He definido corrupción como el conjunto de actos de Abuso del Poder público de los cuales se puede obtener un beneficio privado. En mis colaboraciones anteriores ejemplifiqué los delitos de Soborno, Cohecho, Secuestro y Tortura. En esta tercera entrega abordaré tres delitos propios de los servidores públicos con ejemplos típicos de Abuso del Poder que sanciona nuestra Legislación Penal: 1. Uso de Información Privilegiada; 2. Tráfico de Influencias; 3. Enriquecimiento Ilícito; y 4. Conflicto de Interés. Presentaré algunos casos emblemáticos que han sido denunciados a través de los noticieros de radio y televisión y las páginas de los diarios de Aguascalientes.
Para comenzar he retomado un caso típico publicado por el diario El Universal y su corresponsal en Aguascalientes, el señor Obed Ruíz, miembro del equipo de noticias de Radio BI. Me refiero al bochornoso caso de la directora jurídica de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, la señora María del Socorro Tagle Jiménez, quien debido al cargo que ocupa se colocó en el ojo del huracán y puso en duda su prestigio público.
De acuerdo con el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública de Aguascalientes 2012 elaborado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso Local, la licenciada Socorro Tagle pudo haber incurrido en los delitos de Tráfico de Influencias, Uso de Información Privilegiada, Enriquecimiento Ilícito, y Conflicto de Interés. Su principal tarea consiste en calificar la legalidad de los procesos y fallos de diversas Licitaciones Públicas que, por “azares del destino”, han beneficiado a las empresas donde su hermana, María Luisa Tagle Jiménez, es la accionista mayoritaria y representante legal de sus socios, Carlos Gerardo Salinas y Guillermo Martínez Pulido.
Las empresas señaladas por el diario El Universal son: “Y & T Desarrollos”; “Operadora de Alimentos y Bebidas de Aguascalientes, S.A. de C.V.”, y el “Grupo Industrial y Constructor, S.A. de C.V.” (o Grupo Industrial Inovatipack, S.A. de C.V.), que resultaron ganadoras en las más diversas y millonarias licitaciones públicas vinculadas con servicios y adquisiciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes; aparentemente, algunas de ellas se crearon o trasladaron sus actividades a nuestro estado a finales del año 2010.
No sabemos si la licenciada María del Socorro, continua aún desempeñando su cargo al lado del Oficial Mayor del Gobierno Estatal, el contador público David Peralta Hernández, un hombre de trayectoria pública intachable que intervino ante los auditores del Órgano Superior de Fiscalización para intentar solventar las observaciones hechas por sus auditores. Peralta testificó que su directora jurídica, en cumplimiento de la Ley, se había excusado de intervenir en el análisis y calificación de las licitaciones ganadas por las empresas de su hermana y socios.
Suponiendo sin conceder, que David Peralta sea un buen fiador de María del Socorro, este aval, por sí mismo no erradica la posibilidad de la existencia de Tráfico de Influencia, Uso de Información Privilegiada, Enriquecimiento Ilícito, y Conflicto de Interés, que afecta, para bien o para mal, el desempeño público de la licenciada María Luisa Tagle Jiménez. En todo caso, mientras ella permanezca en su cargo, la presunción señalada por el OSF estará presente en los medios de información, la opinión pública y los empresarios que compiten contra su hermana, que se quejan de hacerlo en condiciones desiguales o desventajosas.
Es cierto que la solución a este tipo de asuntos públicos, tan bochornosos, no es tan simple. Lo ideal sería que la licenciada Tagle se contratara en alguna de las empresas de su hermana o fuera comisionada a otro cargo en el gobierno, lo mismo que debiera acontecer con todos los empleados que generan la presunción de Conflictos de Interés. Pero en la vida real esto no sucede. En la vida real sucede lo contrario. He ahí el viejo dilema de la corrupción eterna. Se presume que en Aguascalientes, como en todos los gobiernos del país, operan cientos de empresas especializadas en el Tráfico de Influencias, que presionan a los gobernantes para ubicar a sus “operadores” en puestos relevantes, o de influencia, como el que ocupa la licenciada Tagle.
Ante los hechos ¿cómo no puede resultar sospechoso observar que en tiempos de crisis económica y desempleo galopante, la empresaria María Luis Tagle Jiménez resulte ser tan exitosa en ramos tan diversos del servicio público como: 1.- Limpieza de Oficinas Públicas; 2.- Comercialización de Despensas; 3.- Venta de Alimentos preparados para los internos de los CERESOS; y 4.- Comercialización de chalecos antibalas?
¿Cómo se puede interpretar el éxito de las empresas de la señora María Luisa Tagle, que se instalaron en Aguascalientes a partir del 1 de septiembre de 2010, justamente al comenzar la nueva administración estatal? Ahora sólo falta comprobar que la licenciada María del Socorro fue contratada como directora jurídica exactamente al iniciar el actual gobierno.
Pero este delicado asunto de las señoras Tagle Jiménez, no parece ser un hecho aislado de supuesto Abuso del Poder, sino todo lo contrario. Una parte muy importante de la ciudadanía tiene la impresión de que en las dependencias de los tres poderes públicos en el estado y los municipios, opera una compleja “Red de Delincuencia Organizada” que estaría enriqueciéndose a costa del erario público al tener con información privilegiada y traficar con influencias.
El diario La Jornada Aguascalientes publicó en días pasados un caso que parece ejemplar. Me refiero a la denuncia pública en que se involucra al director de Auditoría del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso Local, el señor Sergio Escalante Jiménez, quien desde 2010, no sólo mantiene su calidad de socio del despacho contable RSM Bogarín, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., sino que presuntamente ha venido contratando al despacho denominado ACRH, Asesores y Consultores, S.C., para realizar auditorías externas a los entes fiscalizados con cargo al presupuesto del OSF. Lo mismo sucede con el despacho contable Especialización y Servicios Cadena, que presuntamente fue creado por el propio Sergio Escalante, y operado por Germán Ramírez Ortiz, empleado de la OSF, que indebidamente cobran servicios profesionales al órgano fiscalizador.
Por si eso fuera poco, también el propio titular del Órgano Superior de Fiscalización, Arturo Solano López, ha sido acusado públicamente por sus “jefes”, los diputados Gilberto Carlos Ornelas (PRD) y Alfredo Reyes (PAN), de practicar “Prevaricato” al seguir ejerciendo la práctica privada de contador público cuando sabe que, en razón de su cargo, tal actividad se tipifica como uso indebido del servicio. Esta denuncia que no ha sido desacreditada del todo por el contador Solano, sólo abona al sospechosismo en tareas tan delicadas como la fiscalización del gasto público.
A pesar de todo hay buenas noticias. En un hecho ejemplar y sin precedentes en el Estado de Aguascalientes, el Gobierno del Estado ha generado procesos administrativos y judiciales en contra de varios ex servidores públicos que, presuntamente, abusaron del poder en el Gobierno Estatal durante el sexenio que presidió el señor Luis Armando Reynoso Femat (2006-2012). Y esas son excelentes noticias para la ciudadanía de Aguascalientes.
Pero la corrupción prostituye muchos actos del gobierno. Y no reconoce sexenios ni partidos en el poder. Cuando los gobernantes proceden en contra de los corruptos, se ganan enemigos muy poderosos que, tarde o temprano, buscarán los medios para cobrarse las afrentas, argumentando que “quien a hierro mata, a hierro muere”.
Los gobernantes que combaten los actos de corrupción que cometen sus propios subalternos, son muy escasos. En mucho porque en los casos de deshonestidad, algunos resultan ser amigos de toda su vida, o lo más grave, tienen alguna afinidad familiar y política. Pero el ejemplo que a muchos nos consta, es que Carlos Lozano de la Torre ha girado instrucciones muy precisas para que su jefatura de Gabinete aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a los empleados que han cometido actos de corrupción, y denuncie ante la autoridad judicial los hechos que deban ser sancionados por la legislación penal.
Estoy seguro que Lozano de la Torre escuchó a mi abuela cuando me recomendaba que: “el buen juez por su casa empieza”. Tengo la impresión de que el Gobernador Lozano está decidido a pasar a la historia como un político congruente. Pero cabe la interrogante: ¿su gabinete cooperará con él? Cuando el río suena agua lleva, reza la sabiduría popular. Más vale que los servidores públicos estatales pongan sus barbas a remojar, porque aunque muchos no lo deseen, viven “en una casa de cristal, y casa de jabonero donde el que no cae resbala”.
Señor Gobernador, vaya nuestro reconocimiento por su congruencia y valor público. Por el bien de Aguascalientes no se debe usted soslayar ningún acto de corrupción de los servidores públicos. Tenemos fe en Usted.
