Dentro de la avalancha de reformas que el gobierno de Peña Nieto se prometió impulsar en estos 120 días, se logró colar una que nadie esperaba, nadie quería y menos necesitaba: oootra reforma político electoral. Presentada en dos versiones por el PAN y PRD proponen la reelección de diputados y alcaldes, la segunda vuelta electoral, el establecimiento de un régimen semiparlamentario con una especie de “primer ministro” entre otros cambios menores, empero su mayor argumento a favor es que si no pasa primero, han dicho los partidos, el resto de reformas no serán aprobadas, por tanto quiera que no, el PRI está ya procesando el asunto y negociando qué temas se aprobarán y cuáles mejor se dejan para después, digamos para las calendas griegas. Con esta nueva reforma el listado se habrá ampliado, anotándose sus cambios en el empedrado de las buenas intenciones que han pretendido perfeccionar nuestro sistema democrático; aunque como se ha visto últimamente, con cada reforma al tiempo que se corrigen deficiencias, se crean o consolidan algunos de sus peores vicios. Y todo empezó con la reforma primigenia de 1977…
En ese año, bajo la advocación del secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, se promulgó la Ley de Organizaciones, Partidos Políticos y Procesos Electorales, la L.O.P.P.P.E. donde por primera vez el viejo régimen hace concesiones a la ciudadanía en pro de algo más parecido a una democracia. La L.O.P.P.P.E. reconoce explícitamente el derecho que tienen los mexicanos a tener creencias disímiles a la “Revolución Mexicana” y a organizarse en torno a ellas, pues siendo la Revolución la religión oficial del régimen, toda disidencia era tratada como herejía por nuestra inquisición política; de esta manera izquierda y derecha salen de las sombras y buscan su registro como partido político, lo mismo el viejo PCM que el sinarquista PDM para poder participar en los procesos electorales y en un chico rato, hasta ganar. Reconociendo que esto último estaba un poco difícil pues el PRI seguía organizando las elecciones y contando los votos, la reforma preveía premios de consolación del tipo “gracias por participar” y conforma los “legisladores de partido” que sin haber ganado se obtienen a partir del porcentaje de votación alcanzado. Así, en 1979, comunistas y sinarquistas se hallan diputados y las chamarras empiezan a ser de cuero.
De las pocas voces disidentes, estuvo Incitatus, columnista de la sección deportiva de Excélsior, quien modifica el acrónimo para crear la L.O.P.P.E.Z. o sea: la Ley para Obtener Puestos Políticos Evitando Zafarranchos, enfatizando la aparición de una nueva casta de privilegiados que a partir de juego opositor logran acceder a los beneficios del sistema político mexicano.
A partir de este arranque, cada nueva reforma fue modificando las reglas del juego electoral, tendiendo a que los votos se contaran y contaran, como se supone sucede en las democracias; así se logra un padrón transparente y auditable, la ciudadanización de la organización electoral, los cambios en el financiamiento electoral, etc., lográndose de esta manera si no una utópica “equidad” sí una mayor competitividad en los procesos. Lo que no se modificó y sí se fue ampliando y consolidando, fue el esquema de privilegios a las dirigencias políticas, quienes a las plurinominales fueron sumando mayores prerrogativas, logrando un peculiar proceso de “empoderamiento”. Si en teoría el empoderamiento ciudadano era el objetivo último del proceso de democratización, en la versión minimalista mexicana el ciudadano sólo conserva el derecho al voto, de expresión y manifestación, y esto sólo si el gobernador no amaneció muy crudo, recayendo en los partidos políticos, más bien en sus dirigencias, el grueso de precondiciones para el ejercicio de los derechos políticos.
A tal punto ha llegado el empoderamiento de las dirigencias políticas que se ha venido conformando una nueva arena política en la disputa por ocupar los puestos directivos de los partidos y, consecuentemente tener acceso privilegiado al conjunto de prebendas. Lo paradójico es que, mientras en los procesos constitucionales se han venido complicando las reglas, definiendo tiempos, procedimientos, condiciones, etc., en un esquema tendiente al barroco; en las querellas internas de los partidos la única regla es que no hay reglas, de esta manera lo muy privilegiados actores de la democracia no tienen que ajustarse a la misma en sus enjuagues internos, aunque autodefinidos como “instituciones de interés público”, éste se detiene en la puerta para entregar prerrogativas. No es de extrañar entonces, que en la nómina de desprestigio nacional los partidos ocupen lugar relevante, apenas superados por la policía, y que una tendencia de los nuevos movimientos ciudadanos sea el rechazo a todos los partidos.
Lo peor es que, siendo los partidos quienes a través de sus legisladores ponen y reforman las reglas del juego democrático, las posibilidades de una automutilación justiciera son remotas, podrán reinventar el hilo negro y como parece se viene, crear el Instituto Nacional Electoral en sustitución de 32 estatales, pero tocar las cifras de financiamiento público está fuera de agenda, importándoles nada que en la discusión del presupuesto el clamor sea unánime y cada vez más sonoro, en contra de los miles de millones que se auto asignan. Como sea, tendremos una nueva reforma electoral y ya habrá oportunidad de comentar sus contenidos, lo que no deja de ser esquizofrénico es que, mientras nuestros legisladores pretenden perfeccionar nuestro sistema democrático, al mismo tiempo su desprestigio se incrementa entre la ciudadanía, y no lo ven.
