Para mi amigo, colega y tocayo. Hoy como siempre, por las luchas compartidas
La transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales en México sigue siendo un tema pendiente en 2014. De ello dan fe los más variopintos indicadores y estudios realizados por diferentes OSC. Y acá en la patria chica no todo puede ser la actuación de una Comisión Estatal de los Derechos Humanos que, al decir de tirios y troyanos, se queda lejos de la función de “Defensoría del Pueblo” que inspira la figura del Ombudsman. Coincido también con quienes con razón de sobra han sostenido desde las páginas de La Jornada Aguascalientes y de otros medios de información, que el nombre de la persona designada por la Legislatura del Estado será irrelevante, al igual que el desempeño de dicho órgano, si la CEDH no cambia radicalmente sus modos de actuación. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido con la historia reciente de esa comisión (cara, opaca, ineficiente, omisa e irrelevante) no es diferente a la de otros órganos constitucionales autónomos.
En ellos prevalece la baja calidad, el pobre desempeño, la falta de especialización de sus funcionarios, el servilismo y otros vicios notorios. Así, tenemos que de acuerdo con las Organizaciones México Infórmate, Artículo 19 e IMCO, los resultados del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información indican que el 81% de los institutos o comisiones encargados de velar por este derecho constitucional suspenden o reprueban en las evaluaciones practicadas, pues no garantizan de forma adecuada el acceso a la información. Aguascalientes, Morelos, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur, Estado de México y San Luis Potosí son las entidades con las peores calificaciones, pues en ningún caso rebasaron los 50 puntos (de 100).
Tampoco es que el promedio nacional sea para hacer fiesta, y de ahí lo grave de la situación, pues de tres aspectos evaluados (transparencia y rendición de cuentas; promoción del derecho de acceso a la información y resolución de controversias) los puntajes fueron: 63.6, 46.5 y 50.8, respectivamente. Quepa destacar entonces que Aguascalientes ni siquiera alcanza la media nacional. Durante la presentación de los resultados, también se destacó que de 120 comisionados examinados en todo el país, tan sólo 40 tenían experiencia en la materia antes de ser designados integrantes de los órganos garantes. Y abundan, según dichas evaluaciones, los casos en los que dichos órganos están al evidente servicio del Ejecutivo (estatal).
Aquí van más resultados: sólo 19% de los órganos garantes de las entidades genera criterios de interpretación que pueden ser usados en resoluciones de recursos de revisión. Por una parte, en Nuevo León, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla se encuentran los institutos con los más altos puntajes, que van desde 60.9 hasta 70.2, es decir, ninguno en todo el país alcanza 71 sobre 100. Si bien la mayoría de los estados cuenta con legislación en materia de archivos, pocos son los órganos que la implementan. Por ejemplo, San Luis Potosí no tiene buenas prácticas para dar respuesta a las solicitudes de información: en todos los casos solicitó acreditar la personalidad del solicitante, un pago o puso la información a disposición en sus oficinas. En el país, los tres estados con más baja calificación son Baja California Sur (40.9), Estado de México (39.2) y San Luis Potosí (20.1).
Casualmente, la baja nota que obtiene Aguascalientes en materia de transparencia coincide, según notas de Jesús Reyes en El Economista, con un aumento considerable en su deuda pública y la baja calidad en el ordenamiento u ordenamientos jurídicos de fiscalización y rendición de cuentas, teniendo incluso limitada su autonomía constitucional. Así, Sinaloa, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Quintana Roo y Guanajuato coinciden porque son entidades federativas donde no sólo se ubican algunos de los institutos de transparencia reprobados, sino también por unos aumentos considerables en sus deudas públicas, una pobre calidad en su ordenamiento jurídico fiscalizador y una limitada autonomía de los órganos constitucionales de fiscalización. Luego también habrá que preguntarnos sobre el problema jurídico y político que representa la fiscalización al ente fiscalizador autónomo, que a veces se asume como autarquía en un sistema democrático de balances y contrapesos.
En cuanto a la calificación a la calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización, Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí quedaron entre los más bajos, según el informe “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, elaborado por el IMCO. De la misma fuente se desprende que Aguascalientes y Veracruz son las únicas entidades federativas del país que no conceden autonomía plena al Órgano de fiscalización. En el índice de evaluación realizado por El IMCO, el ordenamiento local ocupa un modesto lugar 13 de 32, y en el de calidad de su portal electrónico, el lugar 30 de 32. Se colige fácilmente de la información expuesta que no hay lugar para la autocomplacencia facilona en el discurso público, pues en materia de transparencia y rendición de cuentas queda mucho camino por recorrer. Saque el lector sus propias conclusiones a partir de la información presentada.
Fuentes: Opacidad converge con deuda en seis estados, José Reyes, El Economista, 12 de enero de 2014; Reprueban órganos de transparencia, José Reyes, El Economista, 4 de enero de 2014; Portal electrónico del IMCO: www.imco.org.
@efpasillas
