Por: Ricardo A. Martínez Espinosa*
La fecha se acerca y el gobierno parece estar esperando al último momento para dar a conocer las condiciones de licitación para las dos nuevas cadenas de televisión abierta en México, y en lo que parece claramente contraproducente para un gobierno que busca proteger sus intereses, también está esperando al cuarto para las doce para revelar la propuesta de reformas a leyes secundarias que reglamentarán al veintiocho constitucional.
Durante 2013 se aprobaron una serie de reformas que hicieron ver al nuevo gobierno como uno de avanzada en asuntos políticos, económicos y sociales. Simpatizantes y críticos coincidieron en mayor o menor grado sobre la relevancia de las reformas constitucionales en materia de educación, telecomunicaciones y competencia, explotación de petróleo, entre otras.
El problema ha estado en los detalles. La fuerza inicial parece estarse diluyendo en las reformas secundarias que deberían venir. Tiene sentido, en los detalles es donde los distintos grupos de interés enfocan su artillería. No es lo mismo que se hable de un Instituto Federal de Telecomunicaciones con plena autonomía en la constitución mexicana, a que en la ley correspondiente se le den las atribuciones que podrían acabar con negocios multimillonarios. Siguiendo la misma lógica, la Comisión Federal de Competencia Económica que ahora consigue un apellido más y supuestamente muchos más dientes, recibió en la constitución fuertes aplausos de todas las fuerzas políticas y económicas, pero en los detalles el silencio de las partes revela la severidad de las patadas bajo la mesa.
No es poca cosa. Lo que se está jugando es la capacidad que tenga un organismo regulatorio para desincorporar activos de empresas que concentren sectores del mercado que hagan improbable la libre competencia. También, que aquéllos funcionarios públicos y comisionados que entorpezcan el funcionamiento de esta comisión o que omitan revelar conflictos de intereses reales o potenciales, puedan ser encarcelados entre dos y ocho años.
Emilio Gamboa Patrón en entrevista comentó que el PRI está de acuerdo en reglamentar, pero que la desincorporación sigue discutiéndose al interior del grupo parlamentario porque podría ser perjudicial para compañías mexicanas cuando se enfrenten a su competencia extranjera. Previendo lo que parece ser una fuerte presión por parte de ciertas compañías en telecomunicaciones y en televisión contra el gobierno federal, el PRD adelantó una iniciativa el martes pasado que busca poner una referencia contra lo que podría proponer el Ejecutivo Federal. De acuerdo a la exposición de motivos de los diputados Carpinteyro, Belaunzarán, Morales Vargas y Alonso Raya de este partido, la propuesta de iniciativa para reformar la Ley de Competencia Económica obedece a dos objetivos: reglamentar lo que ya se estableció en la Constitución, y responder a los compromisos del Pacto por México que ya habían establecido la necesidad de que el estado recuperara la rectoría de la economía en sectores que claramente han sido capturados, y con también fomentar la competencia económica en sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, el transporte, los servicios financieros y la energía (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados).
El 9 de marzo se deben licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión por parte del gobierno federal. Fue una de las propuestas más celebradas por la opinión pública para Peña Nieto. Suponiendo que esto se haga en tiempo, ¿cómo podrá defenderse la equidad y la libre competencia si aún no se establece en la ley correspondiente las nuevas facultades de los órganos reguladores? Aún si pensáramos que esto se debe a una torpeza del gobierno y no a un acto deliberado de sabotaje contra los acuerdos firmados en 2012 por todas las fuerzas políticas, ¿dónde están concentradas las fuerzas del presidente y sus asesores para dejar pasar esta oportunidad de oro para volver a poner orden en los sectores estratégicos de nuestra economía?
Durante la próxima semana tendremos noticias en el sector de la competencia y las telecomunicaciones, para bien o para mal. Es un asunto que al gobierno no le conviene ignorar. El costo de seguir sometido a fuerzas económicas es demasiado alto, más allá de cualquier ventaja personal o electoral. Al menos pensé que eso lo habían entendido al firmar el Pacto.
*Coordinador de la Licenciatura en Gobierno y Finanzas Públicas del CIDE Región Centro en Aguascalientes.
