El Constituyente de 1917, estableció en el artículo 27 de la Carta Magna el dominio de la Nación sobre todos los minerales, entre ellos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos o gaseosos, además facultaba al Ejecutivo Federal para permitir que los particulares extrajeran, para su aprovechamiento, el petróleo y demás hidrocarburos bajo la figura de concesión.
En diciembre de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas impulsó la primera Reforma Energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimía las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno, ya que la concesión confería a particulares el derecho para explotar y aprovechar bienes del dominio nacional y consideraba como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas en una Ley secundaria. La iniciativa fue aprobada en noviembre de 1940.
En 1958 se expidió -bajo el mandato del Presidente Adolfo Ruiz Cortínez-, una nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Pemex; dos años después, en 1960, el Primer Mandatario Adolfo López Mateos, decretó una reforma constitucional que incorporó dicha prohibición de contratos al artículo 27 de la Carta Magna; lo que en la práctica resultó en un despliegue de millonarios recursos canalizados al gobierno mexicano que conllevó casi desde su génesis el ejercicio de las prácticas clientelares entre el sindicato petrolero, Pemex y el Gobierno de la República; cuya corrupción de funcionarios de alto nivel diezmó a la paraestatal a lo largo de los siguientes sexenios, de tal forma, que en la actualidad el régimen petrolero mexicano -legislación, regulación, reglas explícitas e implícitas e instituciones-, se agotó.
Por lo anterior, es necesario modernizar y fortalecer a un Pemex capaz de competir, crear nuevas instituciones y hacerlas operar, refundar otras más y garantizar su credibilidad. Se trata de establecer nuevas formas de intervención estatal, así como desarrollar una industria competitiva de productos derivados del petróleo.
Sin embargo, la Reforma Constitucional en materia energética de Peña Nieto propone eliminar del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960 que impide la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. De igual manera, se busca suprimir del artículo 28 Constitucional a la petroquímica básica como área estratégica que no constituye monopolio; con esto se permitirá que los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de petróleo crudo, gas natural y sus líquidos, como de petroquímicos y refinados, a través de permisos que otorgue el Ejecutivo Federal en los términos que eventualmente establezca la legislación secundaria.
Sin asomo de dudas, y al igual que en los 12 años que gobernó al país el PAN y que afanosamente buscó consensos e inició los caminos de la Reforma Energética presentada, es a todas luces, una Reforma estructural privatizadora y regresiva que va en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos, se corre el gran riesgo de privatizar todo el sector y generar con ello más pobreza, exclusión y miseria. Es innegable que el regreso del PRI a los Pinos, vino acompañado de la meta impostergable de cumplir cabalmente las políticas y dictados del FMI, el Banco Mundial y la Reserva Federal: Reformas Estructurales en todos los rubros que exige el fenómeno globalizador producto de la doctrina económica neoliberal.
Es necesario un acuerdo con todos los sectores de la sociedad para impedir que la Reforma Energética sea aprobada, entre en vigor y desate con ello una implosión social de consecuencias muy negativas para la patria y para el pueblo, tan castigado y diezmado, que tiene México.
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