De política, una opinión / El combate a la delincuencia, ¿retoma el camino? - LJA Aguascalientes
23/11/2024

En los dieciocho meses que lleva la administración del presidente Enrique Peña, resulta interesante identificar la evolución que muestra el tratamiento que han dado a la violencia causada por la delincuencia organizada; en el Plan Nacional de Desarrollo estableció el Eje México en Paz, donde señala el punto fundamental de su plan de acción, que es fortalecer al Estado y garantizar la paz.

El diagnóstico elaborado en el plan determina que el índice de incidencia delictiva del fuero federal mostró un fuerte incremento a partir del año 2005, teniendo el nivel más alto en el año 2007; del año 2008 al 2012, la gráfica tiene un constante descenso, que indica que la tendencia fue hacia la baja como efecto de las acciones tomadas en el combate a las organizaciones delictivas y su violencia -descenso que continuó en el año 2013- (página 36). En cuanto a los homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, las entidades que tuvieron los mayores índices fueron Guerrero, en primer lugar, seguido de Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, Sonora, Michoacán y Baja California (señalados en rojo, misma página). En color verde, que estuvieron por abajo del promedio nacional, están, entre otras, las siguientes entidades: Jalisco, Zacatecas, Oaxaca, Distrito Federal, Veracruz, y Estado de México.

Para fortalecer al Estado y garantizar la paz apuntaron líneas de acción, de entre las que figuran promover y fortalecer la gobernabilidad democrática, mejorar las condiciones de seguridad pública, garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.

La evolución que ha tenido el combate a la delincuencia la podemos significar con los siguientes aspectos: la colaboración de los medios de comunicación para no ubicar en primera posición noticiosa la violencia de la delincuencia organizada, el manejo del discurso político subrayando el cambio de estrategia y la acción coordinada entre gobiernos, y, el regreso de efectivos militares y marinos a los cuarteles.

Como resultados, podemos observar tres etapas: la primera, en que fue necesario hacer el contraste entre el nuevo gobierno y su estrategia, con el anterior; segunda, la movilización de la delincuencia organizada, que aprovechó la coyuntura del cambio de gobierno y la necesidad del nuevo de deslindarse del anterior; y, tercera -que es la actual-, la reorientación de la estrategia del gobierno federal, para retomar el camino andado desde años atrás para combatir a los delincuentes, y que motivó la baja continua en la incidencia delictiva del fuero federal.

Son, precisamente, estados como Jalisco, Zacatecas, Distrito Federal, Veracruz y Estado de México, estados señalados con verde en 2012, los que ahora parecieran pasar al espacio del color rojo y de la atención especial; la situación actual de estos estados muestra una notable activación de la violencia de la delincuencia organizada, que bien puede ser efecto de la segunda etapa mencionada, y, por esos efectos, el gobierno federal está urgiendo a la reorientación de la estrategia.

Los estados de Michoacán y Tamaulipas, también muestran efectos de la segunda etapa, no obstante que son entidades que en 2012 ya estaban señaladas en el espacio rojo; el surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán, con su particular estrategia de acción que, de plano, sustituyó a las autoridades locales en la función de seguridad, se convirtió en una delicada advertencia para el gobierno federal. La sensibilidad subió de nivel, llevando al mismo presidente de la república a tomar decisiones tajantes e inmediatas para, como indicador representativo, eliminar el carácter ciudadano y civil de los grupos de autodefensa, y restituirle al estado la acción de la seguridad pública.

En los nuevos planes estratégicos iniciados por el gobierno federal en varios estados en los últimos meses, se ha tomado ya, como primera necesidad, el fortalecer al Estado para poder garantizar la paz; en el último plan, en Tamaulipas, está expresado como uno de los tres ejes de la estrategia, “garantizar instituciones locales de seguridad eficientes y confiables”, explicado por el secretario de gobernación en el sentido de que no se tolerará que servidores públicos estén coludidos con la delincuencia organizada.

El asesinato del jefe de inteligencia del gobierno de Tamaulipas, ordenado presuntamente por el jefe de escoltas del gobernador del estado, junto con la ahora detención de diez policías de Ciudad Victoria que recibían pagos de Los Zetas (LJ, 14 mayo), son muestra de la necesidad de dirigir a este punto la estrategia. El mismo secretario de gobernación tuvo que decir que los esfuerzos locales para frenar a la delincuencia han sido insuficientes.


Es ahora, por ejemplo, que con las detenciones en Michoacán del exgobernador y secretario general de gobierno, con las aprehensiones de los presidentes municipales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Aguililla y Tacámbaro, y de policías municipales, con las indagatorias de notarios en contubernio con los criminales, etcétera, el gobierno federal retoma el camino y se da cuenta de que, mientras esta línea de trabajo contra autoridades corruptas esté ausente o evadida por las mismas autoridades, por más programas de prevención de la violencia que sigan haciendo, no se verán resultados efectivos.

Los videos mostrados en el caso de Jesús Reyna García, son muestra de la colusión de candidatos y gobernantes con la delincuencia organizada, que si antes fue negado a pesar de las denuncias del PAN y del PRD, ahora ya está siendo reconocido, lo que significa un importante avance.

El país vive un momento que requiere de más atención, ya que el lento crecimiento de la economía se está conjugando con reformas de fondo que han generado intranquilidad; ante las noticias positivas y negativas que hoy escuchamos, las instituciones políticas deben mostrar realismo en el tratamiento de los problemas y en su discusión, que será señal para que los ciudadanos tengamos confianza en ellas, y restablezcamos una dinámica de armonía.


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