La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada, con 391 votos a favor -de los partidos PRI, PAN, PRD, PVEM y PANAL-, y en contra los votos de PT y MC, la Ley General de Partidos Políticos. Esta ley como minuta la recibió de la Cámara de Senadores por lo cual ahora la enviarán al ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Consta de 97 artículos con 10 títulos y 9 transitorios, la cual busca regular las elecciones, tanto en lo federal como en lo local, a través del nuevo Instituto Nacional Electoral.
En esta ley los partidos nacionales quedan autorizados a tener acceso a recursos públicos locales si tuvieron mínimo un 3% de los votos válidos de la última elección. También podrán recibir financiamiento privado, de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento, financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Tanto esta ley como la anterior obligan a supervisar y auditar los fondos, para lo cual cada mes deberán de entregar una lista de aportadores, cuentas de origen y las aportaciones que hayan recibido el mes anterior, mayores a 300 días de salario mínimo del Distrito Federal. Lo anterior con el fin de hacer un análisis de estos recursos y, en caso de encontrar diferencias o casos de no transparencia, remitirlo a la autoridad competente.
Se regulan las campañas centralizadas, dos o más campañas involucradas, de un partido o coalición de cualquier tipo. En esos casos los recursos se tendrán que prorratear entre los partidos al 50% igual a todos; y en lo referente a los recursos disponibles, el 50% será como partido o partidos, con las medidas que adopten los mismos partidos por los criterios o bases publicados en sus convocatorias; cada partido establecerá su sistema de distribución.
Se permiten tres tipos de coaliciones: totales, parciales y flexibles. Y a éstas se les dará el trato como si fueran un solo partido. En esta ley se busca controlar las aportaciones que reciban los partidos en cualquiera de las formas que participen en las elecciones en cuanto a dinero, en especie, rifas y sorteos, espectáculos, eventos culturales y deportivos. Todo esto cuando representen ingresos aún cuando sean organizados por un tercero. Esto va a ser interesante, sólo habrá que ver cuántos permisos han dado en los últimos años a las administraciones municipales para eventos partidistas y cuántos fueron reportados como aportaciones. Hay lugares de la república que esos eventos son un gran negocio para algunos que sólo dan migajas a los partidos y en algunas ocasiones buenas comisiones a los directivos.
Algunos partidos fabrican sus productos promocionales sin ningún control, desde cachuchas, mantas, volantes, etc., como le menciono, sin ningún control a las importación de estos artículos, sin reporte y a nombre de un tercero. Habrá que ver hasta dónde se va a controlar esto y sobre todo las tarjetas de débito y cargo para distribuir dinero para la compra de votos.
Todo esto se dio en medio de una polémica porque el Senado aprobó un haber de retiro, que se puede convertir en una pensión vitalicia a los magistrados de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al grado que tuvieron que salir a los medios en una sesión en la cual rechazan que se les dé pero aceptan que se dé a los futuros integrantes de eses tribunal. Esto en medio de las acusaciones de que fue un pago de “favores” por los resultados de las últimas elecciones federales y el no castigo a los delitos electorales denunciados. Sin embargo esto fue aprobado por los cinco partidos con más senadores, los tres grandes y sus satélites. Eso no se entiende.
Pero lo que sí debemos tomar en cuenta es que el Poder Judicial de la Federación este año va a ejercer 50,241 millones de pesos, tomando en cuenta que reporta que tiene 40,517 plazas; así que veamos cuánto es por cada uno de sus componentes. Pero lo más grave es que 40,000 millones de pesos serán para salarios, y de éstos, 23,000 millones de pesos serán para bonos y prestaciones, las cuales si no se declaran no pagan impuestos, cuando el resto de los mexicanos lo tendrán que hacer, quieran o no. Imagínese, hay un rubro en este presupuesto de ayuda para vestuario, anteojos, estímulo para el día de la madre y pago de horas extras por 7,395 millones de pesos, lo cual no sabemos cómo se aplica o cuál es el grado de discrecionalidad con que se aplica.
Volviendo al TEPJF, le comento que en medio del escándalo del haber de retiro, este año ejercerá 1,835 millones de pesos, y de ellos 1,302 millones de pesos, o sea el 71%, en salarios y prestaciones. Debemos tomar en cuenta que reporta tener 991 plazas permanentes y 25 de apoyo, y sus salas ejercerán 2,489 millones de pesos. Esto nos indica claramente lo caro que le resulta a los mexicanos la impartición de justicia. Con estos costos lo mínimo debería ser la justicia rápida y expedita, y no juicios que duran años, en los cuales el acusado pasa más años en la cárcel que los años a que luego después de un largo proceso son sentenciados.
De todo este dineral lo que se va a invertir en infraestructura van a ser 4,223 millones de pesos y se extrañan que el personal se queje por su situación de trabajo en cuanto a las instalaciones y materiales. El país ha crecido y quieren que siga sirviéndose de instituciones con presupuestos que rayan en el insulto. Así está el país.
