- Si el PRI perdió la confianza ciudadana fue porque se apartó de los ideales de Colosio
- Queremos que Aguascalientes sea el primer estado del país en acatar estos enunciados: Guadalupe Ortega
El espíritu de Luis Donaldo Colosio está presente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que dará respuesta a aquel México “con hambre y sed de justicia”, que él veía.
Era para el sonorense -recordó el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Ortega Valdivia- “un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”.
Aquel discurso del 6 de marzo de 1994 fue el surgimiento de un paradigma, como 20 años después ocurre con la promulgación de Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene a crear otro, para combatir aquellas distorsiones de la ley.
Así lo afirmó a La Jornada Aguascalientes el dirigente del priismo estatal, Ortega Valdivia, al anunciar que su instituto político toma ahora la estafeta, para dar cumplimiento también al artículo 270 del Programa de Acción.
Se refiere a lo establecido en el 264 acerca del nuevo ordenamiento jurídico para toda la República, que plantea al priismo nacional: “Se debe promover una cultura de la legalidad que le permita conocer a cualquier ciudadano sus derechos y los mecanismos constitucionales con los que cuenta para su tutela”.
Guadalupe Ortega agregó: “Queremos ser el primer estado del país en acatar estos enunciados de nuestros Documentos Básicos. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene a revolucionar la justicia en México, es imperativo que sea conocido por los priistas en particular y toda la ciudadanía en general”.
Antes de esta nueva legislación, añadió, todos éramos culpables, ahora todos somos inocentes bajo el privilegio jurídico de la presunción de inocencia; “lo acabamos de recordar hace unos días, Colosio veía un pueblo con hambre y con sed de justicia”.
Agregó: “Sigue vivo el espíritu de Colosio, si el PRI perdió la confianza ciudadana fue porque se apartó de estos ideales, pero a 20 años de su muerte viene a revitalizarse el partido, como lo demuestran las Reformas estructurales, impregnadas con el espíritu colosista”.
–¿Viene entonces toda una campaña de promoción de la nueva cultura de la legalidad de que habla no sólo el artículo 270 del Programa de Acción, sino el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de que la haga otro partido?
–Sí, iniciamos una campaña de promoción de la nueva cultura de la legalidad. Ya hablaremos sobre cómo este nuevo código, bajo el principio de justicia social, está presente tanto en la Declaración de Principios, como en el Programa de Acción y los estatutos de nuestro partido.
Por lo pronto, indicó que es importante decirle al priismo de Aguascalientes que empiece a involucrarse de esta nueva cultura de la legalidad, sobre cómo se transforma desde muchos puntos de vista, tanto el policía como el agente del Ministerio Público y el perito y jueces, con miras a hacer una justicia pronta y expedita.
“Después de 1917, cuando surgiera nuestra Carta Magna… que veían diferente delitos iguales, surge un cambio de fondo al sistema de justicia en México, más allá de las 28 voces que se opusieran al cambio, pero apoyado por otras 407 en la Cámara de Diputados”, subrayó.
A tres meses de su implementación en Aguascalientes y a 27 en todos los estados, después de 2008 en que se planteara por vez primera y se acordara en el Congreso de la Unión, hubo un plazo de ocho años para implementarlo y que se cumple en junio de 2016.
De acuerdo a los especialistas en la materia jurídica, el nuevo código trasforma roles antes tradicionales, tanto para autoridades como para las víctimas, dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio –o Juicios Orales- donde el policía deja de ser preventivo y pasa a ser investigador, y el Ministerio Público disminuye su carga ante una nueva figura, la del juez de control, que puede conocer causas de forma directa aunque no graves.
La principal función del juez de control será asegurarse de que no se vulneren los derechos de las personas, que es precisamente de donde surgiera aquella expresión colosista de: “distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla”, mencionó Ortega.
Los peritos y los jueces también modifican sus roles, e incluso los propios medios de comunicación, que bajo el principio de presunción de inocencia, ya no podrán difundir a presuntos culpables, sino sólo a sentenciados.
Las audiencias serán ahora de imputación, intermedia, de juicio y debate, y la de sanciones; y los alegatos de apertura, presentación de pruebas, alegatos de clausura y deliberación y fallo, en el caso de los Juicios Orales. El arraigo, sólo federal, será por 40 días y limitarán movimientos a acusados de delincuencia organizada.
“Es una respuesta histórica a aquel ‘México agraviado por quienes debían servir a la ley”, finalizó Ortega Valdivia.
Foto: Roberto Guerra
