En el mes de enero pasado, conocimos el primer plan especial del gobierno de la república para el estado de Michoacán; en aquella ocasión, el plan se presentó en un ámbito general, que abarcaba todos los sectores de gobierno, con el objetivo de efectuar un trabajo integral que condujera al saneamiento de la violencia de la delincuencia organizada.
Uno de los aspectos fundamentales fue el relativo a los grupos de autodefensa, que desde el 24 de febrero del año 2013 se fueron formando en buena parte del territorio michoacano, particularmente, en la llamada tierra caliente. Es oportuno recordar el motivo principal que tuvieron los pobladores de los más de 32 municipios que en la actualidad todavía cuentan con grupos de autodefensa, que fue el de parar en seco la agresión de los delincuentes.
Los grupos de autodefensa, que son diferentes de las policías comunitarias -que existen en otros estados de la república, desde hace muchos años-, además de atender su propio objetivo, resultaron ser un claro indicador del fracaso de la actividad gubernamental dedicada a la seguridad pública; el fracaso, desde luego, no es casual ni instantáneo, sino efecto del descuido y desatención tenido durante muchos años, por muchas administraciones municipales y estatales. Querer incluir en este entorno al gobierno federal, fue, prácticamente, excusar a esos gobernantes de sus responsabilidades incumplidas.
Efectivamente, febrero de 2013 ya no fue igual a diciembre de 2006, cuando las dos administraciones federales iniciaron el apoyo al estado de Michoacán; el que el gobierno del presidente Enrique Peña haya podido nombrar un comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral, significa, en los hechos, un desplazamiento a un segundo término -si no es que más-, del gobernador de Michoacán.
El motivo de la intervención federal fue la incapacidad del gobierno estatal de dar una respuesta eficiente y efectiva, al grave problema que afecta a la población michoacana en sus actividades elementales; la explicación del porqué de la intervención, es la condición priista de los dos gobiernos. Significa que de otra manera, hubiera sido difícil que los partidos políticos aceptaran una injerencia como ésta.
Los avances en Michoacán son claros y están a la vista; dejando de lado la injerencia federal, la población espera resultados precisos e inmediatos, que se están dando. Sin embargo, la transformación de grupos de autodefensa en policías rurales, se ha convertido en un asunto delicado, no sólo por el proceso en sí, sino también por la repercusión que, seguramente, tendrá en otros estados donde ya comienzan a formarse este tipo de grupos ciudadanos.
El punto está sucediendo en dos sentidos: el primero es la marginación que el comisionado federal está haciendo de los dirigentes de los autodefensas; y, el segundo, que para imponerse sobre el liderazgo ciudadano, está recurriendo, en algunos casos, como parece ser el de Hipólito Mora, a involucrarlos en determinados delitos. Es oportuno decir que, si son grupos de ciudadanos que se levantaron en armas para defenderse de la violencia de los delincuentes, y combatieron contra ellos -al no contar con fuerzas armadas gubernamentales-, en las acciones de defensa, acribillaron a más de algún delincuente. Significa que si les buscan casos así, los van a encontrar.
Será un paso importante el lograr desarmar a todos los grupos de autodefensa, como lo han anunciado tanto el comisionado como el mismo secretario de gobernación; la condición necesaria, que parece estarse dando ya, es que las fuerzas armadas gubernamentales tengan el control territorial, de manera permanente.
En contraste, estamos observando un incremento de violencia, con ejecuciones y otros delitos, en otras entidades, como son el Distrito Federal, el Estado de México, y Morelos; la acción de los gobernantes no está siendo acertada, y, en el caso de Morelos, se ha generado una corriente de opinión contra el gobernador, que comienza a señalar la necesidad de la renuncia.
El Estado de México ha sido considerado por el gobierno federal como prioritario: las respuestas del gobernador del estado redundan en un testimonio de que conoce poco de la acción de gobierno para combatir la inseguridad, y, prefiere solicitar a los ciudadanos tener calma y esperar a que las cosas vuelvan a su equilibrio. La respuesta del gobierno federal fue establecer en ese estado un Nuevo Plan Estratégico emergente de seguridad pública, dirigido por las fuerzas federales para devolver la paz a la población (recordemos que el objetivo es el control del territorio para proporcionar a los ciudadanos la seguridad, lo cual justifica la estrategia).
Otro estado donde la violencia no es nueva, y donde el gobernador no da señales de entenderle al asunto del combate de la inseguridad, es Guerrero; aquí también el gobierno federal ha instaurado un Plan Nuevo Guerrero, para, con las fuerzas federales, lograr el control territorial que perdieron las fuerzas municipales y la estatal.
En el estado de Oaxaca se mezclan, principalmente, dos líneas de acciones violentas, la de la delincuencia organizada, y la, tal vez más delicada, de las inconformidades sociales, como son los maestros; el gobernador del estado parece avanzar poco, aunque no se ha colapsado el gobierno. Veamos ahora a los estados de Veracruz, Sinaloa y Tamaulipas: la forma como aborda la inseguridad el gobernador de Veracruz, no obstante supuestas medidas que ha tomado su administración, están mostrando la indefensión de los ciudadanos, como está siendo de manera particular el sector de los periodistas, quienes se muestran como fuertes indicadores de la circunstancia de inseguridad. En Sinaloa se habla también, además de la violencia, de los periodistas que están siendo acosados, como fue el reciente caso de las agresiones sufridas por Adrián López, del periódico Noroeste. En Tamaulipas, los últimos acontecimientos violentos se han dado en la frontera, en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
Será importante conocer la evolución de las estadísticas de incidencia delictiva publicadas por la secretaría de gobernación, para apreciar la efectividad de los gobiernos estatales.
