El pasado miércoles se dio a conocer con bombo y platillo que, luego de casi dos años de estar encarcelada por el delito federal de falsificación de moneda, Esperanza Reyes, originaria de San Luis Potosí, finalmente abandonaría ese mismo día la prisión en la que se encontraba recluida. El hecho que la llevó a ese lugar: pagar una libreta escolar con un billete falso de cien pesos en marzo de 2011.
En aquella ocasión, Esperanza fue detenida y puesta en libertad a los tres días siguientes, sin embargo, comenzó ahí su proceso penal que en mayo de 2012 tuviera una resolución en la cual se le condenó a cinco años de prisión, y con ello, el calvario para ella y sus familiares. Primero fue internada en un Penal en San Luis Potosí; luego se le trasladó al Penal de “El Rincón” en Tepic, Nayarit; después al Penal de las Islas Marías y cuando logró su caso llegar a los principales medios de comunicación, fue devuelta al Penal de San Luis Potosí. ¡Vaya tortura psicológica para ella y sus familiares!
Al llegar su caso a la palestra pública, algunas organizaciones civiles, comunicadores y políticos, tomaron su caso como bandera exhibiendo la desproporcionalidad de la pena y el trato penitenciario que se le había impuesto a quien desde luego no se encargaba de producir billetes falsos, sino que únicamente había cometido el “error” de pagar con uno de ellos. Incluso se solicitaba que el Presidente de la República ejerciera su facultad de indulto -por segunda ocasión desde que fue creada a finales del año pasado- debido a las violaciones a los derechos humanos durante el proceso que se le siguió.
Finalmente, esta semana se le otorgó su libertad anticipada por “impecable conducta” de parte del organismo encargado de ello, es decir, no fue el indulto, ni fue que se le haya declarado inocente, sino que recibió un beneficio por su conducta durante el tiempo que duró privada de su libertad.
Por su parte, el Gobierno Federal a través de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón, reconoció que en efecto existieron violaciones a los derechos humanos de Esperanza Reyes y que además en el país existen al menos cien casos similares en donde hay personas encarceladas por pagar con billete falso, riesgo que sin duda todos corremos.
Por otro lado, mucho se habla de que a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, ha cambiado la forma de impartición de justicia en México, vale la pena recordar que dichos cambios constitucionales agregaron el texto que establece que “…el Estado deberá… reparar las violaciones a los derechos humanos…”, por lo que aquí la pregunta que nos debemos hacer es, ¿liberar a Esperanza es la forma de reparar las violaciones -que el propio Estado mexicano ya ha reconocido- a los derechos humanos? ¿O el texto de la Constitución sólo nos sirve para cumplir parámetros internacionales y recibir reconocimientos en materia de derechos humanos? El sistema jurídico mexicano aún es deficiente para que se puedan reclamar las reparaciones de dichas violaciones.
En un mundo ideal, por llamarle así, la resolución administrativa que puso en libertad a Esperanza o una especial de la SEGOB, debiera cubrir no sólo la dimensión subjetiva (o personal) en su sentido más estricto, como se le conoce en la doctrina a lo que en este caso sería la liberación, sino además la reparación del daño mediante indemnización económica por parte del Estado, así como la atención debida que amerite para ella y sus familiares bajo el principio de interdependencia, e incluso ir más allá y resolver sobre las dimensiones objetivas (de interés de toda la sociedad), tales como: la petición de que se revisen todos los casos similares; la asignación de una partida económica especialmente para la indemnización de aquellas personas afectadas por casos como éste; la solicitud al Congreso de la Unión para legislar al respecto; la solicitud al Banco de México para expandir campañas de información, etc., así como todo aquello que contribuya a que no persistan y se repitan los atropellos en ese sentido. Es tarea de todos cumplir y hacer cumplir el vanidoso y narcisista texto constitucional con el que contamos, que no se quede en letra muerta. Ahí nuestra obligación.
@OzielGuerrero
