La corrupción se define como los actos de abuso del poder público de los que se puede obtener un beneficio privado. Algunos de los delitos más comunes, producto del abuso del poder público, que han sido tipificados en la Legislación Penal son: el Cohecho, Soborno, Tráfico de Influencias, Enriquecimiento Ilícito, Conflicto de Interés; Uso de Información Privilegiada; Contrabando y Lavado de Dinero.
Si ponemos un poco de atención, por ejemplo, a los informes que con motivo de la revisión regular y anual de las cuentas públicas, emiten los órganos internos de control de las dependencias y sus auditores externos; o bien los órganos de fiscalización superior del Congreso Local y del Congreso de la Unión, tenemos muchos ejemplos para escribir y opinar con respecto a la posible existencia de un complejo grupo de “delincuencia organizada” que opera alrededor y dentro de los gobiernos, federal, estatal y municipales.
Por ahora, voy a abordar un caso típico de Cohecho y Soborno, que, con mucho interés, leí en el diario El Heraldo de Aguascalientes, se trata del bochornoso pleito callejero, por cierto muy común en nuestra ciudad, protagonizado por el conductor de un automóvil que circulaba con cristales polarizados, y un agente de tránsito, que desde la óptica del conductor “se quiso pasar de vivo”; en otras palabras, el conductor argumenta que fue víctima de un atropello de la autoridad que pretendía imponerle una infracción sólo por traer vidrios polarizados en su auto. Y como yo conduzco un automóvil que también tiene los vidrios polarizados, no me queda más remedio que poner mis barbas a remojar. A sabiendas de que yo mismo podría ser la víctima siguiente, busqué algunos datos que posiblemente ilustren a los neófitos en este tema, y tal vez, contribuyan en algo para que la Autoridad, abandone las políticas públicas que sólo fomentan actos de corrupción y en cambio, encuentren estrategias inteligentes y modernas, que resuelvan añejos problemas viales, y eviten al máximo la corrupción en esta materia.
Se desprende de la nota periodística, que el dichoso pleito llegó a los golpes por alguno de estos motivos: Primero.- o el conductor no logró sobornar al agente de tránsito o; Segundo.- el conductor es un loco de atar que reaccionó al intenso dolor que le produjo la terrible “mordida” que el agente de tránsito le exigió a cambio de gran “favor circular ese día” y no llevárselo al corralón.
Desde mi punto de vista, la revisión que realizan las corporaciones de policía estatal y tránsito municipal, a todos los ciudadanos que conducen autos con vidrios polarizados, va mucho más allá del pretexto de la “seguridad pública”, pues provoca múltiples actos de corrupción y abuso de autoridad. Cuando no tiene éxito el acto de “corrupción” derivado del cinismo de alguna de las dos partes en conflicto, la violencia resurge. Sin embargo, los abusos de los agentes de policía estatal y tránsito municipal, protegidos bajo el “incólume” manto del “acto de autoridad”, será superior a los argumentos del agraviado conductor que a la postre recibirá la multa de tránsito, perderá el polarizado del auto, y tendrá que pagar daños y perjuicios por los golpes que le haya propinado a los “honestos agentes de policía estatal y tránsito municipal”, que por supuesto, lo golpearon porque se “resistió” a seguirlos, ya que ellos “sólo cumplían con su deber”.
Este análisis, no pretende asignar culpas, en todo caso, esa es obligación del ministerio público. Tampoco busco eximir a nadie de su responsabilidad, en un hecho de corrupción que está siempre latente en el ejercicio del bando de policía y aplicación de la ley de vialidad, pero debo dejar sentado que sospecho que las autoridades de policía estatal y tránsito municipal, inventan todos los días, pretextos que sólo alimentan a un sistema policiaco corrompido hasta la médula.
Veamos la primera parte.
La columna Escalpelo del pasado 25 de noviembre publicada por el diario El Heraldo de Aguascalientes, preguntó a sus lectores algo así: ¿a qué se deberá que, en la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, el 90% de los asuntos que atiende está relacionados con la aplicación de la Ley de Vialidad? Y agrega que tan sólo el 43.7% son demandas de ciudadanos que solicitan la Nulidad de las Infracciones de tránsito “tradicionales” (autos estacionados en lugar prohibido; pasarse una luz roja, vueltas prohibidas en “U”); un 35.7% son reclamaciones relacionadas con la operación del Foto Radar, mejor conocidas como “fotomultas”; el 8.31% tienen que ver con la aplicación del Alcoholímetro; y tan sólo un 12.3% corresponden a los Juicios de Nulidad que los ciudadanos interponen por otras actos de la autoridad relacionadas con el Desarrollo Urbano, como el Predial, Usos de Suelo, Agua, y otros como la Tenencia, y administrativos como la destitución del cargo a servidores públicos.
Y por supuesto que como ninguna autoridad le respondió debidamente a los escritores de ESCALPELO, pues me di a la tarea de revisar algunos antecedentes que posiblemente puedan ayudar a construir una respuesta racional, si es que cabe la razón ante la represión.
Acudí al sitio web de Transparencia Mexicana (T.M), para revisar el contenido de los reportes del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG), que desde el año 2000 emite esa Organización No Gubernamental, y cuyo último informe apareció en 2010. De esos documentos me voy a permitir exponer los tres indicadores nacionales que registran la mayor corrupción en los servicios públicos. Y que son los siguientes:
A) Evitar una Infracción de Tránsito;
B) Estacionarse en vía pública controlada por particulares;
C) Evitar que se lleven o sacar un auto del corralón.
De acuerdo con los cinco reportes emitidos por TM (2000, 2002, 2005, 2007 y 2010), la mayor recurrencia de actos de corrupción (Cohecho y Soborno), ocurre en la aplicación de Ley de Vialidad y Reglamentos de Tránsito. A lo largo de 10 años de medición, el Índice ha crecido exponencialmente y cada día daña más a la economía de los ciudadanos.
TM, reporta que en año 2010, se elevaron los actos de Corrupción a 200 millones, lo que representó 32 mil millones de pesos en “mordidas” cobradas por los agentes de policía y tránsito en todo el país.
Para finalizar esta primera entrega, debo señalar que son las personas con mayor escolaridad (preparatorianos y universitarios) y menores de 50 años, quienes propician la mayor cantidad de Sobornos ante la autoridad, o bien, lo que acceden mayormente al Cohecho. Así las cosas, es esa parte de la sociedad, “más educada”, la que es más proclive a cometer “actos de corrupción”.
En cambio, los hombres y mujeres mayores de 50 años, con menor nivel educativo, son mucho menos proclives a pagar una “mordida”. Esta franja de la sociedad, parece tener mayor conciencia y responsabilidad para combatir la corrupción en actos de gobierno.
