Estamos llegando al final de este año 2013 y nos preparamos para el inicio del 2014, año que los mexicanos esperamos sea mejor que éste que está terminando; así mismo una de las esperanzas más sentidas es que el país se pacifique y que aquellos que lastiman a la sociedad sean castigados de manera que nuestro marco legal sea una realidad y no que encontremos detenidos o procesados que después de meses, o años, de ser detenidos y padecer lo indecible en la cárceles, y en algunos casos en diferentes cárceles a los que son llevados, son en encontrados inocentes por las autoridades competentes; y en otros casos por no haber sido respetado el debido proceso. En todos los casos sólo son liberados pero hasta el momento no han sido castigados aquellos que les desgraciaron la vida y su futuro pues, se quiera o no, difícilmente encontrarán trabajo u oportunidades por ser ex convictos. Esto nos hace reflexionar que no es el terror lo que hace que se respete la ley, pues estas acciones son también delictivas; no es posible que se ataque a la delincuencia violando también la ley.
Un modo de corrupción es no actuar como lo ordenan las leyes, o bien ser omisos en cuanto al cumplimiento de la ética y el deber, cuando estos actos afecten a terceros, y sobre todo cuando la sociedad se da cuenta que desde los máximos niveles de gobierno se comienza a dar luz a una serie de hechos que dan cuenta que la impunidad y corrupción no es privativa de aquellos que tienen menos recursos económicos o bien que por su edad se les “hace fácil” cometer delitos. Todo esto viene a colación por la decisión de las autoridades judiciales que resolvieron que Raúl Salinas de Gortari es inocente de todo lo que se le acusó; que a Rafael Caro Quintero no se le siguió el debido proceso y se le liberó y ahora se le busca por presiones de las autoridades norteamericanas, y se hace público en un semanario de prestigio que ex agentes de la CIA fueron los que asesinaron al agente norteamericano Enrique Camarena, del que acusaron a Caro Quintero; la liberación de la francesa Florence Cassez, que junto con una banda de secuestradores asesinaron y mutilaron a varias de sus víctimas, que fue liberada a pesar de que años atrás había sido encontrada culpable.
Las decisiones de jueces federales han tenido que enderezar denuncias contra personajes como Elba Esther Gordillo, o bien el ex gobernador Granier, en virtud de que la integración de las averiguaciones estaban fuera de derecho y viciadas de origen.
Así mismo ahora nos encontramos con escándalos encubiertos que hacen dudar a la sociedad mexicana sobre si la estructura gubernamental no está vulnerada por la delincuencia. En Michoacán tuvieron que entrar el ejército mexicano, la armada de México y la policía federal a hacerse cargo de la seguridad y administración del puerto de Lázaro Cárdenas y de 4 municipios aledaños, en virtud de que las autoridades locales, tanto municipales como estatales, habían sido rebasados con la política de “o plata o plomo”. Las autoridades en Tamaulipas han pedido el auxilio de las autoridades federales en virtud de no poder garantizar seguridad y tranquilidad a su población. Y el descubrimiento de que ex soldados norteamericanos y pandilleros del mismo país están siendo contratados para delinquir en nuestro país de acuerdo a investigaciones hechas en el estado de Nuevo León; ya han sido detenidos algunos elementos que dieron la pauta para descubrir estas bandas .
Ahora tenemos dos escándalos en el Distrito Federal, uno de ellos por Gas Natural Fenosa que acusó a través de 19 denuncias que en las delegaciones les son exigidos sobornos de dinero, joyas y automóviles para darles permisos para obras que permitan la distribución de gas. Ahora son amenazados con no dar los permisos por haber hecho público lo anterior, siendo la afectada una empresa extranjera. Ya sabrá usted la imagen que estamos dando en otros países.
El otro asunto es el que trata de ventilar en la asamblea del Distrito Federal con respecto al fideicomiso que maneja las becas, el cual es de 250 millones de pesos. Hoy salen con que se desaparecieron los documentos que justificaban su administración. Del conocimiento de esto ya pasaron muchos meses y curiosamente no avanzan las investigaciones. ¿Por qué será?
Y el colmo: Una denuncia a medios de comunicación referente a que los Diputados que gestionan recursos para sus estados y municipios cobraron -o cobran- un “diezmo” a cambio de conseguir los recursos que las administraciones municipales necesitan, en virtud de sus apuros financieros, o bien les obligan a que a determinadas constructoras se les den los contratos de obra pública y con un precio elevado y si no les “congelan los apoyos”. Si esto no es aclarado y los afectados presentan las denuncias ante las autoridades competentes, una vez más se habrá enseñoreado la impunidad; o en caso contrario si las acusaciones son falsas, también se minará la confianza del ciudadano en la justicia. Todo lo anterior en un país ¿de legalidad?
