Con la secuencia de las reformas constitucionales y las iniciativas de las leyes reglamentarias, llevadas a cabo en los primeros meses del gobierno del presidente Enrique Peña, encontramos datos que nos permiten observar el movimiento de las fuerzas políticas del país, y la direccionalidad en la que se mueven; es decir, con los contenidos de las iniciativas de reformas constitucionales y de sus leyes reglamentarias, podemos percibir, de manera general, el proyecto de país que el gobierno tiene en mente construir y desarrollar en la sociedad mexicana, y la forma como las otras fuerzas políticas, distintas al gobierno y al PRI, participan.
Por un lado, encontramos la celeridad con la que el gobierno federal, apoyado astutamente en el Pacto por México -en el que asiduamente colaboraron las dirigencias nacionales del PAN y del PRD-, impulsó las diversas iniciativas de reforma constitucional; y, por el otro, la relativa lentitud con la que ha enviado las iniciativas de leyes secundarias -el 30 de abril hizo el envío de las iniciativas de leyes secundarias de la reforma energética-.
La pregunta en este punto es, ¿resulta oportuno o no que el Congreso de la Unión cuente en sus comisiones, a la brevedad, con las iniciativas de las leyes secundarias? La respuesta es que, no obstante la alta carga de trabajo que tiene el Congreso, es necesario que la sociedad conozca y debata, con tiempo, -y con documentos precisos, y no supuestos- los contenidos legales que aplicarán las reformas constitucionales.
Tomemos ahora otro elemento de la secuencia: mientras las iniciativas de leyes secundarias de la mayoría de las reformas constitucionales -incluidas las de la reforma energética (de las que los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía, hicieron hincapié en que éstas sí se apegaban a la reforma constitucional)- correspondieron al nuevo texto constitucional, curiosamente, las iniciativas de leyes secundarias tanto de la reforma de telecomunicaciones como de la político-electoral, mostraron importantes diferencias con el nuevo texto de la constitución.
Es aquí donde encontramos datos que, abiertamente, nos muestran que existen en la clase política del país, dos visiones de la forma de hacer gobierno; es claro que ambas visiones, que son impulsadas por los partidos políticos, tienen como objetivo el desarrollo económico del país. La discrepancia la ubicaremos en el cómo pretenden unos y otros lograr el desarrollo económico, y si es tomada en cuenta la sociedad en general o sólo los grupos económicos de élite.
En nuestra cultura política resulta complicado poder poner en claro la dualidad de proyectos de país que se aplican en el tiempo presente; es sencillo hacerlo del tiempo pasado, cuando se tienen a la vista los resultados de investigaciones, como por ejemplo, el valioso trabajo de Edmundo O’Gorman, titulado “México El trauma de su historia”, quien identificó en el México del Siglo XIX, la gran dicotomía americana, la modernidad y la trágica incomprensión entre conservadores y liberales. Para tiempos actuales, Rolando Cordera y Carlos Tello, en su obra “México, la disputa por la nación”, identificaron -en tiempo presente-, dos proyectos de desarrollo que se vislumbraban en los años 80, el neoliberal y el nacionalista.
Considero que en el hoy político de México, a reserva de que los investigadores nos expongan sus resultados, podemos observar dos proyectos a partir del modelo democrático de hacer gobierno; uno es el que muestra la necesidad de ejercer un gobierno autoritario, que no estorbe al desarrollo económico, y el otro es el que busca el desarrollo económico con la inclusión no sólo de las diversas fuerzas políticas, sino, por supuesto, de los diversos grupos sociales.
Es significativo, por lo tanto, que estas dos iniciativas, de telecomunicaciones y la político electoral, hayan sido presentadas por el presidente de la república con notables diferencias con lo que fue la reforma constitucional; ¿cuál es el objetivo de haberlas enviado así? ¿qué implicaciones tendrían, en caso de que los priistas las impusieran? Podemos resumir de esta manera: con el control de los medios de comunicación y de sus contenidos informativos, por un lado, y con el control de las elecciones, por el otro, la imposición de un modelo de gobierno autoritario sería efectivo. El modelo autoritario llevaría a dos consecuencias: lograr un desarrollo económico desigual y acelerado, y lograr la permanencia del PRI en el poder gubernamental.
Aguascalientes es, gustan decir los priistas, un ensayo de los dos aspectos -equivocadamente aplicado-: tiene un desarrollo económico desigual, que privilegia abundantemente a las empresas extranjeras, y ejerce abiertamente una forma de gobierno autoritaria. El último dato lo tenemos con la bancada priista en el Congreso del Estado: en el discurso, el nuevo presidente ofrece el consenso, el diálogo y los acuerdos en el trabajo por Aguascalientes (LJA, 2 mayo), y en los hechos, marginan y, prácticamente, excluyen a la segunda fuerza política de la mesa directiva.
No obstante que Aguascalientes es un pésimo ensayo de la nueva visión de hacer gobierno que tiene el PRI, el haber presentado dichas iniciativas con esos contenidos, constituye claramente un lenguaje político que los ciudadanos podemos entender; es necesario decir que, si bien a nivel local el PRI ha impuesto una regresión democrática, es difícil que lo pueda hacer a nivel nacional. Es patente que con esas iniciativas hacen la lucha por lograr sus objetivos, pero los partidos de oposición que están a favor del desarrollo económico con democracia efectiva y alternancia política, a pesar de los tropiezas que puedan tener, impedirán que se logre tal escenario.
En Aguascalientes tendremos que sobrellevar al actual gobierno, ya que no es posible cambiar el mandato constitucional, y esperar el año 2016, para tener una nueva oportunidad de contar con un gobierno democrático, que sí atienda el desarrollo equilibrado del estado. A nivel nacional, esperamos que los legisladores de oposición logren un buen acuerdo democrático, para beneficio de todos los sectores de la sociedad.
