Con el actual gobierno del estado, Aguascalientes ha regresado a una forma de hacer gobierno, que no sólo genera impunidad sino que la requiere para poder llevar adelante su acción de gobernar; es una forma de hacer gobierno que vimos en su esplendor, principalmente, en el gobierno del presidente José López Portillo -hace más de 35 años-, y que, con la alternancia política, parecía que había quedado superada.
¿En qué consiste la impunidad? El diccionario de la Real Academia Española define impunidad de una manera muy sencilla: Falta de castigo. Es ahora cuando aparece, junto a la impunidad, otro elemento clave, que es la arbitrariedad, ya que la falta de castigo está ligada a la violación de normas, como lo indica el mismo diccionario: arbitrariedad viene de arbitrario, que es el Acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho.
La impunidad aparece, por lo tanto, asociada a la arbitrariedad, lo que es llevado a la forma de hacer gobierno: el gobernante dice dónde se aplicará la ley, y dónde no; dicta cómo se van a realizar las acciones, independientemente de si es legal o no; y, particularmente, a quiénes sí se les aplicará la ley, y a quiénes no.
Los gobernantes que aplican la arbitrariedad y la impunidad, manifiestan determinadas características, que resultan interesantes en su observación: no lo ven y, consecuentemente, no lo aceptan, y su discurso político así lo manifiesta; ante los señalamientos que algún ciudadano se atreva a dirigirle, la respuesta será ignorarlo y continuar con la misma forma de actuar; y, en todo caso, da a entender el “y qué con eso, ya que no me importa”.
¿Cuáles son los elementos que nos pueden indicar la impunidad en la administración Lópezportillista? Entre algunos, podemos señalar los siguientes: aumentar la explotación petrolera paralelamente al endeudamiento gubernamental; incrementar la corrupción en la administración pública, hasta llegar a la quiebra financiera del gobierno, en agosto de 1982, teniendo que recurrir a la nacionalización de los bancos; propiciar el enriquecimiento ilícito de la familia, justificándolo como “el orgullo de su nepotismo”; controlar a los medios de comunicación, y retirar la publicidad, por ejemplo, a la revista Proceso por ser crítica hacia, entre otros puntos, la impunidad, etcétera. Todo esto constituía una forma tradicional de hacer política y gobierno en México -calificada de “chicharronera” por el mismo López Portillo- que, sin embargo, todavía no ha desaparecido, particularmente, con gobernantes priistas (no faltan ejemplos recientes).
¿Cómo podemos encontrar en la actualidad elementos de impunidad y arbitrariedad en Aguascalientes? Entre los varios puntos, que ya a estas alturas de la administración estatal pueden observarse, señalo los siguientes: la supuesta procuración de justicia hacia la corrupción de la administración anterior, sólo ha sido una herramienta de campaña electoral, manteniendo encarcelados (e incomunicados) a algunos servidores públicos menores, sin terminar sus procesos; el Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado ha señalado irregularidades en dependencias de gobierno en las cuentas públicas del año 2011, que siguen sin resolverse; los señalamientos hechos por el mismo órgano a la directora jurídica de la Oficialía Mayor, han quedado en nada; los taxis ecológicos siguen operando al margen de la ley -con placas de vehículos particulares-; el Canal Seis volvió a ser instrumento de comunicación del gobierno y su partido; la Secretaría de Finanzas sigue sin titular por motivo de la ley de responsabilidad de servidores públicos; las diputadas Sylvia Garfias y Martha Márquez señalan la falta de aplicación de deuda contraída en 2012, que no es reportada para el presupuesto 2014 (LJA, 13 de diciembre), además de detectar dinero para organizaciones sociales no conocidas, etcétera.
Un caso reciente de delicada y clara impunidad es el que sufre el joven Ulises Morín Ortiz y su familia; prácticamente La Jornada Aguascalientes y, esporádicamente, algún otro medio de comunicación, han mantenido el asunto en el espacio de la opinión pública; la información de lo sucedido la podemos encontrar en la hemeroteca del periódico.
En este caso podemos detectar, además de la parte arbitraria de la autoridad, otros elementos que también favorecen la impunidad y la indefensión en la vida de la sociedad, como es la pasividad o inacción de instituciones, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o la débil respuesta de las comisiones del Congreso del Estado, que debiendo y pudiendo incidir de manera inmediata en el suceso, se mantienen distantes (o están temerosas de interferir en la impunidad del gobierno).
Finalmente, ¿por qué, a pesar de que en la sociedad no estamos de acuerdo ni con la arbitrariedad ni con la impunidad, se siguen produciendo y reproduciendo? Tengamos en cuenta que la impunidad, como la delincuencia organizada, se genera, se desarrolla y permanece, sólo con la anuencia de los gobernantes; lo que significa que la impunidad se inicia, por lo general, en las mismas autoridades cuando, o son ellas las interesadas en una determinada acción arbitraria, o son las responsables de que los ciudadanos no cometamos arbitrariedades, y no corrigen ni una ni la otra.
En el combate a la arbitrariedad y su impunidad, juega un papel fundamental la sociedad; señalemos a los dirigentes de las organizaciones empresariales, de los medios de comunicación, de los sindicatos, de las iglesias -particularmente el obispo de la diócesis-, de las organizaciones e instituciones de la sociedad de cualquier actividad, como responsables de velar para que los gobernantes hagan bien lo que tienen que hacer, y dentro de los marcos establecidos por la ley. Los beneficios que pudieran recibir del gobierno, incluidas las relaciones públicas, no deben ser motivo para permanecer en silencio, solapando la arbitrariedad y la impunidad. La seguridad jurídica de los ciudadanos -además de la pública-, tiene, o debe tener, en la misma sociedad la mejor defensa, con la libertad de expresión y de crítica; hagámosla valer.
