles y Estanislao Beltrán, en Tepalcatepec; Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, el Americano, en la Ruana, municipio de Buenavista, entre otros.
Muy atrás quedó la acusación del secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Sánchez Camacho, quien en enero de 2014 exigía que se culpara a Óscar Naranjo por estimular una estrategia de combate al crimen organizado a través de la formación de diversos grupos paramilitares de “autodefensa comunitaria” en el estado Michoacán, para luego enfrentarlos al Cártel de los Caballeros Templarios y desplazarlos. Sánchez reconocía que esa era la misma estrategia que Naranjo había utilizado en Colombia para desplazar al Cártel de Pablo Escobar Gaviria.
Y mucho más atrás ha quedado en discurso de Andrés Manuel López Obrador quien en su actual gira por Guanajuato ha puntualizado: “no entiendo por qué armar al mismo pueblo para combatir a la delincuencia, eso es muy irresponsable. Es un error y una irresponsabilidad porque es responsabilidad del gobierno garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población”.
Twitter @davidperezcall1
