- Se logró armonizar con los preceptos normativos derivados de la Reforma Educativa federal
- La nueva norma establece la obligatoriedad de la Educación Media así como la calidad educativa por medio de evaluaciones parciales
Con la presencia de maestros sindicalizados, la LXII Legislatura comenzó su sesión ordinaria en punto de las 11:00 horas de ayer lunes en un ambiente tranquilo y silencioso, hasta que pasados los 20 minutos entraron aproximadamente cinco maestros jubilados y pensionados con pancartas gritando que la Reforma Educativa era privatizadora de la educación.
En respuesta inmediata, la presidenta de la mesa directiva, María de los Ángeles Aguilera, solicitó la evacuación de los presentes en caso de no guardar silencio ya que el ordenamiento legal establece que el público asistente a la sesión deberá guardar orden, silencio y respeto, “si ustedes se comprometen a hacerlo, podrán permanecer con sus pancartas, de lo contrario serán desalojados”; como en un principio hubo una respuesta positiva, la sesión continuó sin asuntos en cartera.
Desde tribuna, Salvador Dávila Montoya, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, detalló la aprobación de la iniciativa de Ley de Educación para el estado de Aguascalientes, presentada por el gobernador Lozano de la Torre, así como de la iniciativa de reformas a la Constitución Política Local y a la Ley de Educación para el estado, presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Entre sus especificaciones pueden subrayarse la siguientes: en su artículo 10 se manifiesta que el Estado está obligado a prestar servicios de calidad para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior, esta última agregada como obligatoria; mientras que en su capítulo VIII artículo 49 define que el concepto de calidad en el Sistema Educativo Estatal comprende cuatro dimensiones: relevancia, eficacia, equidad y eficiencia, por lo que para conocerla se evaluará permanentemente por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Sobre el Servicio Profesional Docente, el artículo 119 dice que es el conjunto de actividades y mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio público educativo y el impulso a la formación continua. Dejando una sección para exhibir las sanciones en el capítulo II artículo 173, que va desde una amonestación por escrito, una multa económica de hasta cinco mil salarios mínimos, según la gravedad de la falta; la revocación de la autorización o reconocimiento de los estudios, hasta el cierre de la institución educativa.
Entre otras puede destacarse la implementación del Sistema de Información y Gestión Educativa, la implementación paulatina, conforme al presupuesto, de escuelas de tiempo completo y el impulso de esquemas eficientes a partir de microempresas locales para el suministro de alimentos nutritivos. Con ello se armonizó la Ley de Educación del estado con los preceptos normativos derivados de la Reforma Educativa federal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al hacer uso de la palabra, Juana Alicia Espinosa de los Monteros expresó su aprobación de la reforma y adecuación a nivel local, ya que representa un avance en el desarrollo educativo del país, y fortalece la rectoría del estado en la educación convirtiéndola en la fuerza transformadora para que los maestros favorezcan el cambio y el progreso de los estudiantes; al concluir, uno de los maestros manifestantes abucheó su discurso lo que causó molestia a la presidenta de la mesa directiva, quien solicitó a los guardias de seguridad del Congreso que lo retiraran.
Cuauhtémoc Escobedo Tejada lamentó que el proceso de esta ley fuera muy apresurado, ya que existe un gran rezago en el sector educativo que no fue tomado en cuenta, como las carencias económicas de los alumnos, la desnutrición y conflictos familiares; sin embargo aplaudió que esta nueva legislación planteara eliminar la discrecionalidad y el tráfico de influencias que por años se ha observado en la asignación de las plazas magisteriales.
Ahora se fijaron más posibilidades para que maestros demuestren su capacidad, aun cuando tengan dos años de servicio, para buscar algún cargo de director o subdirector, “aplaudo esta parte pues con esto se inhibe el procedimiento anquilosado de escalafón por antigüedad”.
Después de escuchar a varios legisladores se votó por unanimidad el dictamen aunque Gilberto Gutiérrez y Sylvia Garfias estuvieron ausentes, esta última sin permiso de la presidencia.
Ante los gritos de la maestra “Chuyita” y sus acompañantes manifestantes, María de los Ángeles Aguilera, exasperada, exhortó a seguridad para que los retirara del recento leyendo una vez más el reglamento de la Ley Orgánica del Congreso en donde manifiesta que ningún asistente a la sesión puede participar ni limitar la orden del día; molestos, los maestros demandaron su libertad a expresarse.
Con la sala ya en silencio y con un público atento, regresó a tribuna Escobedo Tejada e indicó que los alumnos con necesidades educativas especiales están en desventaja con las metodologías y material educativo que emplean los que están “en condiciones regulares”, por ello propuso añadir al artículo 168 una fracción 12, para incluir la prestación de servicios educativos por particulares a alumnos con necesidades especiales.
A pesar de su explicación, los legisladores del Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza votaron en contra de la propuesta, por lo que fue rechazada por mayoría. Al escuchar el voto en contra que emitió Juana Alicia Espinosa de los Monteros, los maestros presentes, incluso sus seguidores sindicales, indicaron molestos que la diputada se “olvida” en ocasiones que es maestra de profesión y que alguna vez estuvo frente a un grupo especial, conociendo sus necesidades más simples.
En otro punto de la orden del día se votó a favor unánimemente del punto de acuerdo presentado por Marco Arturo Delgado Martín del Campo, donde se exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a retomar los trabajos legislativos a fin de que analice y dictamine el asunto turnado el año 2004 denominado Convenio Americano-Mexicano sobre Seguridad Social, el cual indica que estas dos naciones pueden sumar los periodos cotizados al seguro social por los trabajadores para que puedan acceder a una pensión económica binacional.
Foto: Gilberto Barrón
