Tras una larga sesión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que duró más de un día, se llegó a la conclusión de que los estados no tienen la facultad constitucional para legislar en materia de arraigo y que ello se encuentra reservado a la federación y única exclusivamente en casos de delincuencia organizada.
La historia comenzó con la interposición de una Acción de Inconstitucionalidad (garantía o medio de control jurisdiccional para impugnar aquellas leyes que se consideren contrarias a la Constitución) en 2012 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes por la expedición y publicación del decreto que contiene las reformas a la Legislación Penal que establecen el arraigo para algunos delitos del fuero común.
Durante el procedimiento llevado ante la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo estatal estuvo manifestándose a favor de la improcedencia de dicha Acción de Inconstitucionalidad, al menos así lo dejó ver el Ministro Alberto Pérez Dayán, quien en la discusión comentó que se habían recibido oficios por parte de dicho Poder a inicios del mes de febrero en donde argumentaban que debía considerarse improcedente, es decir, que debía continuar vigente el arraigo en materia local, arraigo que organizaciones civiles de México y el mundo han declarado como violatorio a los derechos humanos, debido a que va en contra del derecho a la presunción de inocencia, en virtud de que se está privando de la libertad a una persona cuando aún se desconoce si cometió o no el delito que se le imputa, lo que además contraviene totalmente a lo que conocemos como el nuevo sistema de justicia penal acusatorio (venimos del inquisitorio), en el que se debe acreditar plenamente la comisión del delito para que una persona se considere culpable y, en su caso, se le pueda privar de su libertad.
Lo alarmante respecto al activismo del Poder Ejecutivo en la defensión de la figura del arraigo, es lo que el propio Ministro Pérez Dayán consideró, y es que en Aguascalientes se podría llegar a arraigar a una persona por cometer delitos contra la estética urbana, lo que va en contra de toda proporcionalidad de la pena, porque debemos recordar que el derecho penal debe ser la última instancia, considerarlo como el último recurso para aquellos casos en los que definitivamente al agotar cualquier otra sanción sea necesaria una pena de su tipo, que en el menor de los casos acudamos a él, y cuando así sea, que se haga bajo el estricto respeto de los derechos humanos, y derechos humanos para todas las partes del proceso penal, generando equidad en las condiciones. Es decir, si la tendencia en el país es que las Procuradurías se vuelvan autónomas, ya no más dependientes del Poder Ejecutivo, como incluso ya se aprobó en la Reforma Política a nivel federal en la que crea a la Fiscalía General de la República, no podemos seguir en los estados con una política persecutora a favor del Ministerio Público a costa de los derechos fundamentales de otros, sino que se deben fortalecer de igual forma o incluso con mayor ímpetu para lograr igualar las posiciones, a la parte defensora o inculpado, así como a las víctimas, para que finalmente jugando en cancha pareja, se aporten todos los elementos suficientes y necesarios para que la autoridad jurisdiccional emita sus resoluciones en términos del debido proceso.
Estamos a dos años de que finalmente se consume el plazo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, los avances en algunas ramas sí han sido importantes, como lo es la oralidad de los juicios y el hecho de que el juez conozca y escuche directamente a las partes, sin embargo, aún nos falta mucho por avanzar en lo fundamental, en lo central, que es el cambio de la forma de ver al propio derecho penal, establecer los mecanismos alternativos de solución de controversias como regla general y los procesos jurisdiccionales como excepcionales, trabajar en la capacitación para todos los operadores jurídicos y que finalmente ello se traduzca en un mejor y más eficiente sistema de justicia para todas y todos los mexicanos.
@OzielGuerrero
