En las últimas semanas, no obstante que está recién llegada, la LXII Legislatura del Congreso del Estado, ha dado suficientes señales que permiten observar el rumbo que tratan de imprimir a su trabajo político; son señales que, por otro lado, concuerdan con el modelo político ha instaurado el gobernador del estado, desde hace tres años que inició su administración.
En este espacio de opinión he sido reiterativo en señalar la importancia que tiene la visión político y de gobierno que maneja el ejecutivo estatal; como contraste, también podemos mencionar que el ámbito de influencia política que tiene el presidente de la república en los tiempos de la alternancia partidista, es menor al que todavía muestran gobernadores de estados, como es el de Aguascalientes. A nivel nacional, los dirigentes de la mayoría de los sectores de la sociedad, muestran un interesante sentido crítico, que hace las veces de contrapeso, ante las posiciones planteadas por el gobierno de la república.
Si nos referimos al Congreso de la Unión, con mayor razón encontramos en los dirigentes de los partidos políticos y de los grupos parlamentarios, el necesario posicionamiento crítico ante el Ejecutivo Federal. Sin embargo, en el estado de Aguascalientes, la dinámica progresista del ejercicio democrático, iniciada en administraciones anteriores y avanzada con valiosos resultados, ha venido a menos, mucho menos, con la actual administración del Gobierno del Estado, la que no ha mostrado interés, y parece ser que no es tema, ni siquiera para darle atención (una probable explicación es que los miembros del gabinete concuerden con el gobernador considerando que su modelo de gobierno es el adecuado y, por lo tanto, está correcto).
Es, precisamente, en el seno del Congreso del Estado, donde se está mostrando la batalla entre la nueva dinámica democrática, y la forma anticuada y rebasada, ya desde hace muchos años, de llevar los asuntos políticos de gobierno; los diputados de oposición están viviendo un importante reto para evitar ser absorbidos, o rebasados, o desplazados, tanto por el grupo parlamentario priista como por el mismo ejecutivo estatal (no podemos pasar por alto que la mayoría de los diputados del grupo parlamentario del PRI, provienen del círculo del gobierno del estado). Desde luego que, la absorción, o el rebasamiento, o el desplazamiento que pretenden hacer los priistas de los grupos opositores, dependerá de la fortaleza (o “aguante”) y de las estrategias que éstos apliquen para que, poco a poco y con dignidad y civilidad políticas, puedan hacer valer la fuerza de la democracia (a una fuerza política de regresión democrática, debe corresponder, cuando se busca lograr un cambio, otra fuerza igual o mayor de progresión democrática).
La Jornada Aguascalientes ha documentado de una manera clara, la batalla que se está librando al seno del Congreso entre las dos visiones de política y gobierno; en las ediciones del 23 de enero hasta el 20 de febrero, encontramos interesantes elementos para el análisis político (en la red). Los asuntos que permiten señalar la batalla son: inicialmente la reforma que hizo la legislatura anterior para permitir que un diputado pudiera asumir cinco presidencias de comisiones (reforma realizada para que el diputado Jorge Varona pudiera ocupar cuatro), la forma como el grupo priista se hizo de la presidencia de la comisión de gobierno para los tres años, la posposición de las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal (comparecencia necesaria para revisar el desempeño de la dependencia, antes de aprobar los recursos para el año 2014), la no comparecencia del titular del IEA, el querer que el solo acuerdo de una comisión baste para modificar la ley de ingreso en el cobro del impuesto predial, el no acuerdo para revisar asuntos de transparencia en el gasto público (como son los del municipio de Jesús María), la indisposición para aprobar la reforma constitucional política y electoral, etcétera.
Ante este panorama, los diputados del PRI han respondido con expresiones como las siguientes: acusa el PRI al PAN de no incorporarse al Aguascalientes moderno y democrático; hay asuntos por desahogar más importantes que continuar encerrados en glosa del informe; Basta de descalificaciones, hay que ponernos a trabajar, invita el PRI a Acción Nacional.
Son respuestas de contrasentido, que buscan crear una imagen pública distinta a la realidad que presentan los hechos. En el asunto del rechazo a la solicitud de auditoría a la cuenta pública de Jesús María por parte del órgano superior de fiscalización, resulta interesante encontrar algunos aspectos, como son el recordar el artículo 27 A, que habla de la autonomía del órgano fiscalizador, y el señalar la “ausencia de una denuncia formal interpuesta ante las autoridades correspondientes… sólo hemos visto declaraciones mediáticas que no revisten ningún carácter jurídico, por eso digo: pongámonos a trabajar” (diputada Verónica Sánchez) (de 96 observaciones de la cuenta pública de 2011 del municipio, sólo 10 fueron solventadas, y ninguna denuncia formal presentada por el órgano fiscalizador).
La pregunta ahora es ¿por qué los dirigentes de sectores de la sociedad no muestran posiciones críticas ante esta realidad? ¿qué importancia pudiera tener el que dirigentes de organismos significativos expresaran sus opiniones en público, y no sólo “en corto”? La respuesta nos llevaría a que se evitaría el deterioro democrático que estamos viviendo en el estado cada vez más (nuevamente se usa la presión policial para terminar con el paro en el ITA, y no el recurso del diálogo desde antes de que tenga que explotar un problema).
Siempre es tiempo para contribuir a mejorar la vida de la sociedad; sin embargo, un Congreso del Estado como el que estamos observando, y en las condiciones políticas con las que lo están conduciendo, difícilmente podrá suceder. De ahí la necesidad de la participación ciudadana, para que en el espacio de la opinión pública puedan debatirse todos estos asuntos, en los que los medios de comunicación tienen, como siempre, un importante papel que llevar.