- Desde marzo del año pasado todos los trabajadores de la Comisión son “trabajadores de confianza”
- La Junta Local no ha reconocido su contrato colectivo de trabajo y un juez estudia ampararlos
Siete meses antes de terminar su gestión, el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) firmó nuevo Contrato Colectivo de Trabajo de 28 trabajadores, que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no ha reconocido y se fueron al amparo de la justicia federal, aún no concedido.
La Jornada Aguascalientes entrevistó al coordinador de Comunicación Social de esa institución, Carlos Gutiérrez, quien informó que el 3 de junio del año pasado se firmó un Contrato Colectivo de Trabajo, entre 28 de los 52 trabajadores de la CEDH, con su entonces presidente Omar Williams López Ovalle.
“Lo depositamos en la Junta Local y ahí sentamos las bases para llevar una vida sindical al interior de la Comisión, con la finalidad de defender los derechos laborales”, dijo.
Explicó que la nómina debe ser de 52 trabajadores, “a partir de ahí esperamos que la Junta Local emita el acuerdo respectivo al CCT. Preciso esta situación porque se ha interpretado como que estamos esperando la toma de nota por parte de la Junta, pero no es así, sería toma de nota si fuese un sindicato nuevo. Lo que nosotros hicimos fue tocar las puertas de la CROM y ellos nos acogieron, tenemos una actividad sindical”.
–¿Usted no era empleado de confianza?
–No. En esa parte, la ley anterior a la reforma, de marzo del año pasado, se publica y se hace efectiva a partir de junio siguiente; la anterior ley sí decía: “Todos los trabajadores de la Comisión son empleados de confianza”. Con esta nueva ley el texto cambió y dice: “Son trabajadores de confianza exclusivamente el presidente, el secretario, el primer visitador y el director de Educación”. El resto de los trabajadores son empleados del Servicio Civil de Carrera.
“En automático, especifica la ley quiénes son de confianza y quiénes no lo son. A partir de ahí, de los coordinadores para abajo, todos somos empleados, digamos de base, como lo definía la ley: Trabajadores del Servicio Civil de Carrera”, puntualizó.
Añadió que “a partir de ahí nos pudimos sindicalizar sin ningún problema. Y también hay esa confusión porque se piensa que si son de confianza no se pueden sindicalizar, no; la ley es muy clara en ese aspecto y define quiénes son de confianza y quiénes no”.
–¿Qué estado guarda el tema y cuál es su expectativa?
–Esperamos que con la llegada del nuevo ombudsman, él tome en cuenta la situación que tenemos como sindicato, como trabajadores sindicalizados; que respete nuestros derechos, que respete nuestra fuente de trabajo, que se dé cumplimiento al CCT; que reinstalen a tres compañeros que venían desempeñándose por contrato de honorarios y salieron en diciembre pasado.
“Queremos sobre todo que haya un respeto a nuestra actividad sindical, eso es lo que más queremos, porque en días anteriores hemos estado recibiendo presiones fuertes para que la gente renuncie, para que se desafilie al sindicato, con la presión de que si lo hacen conservan su empleo.
“Esa situación no puede ser aceptable ni tolerable, porque no es este el ánimo de una institución que nos dedicamos a decirle a la gente que tiene derechos y además a pedirle que los defienda, que los exija. Nosotros, ¿por qué tendríamos que ser la excepción?”.
Ante el silencio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que de manera inusual ha omitido expedir el acuerdo correspondiente del registro nuestro sindicato, se sabe que en ese trámite no se demora y ya llevamos siete meses en los cuales la Junta no ha emitido el acuerdo, entonces:
“El 2 de enero acudimos a la justicia federal e interpusimos un amparo en el Juzgado Primero de Distrito y el juez fijó el 30 de enero para, de ahí, emitir el amparo y ya con él, le estamos pidiendo al juez que obligue a la Junta a que se pronuncie. Es un derecho Constitucional que nosotros tenemos y ha sido omisa la Junta”.
Foto: Gilberto Barrón
