El Pacto por México fue y sigue siendo la gran apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Así lo decidió él junto a su equipo. Asesorado por algunos analistas políticos y actores importantes (incluyendo a los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox) para quienes el mayor de los fracasos de la alternancia democrática en México era el (aparentemente) inamovible freno a una serie de Reformas Constitucionales que se han planteado en las últimas dos décadas.
Ante el surgimiento del Pacto, dos visiones dominaron las editoriales de los periódicos: la triunfalista, de quienes vieron en la capacidad negociadora de Peña Nieto un éxito en sí mismo; y la pesimista, de aquellos que aseguraban que no había ningún mérito en la continuidad del “modelo neoliberal”. Ninguna de las dos visiones proyectó un verdadero planteamiento frente al Pacto por México, sino que eran formas de entender el Pacto desde los parámetros establecidos en la primera composición democrática del Poder Legislativo en 1997 hasta la fecha.
No obstante, la ambición de los planteamientos expresados en el Pacto por México y el nivel de detalle con el que los acuerdos fueron hechos públicos, ameritaban un análisis específico y una discusión seria. En ese momento, como ahora, parece que entre los acuerdos que fueron hechos públicos en primera instancia, tenían un saldo positivo y claramente reformista.
La operación de las reformas fue, desde el inicio del proceso legislativo, una traición a la esencia del Pacto o al menos de lo que se dijo que este instrumento sería. Las iniciativas no se discutieron en las Cámaras de Diputados y Senadores, sino en una mesa alterna en la que el gobierno federal y las cúpulas de los partidos tradicionales eran los únicos con voz y voto.
Además de lo dicho, los acuerdos ya plasmados en el Pacto por México fueron traicionados con la complacencia del PAN y el PRD. Las reformas constitucionales fueron aprobadas sin discusión en el Poder Legislativo, el nivel federal o el estatal. Del mismo modo, no hubo intención de que el paquete de iniciativas secundarias (que explicarían los verdaderos alcances de las reformas) se hiciera público.
En este sentido, el PAN y el PRD negociaron la administración de costos políticos con el gobierno federal en vez de alcanzar acuerdos de largo plazo. Primero pactaron que las reformas energética y fiscal fueran aprobadas y después acordaron la forma en la que se deslindarían de ellas.
No conformes con lo ya descrito, el colmo del cinismo llegó con la propuesta que el Ejecutivo Federal presentó en materia de telecomunicaciones el pasado 24 de marzo. En esta propuesta, con un descaro insultante se pretende contravenir la reforma constitucional vigente con leyes secundarias hechas a contentillo de los monopolios y los poderes fácticos de la televisión, la radio y el internet.
Algunos sectores del PAN y el PRD han argumentado que, si bien el Pacto por México había sido errático en muchos de sus alcances, la reforma en telecomunicaciones demuestra que su agenda ha logrado avanzar. “Sin acuerdos políticos de esta magnitud, sería imposible acotar a los poderes fácticos”, insistían Jesús Ortega, Gustavo Madero, Javier Corral y Fernando Belaunzarán, entre otros.
Con las iniciativas señaladas, se demuestra que el gobierno federal no utilizó el Pacto por México para acotar el poder de los monopolios. Por el contrario, se han convertido en una vulgar estrategia de aprobación fast-track de reformas tan lejanas de las soluciones a los grandes problemas de México, que no tienen ni siquiera el respaldo de la derecha ilustrada a nivel global. Steve Forbes calificó como un enorme error la reforma fiscal, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos desacreditó la reforma en telecomunicaciones por no promover la competencia, no proteger a los consumidores y no democratizar el acceso a las concesiones.
Lo que hoy podemos decir que es un hecho incuestionable, es que la agenda nunca fue lo importante. El PAN y el PRD negociaron presupuesto, incluso, los grupos internos que dirigen ambos partidos se han visto notoriamente favorecidos por el gobierno federal en las contiendas para renovar sus dirigencias partidistas. Con el caso Oceanografía y la discusión de la Línea 12 del metro, el gobierno federal ha tratado de descarrilar a los equipos de Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, quienes públicamente han criticado la actitud colaboracionista del PAN y el PRD hacia el gobierno de Peña.
El Pacto por México no sirvió, en su componente fiscal, para construir un estado de bienestar robusto y basado en una política recaudatoria redistributiva y progresiva.
En su vertiente energética, no incorporó a México a la discusión sobre la protección al medioambiente ni las energías alternativas. Sólo se limitó a promover la visión dogmática de que los particulares son mejores administradores que el Estado.
En materia educativa, no atentó contra los privilegios de la elite burocrática del magisterio, que sigue manejando las secretarías de educación en los estados sin tener que mezclarse con el gis; pero sí estigmatizó a millones de maestros que día con día se enfrentan con la precariedad en infraestructura, capacitación y tecnología de un gobierno irresponsable.
Y en el mundo de las telecomunicaciones, el Pacto terminó por arrebatar (por la vía de los hechos) la autonomía constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se renunció a que el derecho a la cultura y el derecho a la información sean una política de Estado. Al mismo tiempo, se pretende restringir la libertad de expresión en los únicos medios realmente libres y ciudadanos: las redes sociales y el internet.
Cambiamos en lo que beneficiaba a unos cuantos, pero curiosamente en lo que podría beneficiarnos a todos decidimos no cambiar.
El Pacto por México no significó cambios ni reformas y mucho menos avances. Fue un relato, un fútil cuento del grupo gobernante para que todo siguiera igual.
Secretario de Organización de Movimiento Ciudadano
