1. Sobre los precios de los energéticos, los beneficios tangibles de la reforma, y su cronograma
La Reforma Energética permitirá reducir los precios del gas natural y la
electricidad en el mediano plazo. A pesar de ser un país con grandes yacimientos
de este combustible en el subsuelo, México estaba importando cada vez más gas
natural. En 2013, por ejemplo, México importó 30% del gas natural que se
consumió en el país. Pemex no estaba produciendo todo el gas natural que el país
necesita, por las limitaciones que imponía el modelo regulatorio que estamos
cambiando.
Con el modelo anterior, la producción de gas natural no podía ser llevada a cabo
por el sector privado, ya que estaba prohibido por la Constitución. Eso nos llevó a
una situación paradójica. Por un lado, no permitíamos que empresas particulares
extrajeran gas natural en México, pero sí comprábamos gas natural a empresas
privadas extranjeras en Estados Unidos y otros países, que se revende en nuestro
país a un precio mayor del que tendría si se produjera en México.
Adicionalmente, en los últimos años, el país no desarrolló la infraestructura
necesaria para transportar el gas por ductos acorde con las necesidades
nacionales, lo que se tradujo en desabasto y racionamiento de gas natural (alertas
críticas) durante el 2012 y el primer semestre de 2013.
El costo de la electricidad depende en gran medida del combustible que se utiliza
para generarla. La energía eléctrica que se genera con gas natural es cuatro
veces más barata que cuando se utiliza combustóleo y seis veces más económica
que cuando se emplea diésel, además de que el gas natural es un combustible
más amigable con el medio ambiente.
Con la Reforma Energética, las empresas privadas podrán producir gas natural en
México, por sí solas o asociadas con Pemex, y venderlo en nuestro país,
generando empleos y pagando impuestos en nuestro territorio, en lugar de hacerlo
del otro lado de la frontera. A partir de los nuevos cambios, existirán múltiples
productores de gas natural en México, compitiendo entre sí, con lo cual tendremos
gas natural suficiente y a menor precio.
Además, bajo el Programa Nacional de Infraestructura se construirán a lo largo del
sexenio 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán al país contar con
una red nacional e integrada, que contribuirá a transportar el gas natural a precios
competitivos, en beneficio de los hogares y las empresas.
De esta manera, podrá utilizarse ese gas natural para sustituir el combustóleo y el
diésel en la generación de electricidad. Ello permitirá reducir los costos de
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generación y, por tanto, también disminuir las tarifas de la luz en beneficio de las
familias, los comercios y las industrias mexicanas. Entre más gas natural se
produzca en México, menores serán los costos de generar electricidad y, en
consecuencia, se podrán reducir los recibos de luz.
Con el aumento de la oferta de gas natural, también se impulsará la producción
nacional de fertilizantes para beneficiar al campo mexicano. Pemex invertirá 15 mil
millones de pesos para producir 480 mil toneladas de amoniaco que servirán de
insumo para un millón de toneladas de urea. Esta producción ahorrará
importaciones por 400 millones de dólares anuales.
En el caso de la gasolina, México importa el 49% del consumo nacional, por lo que
la reforma prevé la apertura a la inversión en refinación y de su cadena productiva
para incrementar la oferta del combustible. Además, la gasolina es subsidiada y es
menester reconocer que el esquema de subsidios vigente es altamente regresivo:
el decil de la población con menores ingresos recibe sólo el 1.6% del subsidio;
mientras que el 10% de los hogares con mayores ingresos concentra más del 30%
del mismo.
No obstante lo anterior, la Reforma nos permitirá establecer precios máximos para
los combustibles que harán que sus precios se muevan de forma parecida a los
precios de otros productos. Eso contrasta con años previos donde los precios de
las gasolinas y otros combustibles crecieron entre 2 y 4 veces más que la inflación
general. Como la reforma prevé abrir el sector de refinación, transporte y
despacho de combustibles, estableciendo una competencia efectiva, los precios a
los consumidores podrían incluso aumentar menos que el de otros productos.
En conclusión, entre los beneficios esperados de la Reforma Energética se
encuentran los siguientes:
• Reducción de las facturas de luz y los precios de gas, a más tardar dos
años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria.
Cabe destacar que ésta no es una reducción voluntariosa, populista o por
decreto. Es una reducción sostenida como resultado de que bajarán los
costos de producción y de generación, y por lo tanto ocurrirá conforme se
lleven a cabo las inversiones en gas y en electricidad.
• 500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos
adicionales en 2025.
• 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025.
• Aumentar la producción nacional de fertilizantes a precios competitivos y
evitar la importación de este insumo por 400 millones de dólares.
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• Incremento en la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios
en 2013, a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
• Incremento en la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies
cúbicos diarios en 2013, a 8,000 millones de pies cúbicos diarios en 2018 y
10,400 millones en 2025.
2 Sobre el riesgo de afectaciones al medio ambiente, las medidas para
protegerlo, y la responsabilidad ante el caso de accidentes
El transitorio décimo noveno del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 20 de diciembre de 2013 (en adelante El Decreto), mandata la creación de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del
Sector Hidrocarburos.
La Agencia se plantea como un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que tendrá
dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial,
operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector
hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de
instalaciones, así como el control integral de residuos.
La Agencia tendrá la capacidad para, en coordinación con la Secretaría de Marina
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, responder ante cualquier accidente
industrial que ponga en peligro la salud de los trabajadores así como el medio
ambiente. Actualmente, la Secretaría de Marina ya cuenta con un Plan Nacional
de Contingencia para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras
Substancias Nocivas en el Mar.
La Reforma enfatizará una explotación de recursos que sea responsable
ambientalmente, minimizando las afectaciones previsibles al medio ambiente al
mismo tiempo que se garantiza una capacidad efectiva de respuesta frente a
cualquier accidente o imprevisto.
Para ello, además, se adoptarán las mejores prácticas internacionales desde el
punto de vista de responsabilidad plena de cualquier contratista que esté llevando
a cabo actividades de exploración y explotación. En este sentido, la iniciativa de
legislación secundaria establece con claridad que son las empresas petroleras las
responsables de cualquier afectación al medio ambiente. En ese sentido, la
Reforma Energética dotará al Estado mexicano de la capacidad para poder exigir
que las empresas en el sector cumplan con sus obligaciones.
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3 Sobre los planes para desarrollar tecnologías e infraestructura de
energía alternativa
Existen planes concretos para desarrollar tecnologías e infraestructuras de
energía alternativa en nuestro país, y ya están implementándose.
Tal es el caso de los Centros Mexicanos en Innovación en Energía, financiados
con fondos de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), enfocados a desarrollar las tecnologías y aprovechar los
recursos renovables del país.
Se crearon tres centros, con una inversión entre pública y privada cercana a los 2
mil millones de pesos: uno en energía geotérmica, liderado por el Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California;
uno en energía solar, encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la
UNAM, y otro más en energía eólica, coordinado por el Instituto de Investigaciones
Eléctricas. Estos centros representan la mayor inversión gubernamental en
investigación, desarrollo e innovación en materia de energías renovables.
Cada centro involucra investigadores de distintas instituciones académicas,
científicas y empresas, con el propósito de vincular el conocimiento con la
producción en proyectos compartidos, en la formación de recursos humanos
especializados y en el fortalecimiento de la infraestructura de investigación.
El desarrollo y adopción de nuevas tecnologías es importante para mitigar el
impacto de la generación de energía sobre el medio ambiente, pero también para
asegurar una diversificación adecuada en las fuentes de energía. La
diversificación es relevante dado que los hidrocarburos son recursos no
renovables, y porque contar con muchas fuentes de energía permite aumentar la
seguridad energética para las familias y las actividades económicas del país.
Además, la iniciativa de legislación secundaria de la reforma incluye distintas
medidas para fomentar el uso de energías limpias y energías renovables. Entre
ellas, destacan el establecimiento de Certificados de Energías Limpias que
fomentarán un mayor uso de esas fuentes para la generación de electricidad en el
país; se propondrá una ley de Geotermia para aprovechar el calor de origen
volcánico en las aguas subterráneas del país, y se perseguirán metas sobre
cuánta electricidad deberá generarse con energías limpias.
Cabe recordar que, como parte de la Reforma Hacendaria aprobada en 2013, se
estableció en el país un impuesto especial que aplica al uso de combustibles que
liberan bióxido de carbono y, además, las inversiones en generación que usen
energías limpias tendrán deducibilidad inmediata para efectos del impuesto sobre
la renta.
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4 Sobre cómo evitar fenómenos de corrupción en los contratos
Con el objetivo de rendir cuentas ante la sociedad mexicana, la Reforma
Energética establece siete mecanismos principales de transparencia y de combate
a la corrupción, que obedecen a las mejores prácticas internacionales:
En primer lugar, todas las rondas de licitación para asignar los nuevos contratos
de servicios, utilidad o producción compartidas, y licencias para producir gas
natural o petróleo, así como sus lineamientos, serán públicos.
En segundo lugar, los propios contratos, como instrumentos jurídicos, contarán
con cláusulas de transparencia para que los pueda consultar cualquier interesado.
En tercer lugar, las empresas exploradoras y extractoras de gas natural o petróleo
deberán hacer públicos los costos en los que incurran y los pagos que reciban en
consecuencia.
En cuarto lugar, también serán públicos, transparentes y auditables los recursos
que reciba el Estado por el gas natural o el petróleo que se extraiga consecuente
con los nuevos contratos que establece la reforma, así como la forma en que
dichos recursos serán utilizados.
En quinto lugar, los órganos reguladores estarán sujetos a estrictas normas de
transparencia y rendición de cuentas. Entre estas destacan las siguientes: se
obliga a que cuenten con un código de ética; los comisionados estarán impedidos
para conocer asuntos en que tengan conflictos de interés y podrán ser removidos
por ese causal; sus sesiones, acuerdos y resoluciones se harán públicas, y se
establecen reglas para llevar a cabo audiencias con los sujetos regulados, como el
que para cualquier reunión con las empresas se requerirá la presencia mínima de
dos comisionados y en todos los casos se levantará una minuta con los puntos
tratados que será pública.
En sexto lugar, Pemex y CFE deberán de revelar información en los mismos
términos que las empresas que cotizan en bolsa bajo los más estrictos estándares
internacionales.
Finalmente, la reforma energética establece un arreglo institucional de pesos y
contrapesos entre cuatro instancias del Estado que asegura la transparencia y la
rendición de cuentas en el diseño, administración y licitación de los contratos de
exploración y extracción de hidrocarburos e impiden que su asignación sea la
decisión discrecional de una sola autoridad.
En este sentido, corresponderá a la Secretaría de Energía el diseño de los
contratos; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la definición de los
términos fiscales; a la Comisión Nacional de Hidrocarburos la licitación y su
administración técnica y, finalmente, al Fondo Mexicano del Petróleo para la
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Estabilización y el Desarrollo la recepción y administración de los ingresos y pagos
que se deriven de los contratos.
Cabe enfatizar que la Comisión Nacional de Hidrocarburos está conformada por
profesionales especializados en el sector, y que se propone sean aprobados por
dos terceras partes del Senado de la República. En el caso del órgano de
gobierno del Fondo Mexicano del Petróleo, los dos miembros del Gobierno
Federal, los Secretarios de Hacienda y de Energía, están en minoría. Los otros
miembros son el Gobernador del Banco de México, el cual es una institución
autónoma, y cuatro miembros independientes que también tienen que ser
aprobados por el Senado.
5 Sobre las medidas para evitar que financiamientos ilícitos y presiones
de grandes intereses afecten el proceso democrático de nuestro país
Para evitar la captura regulatoria de intereses políticos se seguirán las siguientes
tres estrategias:
1. Se separan las decisiones técnicas del proceso político-electoral. Por eso,
quienes asignan los contratos y regulan al sector son órganos
especializados que contarán con personalidad jurídica propia, autonomía
técnica y de gestión, y autosuficiencia presupuestal. Esto aplicará tanto
para la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
2. Ningún proceso se estará llevando a cabo en una sola instancia,
asegurando esquemas institucionales de pesos y contrapesos. Por ejemplo,
en el caso de la administración de los contratos estarán involucrados la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Fondo Mexicano del Petróleo para
la Estabilización y el Desarrollo, la Secretaría de Energía y la Secretaría de
Hacienda. Asimismo, no se asignará ningún contrato de forma directa sino
que se hará a través de licitaciones abiertas y transparentes, con base en
criterios objetivos y en las que competirán las empresas interesadas. Quien
gane una licitación será quien ofrezca el mayor beneficio al Estado
mexicano por sus actividades.
3. Se promueve total transparencia y rendición de cuentas. Nuestro mejor
activo como sociedad es una democracia en la que se involucra una
ciudadanía exigente e informada. En ese contexto, el mejor mecanismo
para garantizar que la ciudadanía le exija a las autoridades actuar en
beneficio de toda la sociedad es que disponga de toda la información
relevante y que se mantenga la plena libertad de expresión y de
participación política que hoy existe en nuestro país.
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Estamos convencidos que México puede tener instituciones más fuertes que
lleven a mejores resultados en materia energética. En ese sentido, cabe destacar
que prácticamente todos los países del mundo cuentan con un grado importante
de participación de la iniciativa privada en las actividades del sector petrolero sin
que ello haya afectado sus procesos democráticos. Ello va desde países
industriales como Canadá y Noruega, países con nivel de desarrollo similar al de
México como Brasil, Colombia y Malasia, e incluso países con menor nivel de
desarrollo como Angola e Indonesia. En todos estos casos, y no hay razones para
que no sea ese el caso en México, se han llevado a cabo distintas medidas para
asegurar que las empresas del sector no tengan una influencia indebida.
6 Sobre las herramientas regulatorias para evitar prácticas de
depredación
La industria de hidrocarburos operará con un marco de responsabilidades que
garantice que sus decisiones serán tomadas con total transparencia e
independencia de los regulados y sujeta a fuertes obligaciones de rendición de
cuentas.
Para evitar la depredación en la explotación de los recursos, se establece que la
toma de decisiones recaiga en tres instituciones con atribuciones claramente
definidas: la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.
La Secretaría de Energía seleccionará las áreas a desarrollarse mientras que la
CNH será la responsable de garantizar que la extracción de los hidrocarburos se
realice de manera sustentable en el tiempo, con bases técnicamente sólidas que
permitan maximizar la recuperación total de los hidrocarburos a lo largo de la vida
productiva de los yacimientos. Entre otras obligaciones que la CNH deberá de
establecer en los contratos, destacan las siguientes:
• Los contratistas deberán de ejecutar planes mínimos de trabajo;
• Deberán obtener la aprobación de la CNH a los planes de desarrollo y el
diseño de los pozos. Para su aprobación, la CNH velará por que se
maximice la recuperación de los hidrocarburos de los yacimientos;
• La devolución de áreas contractuales en caso de inactividad por parte del
Contratista;
• Cumplir con un programa de auditorías técnicas y contables conducidas por
el Estado, ya sea directamente o a través de terceros;
• Contar con sistemas de medición aprobados y auditados por la CNH;
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• Fondear con anticipación las actividades necesarias para el correcto
abandono de las áreas contractuales, evitando contingencias a los recursos
naturales y a la seguridad de las personas; y
• Obligaciones de remediación en caso de afectaciones al medio ambiente.
La CNH y la Secretaría de Energía llevarán a cabo un seguimiento continuo del
cumplimiento con estas obligaciones. Por su parte, la Agencia regulará y
supervisará la adecuada explotación de los yacimientos asegurando que se realice
de una manera industrialmente segura y respetuosa del medio ambiente. En caso
de incumplimiento, las autoridades podrán rescindir los contratos además de
establecer las penalizaciones y los actos remediales que sean necesarios.
7 Sobre la productividad laboral en el sector energético y el Sindicato de
Trabajadores Petroleros
En primer lugar, la Reforma Energética representa una gran oportunidad para
todas las mexicanas y mexicanos que decidan ingresar a la industria petrolera. Se
abrirán nuevas oportunidades laborales bien remuneradas, que representen retos
profesionales interesantes, permitiendo mayor satisfacción personal. Para ello es
esencial que se respeten todos los derechos laborales, incluyendo los de los
trabajadores de Pemex, quienes durante décadas han demostrado su capacidad y
su entrega en beneficio de México, tanto asegurando que el país cuente con
energéticos como por la importante contribución de su labor para las finanzas
públicas.
Sin embargo, la Reforma parte de la premisa de que no es función del Sindicato
tomar decisiones gerenciales. Una muestra de ello es que desde la reforma
constitucional se estableció que el sindicato ya no participará en el Consejo de
Pemex.
Asimismo, debe de haber total transparencia por parte del Sindicato con respecto
de los recursos que recibe provenientes de entidades públicas. Al respecto, hay
que recordar que la Reforma constitucional en materia de Transparencia publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 establece, en su
artículo 6º, que toda la información en posesión de cualquier persona física, moral
o sindicato es pública. Por tanto, el sindicato petrolero está obligado a poner a
disposición de cualquier ciudadano interesado la información que posea sobre el
manejo de los recursos asignados y ejercidos por éste, a fin de garantizar el
principio de máxima publicidad.
Los trabajadores y administradores mexicanos han mostrado tener un potencial
equivalente o superior al de los de cualquier país del mundo. Hoy en día, la
productividad laboral en sectores abiertos a la competencia y a todo tipo de
inversión, como el automotriz o el aeroespacial, es la mayor del mundo. No hay
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nada que implique que los trabajadores mexicanos no puedan hacer lo mismo en
la industria petrolera.
Este es un proceso que ya se ha observado en países con niveles de desarrollo
económico y una cultura similar a la de México. Tanto en Colombia como en
Brasil, la apertura en el sector energético ha llevado a incrementos importantes en
la producción, incluso después de etapas de declinación como la que hoy en día
se observa en México. Más aún, parte de los incrementos en productividad se han
observado en las empresas petroleras estatales.
La evidencia es contundente. En otros sectores en México, se han alcanzado
niveles de productividad comparables con los más altos del mundo, y la
experiencia en otros países de la región muestra que se puede lograr lo mismo en
el sector de energía de nuestro país.
8 Sobre los ingresos petroleros y la contribución de Pemex para fondear
el presupuesto
En primer lugar, es necesario enfatizar que la situación actual del sector petrolero
representa un reto significativo para las finanzas públicas del país. Aun cuando la
inversión de Pemex se ha triplicado en los últimos 13 años pasando de 9 mil
millones de dólares en 2001 a 28 mil millones de dólares en 2014, la producción
de crudo ha disminuido en alrededor de una tercera parte de 2004 a 2014.
En otras palabras, el país lleva diez años pasando por una transición en el sector
petrolero que nos está llevando de una época de yacimientos grandes de bajos
costos a una época de yacimientos más moderados con mayor complejidad
geológica, mayores costos y mayores riesgos. Este es un proceso al que se
enfrentan todos los países productores, y ya ha tenido un impacto sobre las
finanzas públicas del país tanto por menores ingresos de petróleo como por mayor
gasto para su extracción. El tema no es que la reforma vaya a llevar a un deterioro
en las finanzas públicas, el reto es como logramos que la reforma nos permita dar
vuelta al deterioro que ya se observó.
La reforma justamente nos permitirá revertir esta situación. El uso de contratos
permitirá que aumente aún más la inversión en el sector, al mismo tiempo que el
costo y el riesgo del desarrollo de nuevos proyectos se compartirá entre un mayor
número de participantes. Así, la reforma nos permitirá dar vuelta a la caída en la
plataforma de producción de petróleo que se observa desde 2004 al mismo tiempo
que el Estado mexicano ya no es el único que incurre en todos los riesgos y
costos asociados a esa mayor producción. Se espera que con la reforma, la
producción pueda aumentar de alrededor de 2.5 millones de barriles diarios en la
actualidad a 3 millones de barriles diarios para el 2018.
En todo momento, la renta petrolera seguirá aportándose al Estado mexicano.
Para asegurar lo anterior, los contratos se asignarán sólo a quien ofrezca el mayor
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pago al Estado mexicano. Eso implica que la renta petrolera asociada a la
producción adicional seguirá siendo de los mexicanos, fortaleciendo las finanzas
públicas.
En el caso específico de Pemex, la reforma propone un régimen fiscal similar al de
las empresas estatales en el resto del mundo. Seguirá realizando pagos directos
al fisco, pero serán más moderados que anteriormente. Eso mantendrá mayores
niveles de caja en Pemex y nos permitirá hacer una reflexión más profunda sobre
el uso de sus utilidades, en cuanto a si tiene sentido que esas utilidades se
reinviertan en la empresa o se paguen al fisco en forma de un dividendo. Hoy en
día no tenemos esa discusión, ya que el régimen fiscal de Pemex implica que
todas las utilidades se transfieren a la Secretaría de Hacienda
independientemente de si Pemex tiene buenas oportunidades de reinversión de
esas utilidades.
9 Sobre cómo garantizar un buen uso de los recursos petroleros, y que
no se canalicen a aumentar la burocracia
En el Transitorio Décimo Cuarto del Decreto de la reforma constitucional se
establece la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, que será un fideicomiso del Banco de México integrado por cuatro
consejeros independientes, ratificados por el Senado, y además el gobernador del
Banco de México y los titulares de Hacienda y Energía.
El Fondo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los
impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de las asignaciones y
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución1.
Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y
conforme se establezca en la ley para:
1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos.
2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos
Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una
vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente,
haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al Fondo se destinarán
al ahorro de largo plazo.
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Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la
propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el
propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la
Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás
hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos
con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto
de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con
particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así
deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. (Cfr. en Art. 27 de la CPEUM)
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3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los
fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética,
y en materia de fiscalización petrolera.
4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los
ingresos petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto
de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete
por ciento del Producto Interno Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la
observada para los ingresos petroleros del año 2013.
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos
financieros. Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de
largo plazo, sea igual o mayor al tres por ciento del Producto Interno Bruto del año
previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo podrá destinar recursos del
saldo acumulado del Fondo para lo siguiente:
a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el
año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de
pensión universal conforme a lo que señale su ley;
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el
año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de
inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables;
c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el
año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de
inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del
ramo en materia de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para
el desarrollo nacional, y
d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el
año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de
capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la
conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción
del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente.
Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente
o superior al diez por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se
trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a
ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación.
En conclusión, queda claro que la Reforma Energética a través de estas
disposiciones, cancela absolutamente la posibilidad de que las utilidades llegaran
a canalizarse a la expansión de la burocracia.
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10 Sobre cómo evitar crisis como la de 1982 o la creación de monopolios
en el sector, asegurando que la reforma se lleve a cabo con eficacia, sentido
social y transparencia
La Reforma Energética busca justamente evitar el que se repita una crisis como la
de 1982. Al respecto, hay que recordar cuales fueron las causas de esa crisis. En
ese momento, se siguió un modelo de desarrollo del sector petrolero que, si bien
permitió desarrollar una cantidad importante de infraestructura en el país, estuvo
basado en un proceso de endeudamiento público que derivó en la crisis de la
deuda de los ochenta. Esa crisis hizo que se perdiera una década completa para
el desarrollo del país.
No podemos recurrir a un endeudamiento público excesivo para pretender
desarrollar el país o el sector energético. Quienes argumentan que Pemex debe
desarrollar el sector por si sólo están justamente optando por el mismo modelo
insostenible que llevó a la crisis de 1982.
Es por ello que la Reforma Energética propone dar la vuelta a la caída en la
producción de petróleo e impulsar el desarrollo del sector, pero sin incurrir en un
mayor endeudamiento público. En consecuencia, deben emplearse otros
instrumentos, incluyendo el que haya una mayor participación de inversión privada
que disminuya, para el Estado mexicano, los costos y riesgos de la exploración y
producción de crudo.
Una segunda característica del modelo que se adoptó en ese momento es que era
plenamente estatista y monolítico, sin ningún tipo de control ciudadano. Ese es un
modelo que no es aceptable ni política ni éticamente en una sociedad
democrática. Todo lo contrario, se debe de avanzar para establecer un sistema
abierto con fuerte competencia, total transparencia y plena rendición de cuentas.
La reforma energética no está privatizando ninguna empresa ni bien público. Por
el contrario, Pemex y CFE se fortalecerán y se transformarán en empresas
productivas propiedad 100% del Estado, con incentivos para asociarse o competir
con empresas particulares, bajo la estricta regulación de los órganos del Estado.
La iniciativa de legislación secundaria propone dotarlas de autonomía
presupuestaria, de gestión y técnica; gozarán de un nuevo régimen fiscal mucho
más competitivo y de un gobierno corporativo acorde con las mejores prácticas
internacionales.
Sin embargo, con un espíritu de apertura y para fomentar las mejores condiciones
para los hogares y las empresas mexicanos, sí se plantea que ambas empresas
deberán de competir. Asimismo, la recientemente fortalecida Comisión Federal de
Competencia Económica asegurará que en ningún caso se genere concentración
de poder de mercado. Para ello, la Comisión vetará de las licitaciones que se
lleven a cabo en el sector energético a cualquier participante que detente o
pudiera llegar a detentar poder monopólico.
13. Los mexicanos estamos ante una disyuntiva: o abrimos el sector energético a la
participación y escrutinio de la sociedad con objeto de que se fortalezca en
beneficio de todos, o nos condenamos a una inmovilidad monolítica, a un modelo
burocrático y al endeudamiento como única vía para financiar al sector. La
decisión del Constituyente Permanente fue optar por el cambio, basado en los
principios de competencia, apertura, transparencia y responsabilidad fiscal.
